La llegada de restricciones a la circulación en las grandes ciudades es algo que tarde o temprano sabíamos que iba a terminar llegando. La masificación de las grandes urbes es cada vez mayor, y los niveles de emisiones de los vehículos antiguos -y no tan antiguos- han llevado a las autoridades a tomar medidas cada vez más duras. 

Hace unos días conocíamos el anuncio de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, comunicando la prohibición de circulación a los turismos de más de 20 años en días laborables a partir de 2019, anuncio al que ahora se une el del ayuntamiento de la capital, que ha presentado esta misma mañana el plan A de movilidad. 

En él se incluyen diferentes medidas, entre las que podemos encontrar el descenso en la velocidad máxima de vías como la M-30 o la restricción de circulación y estacionamiento a determinados tipos de vehículos en los próximos años. Como siempre, los vehículos con los distintivos ECO y CERO se libran de estas restricciones. 

Pero, ¿puede provocar estos anuncios una serie de reacciones en cascada dentro de la industria y el mercado automovilístico? Es evidente que este tipo de decisiones administrativas son hasta cierto punto comprensibles, pero también es evidente que muchos ciudadanos se ven obligados a llevar a cabo un importante desembolso para actualizar su vehículo. 

Es imperante el lanzamiento de nuevos planes de apoyo económico similares a los Planes PIVE y MOVEA, que alivien el desembolso de los usuarios, y que prevengan un peligroso efecto rebote en el ya de por sí muchas veces inflado mercado de segunda mano.

Con este tipo de anuncios se podría producir un efecto llamada en el mercado de segunda mano, que vería como determinados tipos de vehículos perderían buena parte de su valor por el simple hecho de no poder acceder a determinadas ciudades, mientras que los usuarios de los vehículos híbridos observarían como sus coches aumentarían de valor de forma sustancial.