La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, plataforma formada por una amplia red de organizaciones feministas, ha enviado a los grupos parlamentarios en el Congreso una batería de propuestas para enmendar el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que señalan las "carencias, ambigüedades, conceptos acientíficos y contradicciones" que, a su juicio, incluye este texto.
El objetivo de esta iniciativa, explica la plataforma en un comunicado, es que los partidos introduzcan en el articulado, durante la tramitación parlamentaria de la ley, las violencias específicas que sufren las niñas, que se garantice el derecho a la coeducación en igualdad y se eliminen ideas que, a su juicio, "no cuentan con ningún acuerdo jurídico ni aceptación social".
Así, la plataforma recomienda la eliminación del concepto "identidad de género" que aparece en varios artículos (Artículos 5.4 y 9.3) de esta norma que está impulsada por el equipo de Irene Montero. Para las ONG de esta alianza, "el género es el conjunto de estereotipos y funciones que se asignan a la mujer por nacer mujer y al hombre por nacer hombre, y que se aprenden e interiorizan mediante la diferente socialización de los sexos". "El género es la piedra angular sobre la que descansa la subordinación sexual de las mujeres", explican.
De este modo, creen que si se introducen en el ordenamiento jurídico términos como el de "identidad de género", se "refuerzan y se blindan" los estereotipos sexistas que se deben erradicar. En su opinión, el género no es, como se dice en el proyecto de ley, una identidad, sino una imposición de roles diferentes para niñas y niños y consideran que la legislación no puede incorporar ideas que chocan contra los principios de la igualdad y la coeducación.
Coeducación y educación inclusiva
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres también ha mostrado su preocupación por la sustitución en los textos legales de la "coeducación" por la "educación inclusiva", cuando, según explican, "la coeducación hace referencia a desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas como de niños, y supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las características que deben tener". Por su parte, el bajo el término de educación inclusiva, "se están impartiendo contenidos que fomentan y refuerzan los estereotipos sexistas que el sistema coeducativo pretende combatir".
Además, creen que "la mayoría de los contenidos que se imparten en estos momentos bajo el paraguas de la 'diversidad' y la 'inclusión', no atienden a la inserción adecuada de la diversidad de las opciones sexuales, la diversidad étnica o de capacidades", entre otros aspectos, sino que "se están limitando a la promoción de teorías acientíficas con consecuencias no deseadas".
A su juicio, es "temerario" y "pone en riesgo la integridad de los menores" que lleguen a las aulas teorías que consideren que "cualquier incomodidad con los mandatos de género correlaciona con disforias" y por ello, proponen a los grupos parlamentarios una enmienda a la ley para que la coeducación no sea suplantada.
Feminismo acusado de transfobia
Tampoco le gusta a las ONG que el texto legal haga referencia al término "estereotipos de carácter transfóbico" ya que, según indican, no tiene aceptación jurídica alguna y porque "se pretende utilizar" en esta ley para "introducir y consolidar terminología jurídica que dé soporte a la censura y represión del feminismo político que reconoce que el sexo es una realidad biológica incontestable". "Desde la Alianza se ha recordado cómo el feminismo está siendo linchado, acosado y acusado de transfobia, por reconocer la realidad biológica del sexo", apuntan.
Otras propuestas que plantean las enmiendas de la plataforma son: un apartado que haga referencia a la pornografía para enseñar a los niños y niñas su impacto perjudicial sobre la sexualidad y las relaciones interpersonales en menores y adolescentes; que se nombre a la violencia sexual intrafamiliar; o no ignorar los derechos de niñas cuando se afirma que "la expresión de género" no podrá ser motivo de discriminación en la práctica deportiva.
Además, alerta de algunas modificaciones del Código Civil que propone el proyecto de ley contra la violencia en la Infancia. Según advierten, se llama "factor de riesgo" para los menores que los progenitores cuestionen la supuesta "identidad de género" de sus hijos, una cuestión que consideran una "intromisión intolerable en el ejercicio de la patria potestad".
"Puede suponer de facto una amenaza para que, desde los servicios sociales u otras instituciones, se denuncie a los padres que busquen asesoramiento médico en casos de disforia de género del menor y que este asesoramiento se considere un cuestionamiento de la supuesta identidad de género expresada por el menor", concluyen.