La oficina del representante comercial de Estados Unidos ha advertido este martes de que algunas de las medidas arancelarias decretadas por el presidente Joe Biden sobre la importación de vehículos eléctricos y baterías para su motorización o chips para ordenadores procedentes de China retrasarán su aplicación, al menos, dos semanas.

En mayo, el departamento que dirige Katherine Tai, aseguró que las medidas comerciales punitivas entrarían en vigor este próximo jueves 1 de agosto. Sin embargo, ahora la misma oficina admite que están revisando el más del millar de apelaciones recibidas y espera emitir una postura oficial a finales del próximo mes.

Hace un par de meses el presidente Biden optó por mantener los aranceles establecidos por su predecesor, el republicano Donald Trump, al tiempo que aumentaba otras trabas comerciales, como cuadruplicar los derechos de importación a los vehículos eléctricos chinos a más del 100% y duplicar los aranceles a los semiconductores al 50%.

Estos aranceles afectan a unos intercambios comerciales próximos a los 18.000 millones de dólares (16.659 millones de euros) en productos chinos importados, entre ellos acero y aluminio, semiconductores, vehículos eléctricos, minerales críticos, placas fotovoltaicas y grúas, tal y como admitió en su momento la Casa Blanca.

Del montante total, una mayor parte procede de las importaciones de baterías. De hecho, 13.200 millones de dólares (12.217 millones de euros) de las importaciones previstas por Estados Unidos de China en 2023 son baterías de iones de litio, según datos de la Oficina del Censo.

En este caso, los aranceles sobre las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos, así como sobre sus piezas, aumentarán del 7,5% al 25% este año, mientras que las baterías de iones de litio no utilizadas para vehículos eléctricos darán el mismo salto en 2026.

En el último año, Estados Unidos importó bienes por valor de 427.000 millones de dólares (395.232 millones de euros) de China mientras que exportó 148.000 millones de dólares (136.989 millones de euros) a la segunda economía del mundo.

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