Esta semana las redes han ardido tras apuntar numerosos usuarios que el Gobierno ha creado un nuevo impuesto a los puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Se trata de una afirmación que ha traído mucha polémica, ya que al ser un ejecutivo, el de Pedro Sánchez, de 'tinte ecologista' no deja de sorprender que promueva este tipo de acciones que no favorecen, precisamente, a potenciar la descarbonización del parque ni la transición hacia vehículo eléctrico.

Sin embargo, este anuncio de una nueva cuota a los puntos de recarga tiene matizaciones que no afectan a todos por igual e intentaremos explicar aquí. Buscamos aclarar y responder a la pregunta de si el Gobierno ha creado un nuevo impuesto a los puntos de recarga del coche eléctrico y sobre todo si afectará al usuario final, es decir, al propietario de un eléctrico que tiene un poste de recarga en su plaza o garaje. Lo analizamos a continuación.

Y lo primero que haremos será estudiar de dónde viene la afirmación de que se ha creado un nuevo impuesto. Y para ello recurriremos al BOE del 31 de diciembre de 2020 que publicaba los Presupuestos del Estado para el año 2021, unos presupuestos aprobados por el Congreso y refrendados por Senado.

En este documento dado a conocer el primer día del año, en el artículo 67, se señalaba que "se modifica el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre" con las tarifas del " Impuesto sobre Actividades Económicas".

En concreto en su articulado señalaba que se añadía un nuevo epígrafe en las tarifas en relación con los puntos de recarga de vehículos eléctricos para cobrar una "cuota mínima municipal de 13,56 euros por cada punto de recarga".

Asimismo, el texto señalaba que esta "cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el que el punto de recarga esté instalado".

Por último, también el texto afirmaba que se creaba "una cuota nacional de 13,56 euros por cada punto de recarga. Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de los puntos de recarga."

Qué significa este nuevo impuesto

Según señalan desde la consultora KMPG se trata de un nuevo epígrafe "para la nueva actividad de suministro de energía a vehículos eléctricos a través de puntos de recarga instalados en cualquier lugar, ya sea en la vía pública, gasolinera, garajes públicos y privados o cualquier otro emplazamiento".

"Se trata de una cuota mínima municipal que abonará exclusivamente el titular del establecimiento o local donde esté instalado el punto de recarga y una cuota nacional que abonará exclusivamente el propietario de los puntos de recarga", apunta esta consultora.

Solo para actividades económicas

Por tanto, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No es un impuesto para el ciudadano de a pie que ponga un poste de recarga de coche eléctrico. No se trata por tanto de una cuota para los puntos de recarga particulares. Es una modificación, mediante un nuevo epígrafe, del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Es decir, es una nueva tarifa, por tanto, que afecta a aquellas "personas físicas, jurídicas y entidades que realizan en el territorio nacional actividades empresariales y profesionales". Por lo tanto, estaríamos hablando de una cuota que no está destinada a los particulares sino a aquellas empresas o empresarios que incorporen un puesto de carga en sus instalaciones.

Ahora bien… ¿afecta a todos? Pues bien, la respuesta es no. Entre otras cosas porque también hay un real decreto previo (2/2004, de 5 de marzo) por el que se señalan las exenciones (artículo 82) al impuesto sobre actividades económicas.

Y estas exenciones hablan de que quedarán exentos del impuesto sobre actividades económicas aquellas "entidades que tengan un volumen de negocio inferior a un millón de euros".

Por lo tanto, estaríamos hablando de que se trata de un nuevo impuesto que solo se aplicará a empresarios y entidades que facturen por encima de la mencionada actividad. Además, deberían tener dentro de sus apartados de actividad económica la gestión de carga o disponer de un cargador de un operador o fabricante bajo su propiedad. Un nuevo impuesto, eso sí, que beneficiará principalmente a las grandes ciudades, donde hay más infraestructura de recarga.

¿Era necesario ahora?

Si bien queda claro que no afecta a los puntos de recarga particulares, muchos usuarios se han preguntado si éste era el momento para aprobar este nuevo impuesto. Entre otras razones porque España va muy retrasada en la instalación de postes de recarga.

Precisamente esta semana Anfac, la patronal de los fabricantes, ha presentado una serie de medidas para multiplicar por cinco los puntos de recarga actuales de aquí a 2022. Según este organismo, a pesar de que el desarrollo de los automóviles impulsados por nuevas tecnologías ha experimentado "notables avances" en España en los últimos diez años, el país está todavía "lejos" del resto de países europeos.

En concreto, según Anfac actualmente existen 8.500 puntos de recarga en España y ha señalado que para 2022, nuestro país debería tener 48.000 puntos de recarga de acceso público en España.

Esto supondría multiplicar los 8.500 actuales. Además, para finales de 2025, la asociación anticipa la necesidad de que existan hasta 120.000 puntos, mientras que para 2030 harán falta hasta 360.000 unidades. Esta sería la cifra para cumplir con los objetivos de cinco millones de vehículos electrificados en España para 2030, de los cuales tres millones serán turismos eléctricos.

Asimismo, Anfac ve la necesidad de reconocer de interés estratégico nacional los proyectos de despliegue de infraestructuras de recarga de alta potencia y pide actuaciones para incrementar el número de puntos en las carreteras interurbanas a corto plazo.

"Las empresas del sector están haciendo enormes esfuerzos en inversión, innovación y promoción para mejorar la descarbonización del parque y cumplir con los objetivos del país. Pero es necesaria una actuación más contundente y comprensiva por parte de las administraciones para incentivar la compra de estos vehículos eléctricos y acompañar al enorme esfuerzo que están haciendo las compañías", ha reivindicado el director general de Anfac, José López-Tafall.

En relación con a las propuestas para la eliminación de barreras en materia de regulación, los fabricantes solicitan más acciones complementarias a la declaración de utilidad pública de los puntos de recarga.

Estas medidas serían el incentivo del despliegue de dichos puntos en autopistas y autovías, más transparencia de la capacidad de consumo de la red de distribución y un marco regulatorio local "claro y simplificado", ya que la Administración local "juega un papel fundamental para impulsar un desarrollo más veloz".

Además, Anfac ve necesario establecer planes de ayuda con suficiente dotación para la implantación de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, así como beneficios fiscales de carácter temporal en el impuesto especial sobre la electricidad.