Cepsa ha demandado nuevas medidas para agilizar la adopción del vehículo eléctrico en España, ya que nuestro país está muy por debajo de la media.

En concreto, estas peticiones recogidas por Cepsa se han realizado en un foro específico en el que han participado representantes de los distintos grupos políticos y de la sociedad civil con el fin de alcanzar consensos para impulsar la movilidad eléctrica.

Un encuentro en el que ha quedado patente que una red pública de puntos de carga es fundamental para fomentar la movilidad eléctrica, sobre todo en aquellos usuarios que no tienen acceso a una plaza de garaje privada y que supone el 65% de la población.

De esta manera, desde Cepsa señalan que la infraestructura de recarga eléctrica tendría que ser similar a la actual en estaciones de servicio para combustibles tradicionales, permitiendo así una cobertura necesaria en las zonas de mayor tráfico y en áreas rurales.

En este sentido, además, en este encuentro con Cepsa quedó patente que se necesita agilizar la tramitación y homogeneizar los procesos de autorización entre comunidades y los distintos niveles de la Administración de los puntos de recarga y de concesión de las ayudas a la compra.

Actualmente los trámites administrativos para la instalación de puntos de recarga son muy complejos y se dilatan en el tiempo, algo que podría mejorarse con la creación de una ventanilla única es esencial para unificar y agilizar los procesos.

Esta medida permitiría una mayor eficiencia y transparencia en los trámites, facilitando la inversión en infraestructura de recarga y eliminando las barreras burocráticas que actualmente ralentizan el despliegue de puntos de recarga hasta dos años, cuando el tiempo de construcción es de dos semanas.

Asimismo, se trasladó la necesidad de simplificar los trámites administrativos para acelerar la tramitación del refuerzo de capacidad de la red eléctrica en aquellos puntos donde se proyecta una mayor demanda.

Y también se destacó la necesidad de incluir la infraestructura de recarga en los planes generales de ordenación urbana y considerarlos bienes de interés general o utilidad pública. También se planteó la creación de un centro de asistencia digital único, accesible para todas las empresas promotoras de puntos de recarga que dé visibilidad sobre los procesos administrativos.

Por otra parte, también en este encuentro se propusieron fórmulas para reducir el precio de los vehículos eléctricos. En primer lugar, reformar el sistema de ayudas volviendo a sistemas como el Plan Renove, pudiendo aplicar el descuento directamente en los concesionarios.

Esta fórmula ayudaría a aumentar el beneficio y percepción social de las ayudas. Por otro lado, se propuso diseñar otros incentivos, como ayudas directas en forma de desgravaciones fiscales o incentivar a las empresas para que impulsen la movilidad sostenible en sus flotas y la de sus trabajadores. También se propusieron soluciones como el leasing social (siguiendo el ejemplo de Francia) o el carsharing de iniciativa pública.

Actualmente España se encuentra lejos de la media europea, en despliegue de infraestructura y parque de vehículos electrificados, por lo que su impulso es una prioridad ambiental, económica y social.

La adopción de la movilidad eléctrica en España es aún muy limitada. En 2023 solo el 12% de los vehículos vendidos estaban electrificados, lejos del 21% de la media europea, alcanzando únicamente el 1,2% del parque total de turismos.

En España se han implantado más de 30.000 puntos de recarga, de los cuales solo en torno a 2.000 son rápidos o ultrarrápidos, lo que constituye una barrera significativa para los trayectos de larga distancia y para los usuarios que no disponen de carga doméstica.