El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, ha pedido que se endurezcan los castigos a violadores y pederastas, y ha afirmado que deberían ser castrados químicamente y ahorcados. El planteamiento de estas fuertes propuestas viene tras las multitudinarias protestas por la violación en grupo de una mujer frente a sus dos hijos cometida a principios de mes, en las que exigían al Gobierno medidas urgentes para proteger a las mujeres.
La violación ocurrió el pasado día 9 por la noche en la carretera Lahore-Sheikhupura en Punjab. Los agresores aprovecharon que el vehículo de la mujer se quedó sin gasolina para asaltarlo (a punta de pistola, según informaciones de Reuters), abusar de ella frente a sus hijos y luego robarle.
El suceso despertó pronto la indignación en Pakistán, un malestar que fue en aumento después de que un alto mando de la Policía de la capital regional, Lahore, Umer Sheikh, en vez de condenar la violación, se preguntara en varias entrevistas televisadas cómo la familia de la mujer la había permitido salir de noche.
Manifestantes en Karachi, Pakistán.
"Nadie en nuestra sociedad debería permitir a nuestras hermanas e hijas viajar solas tan tarde", aseguró Sheikh, de acuerdo con el diario local The Express Tribune. Estas declaraciones enfurecieron aún más a las mujeres, que ven como se violan sus derechos de forma sistemática y que, aseguran, "ahora la policía nos dice que somos responsables de nuestra propia seguridad".
Al día siguiente, el Gobierno de Punjab nombró a un equipo especial para que investigara lo sucedido y, 24 horas después se decidió acudir a un censo de ADN ante la falta de avances, lo que llevó a identificar a los dos presuntos violadores entre los vecinos de la zona.
El domingo, uno de los dos sospechosos de participar en la violación se entregó a la Policía, pero "negó cualquier implicación en el incidente y dijo también que no había usado el número de teléfono móvil rastreado", explicó a Efe Fayyazul Hassan, portavoz del Gobierno de la provincia oriental de Punjab, donde ocurrió el suceso.
"La policía le ha tomado una muestra de ADN y confirmará su participación. Al principio todo criminal lo niega. Estamos seguros de que es uno de ellos y el otro será arrestado pronto", concluyó.
Manifestaciones y respuesta del Gobierno
Desde el sábado cientos de personas, en su mayoría mujeres, salieron a las calles en varias ciudades de Pakistán para protestar por "la violencia patriarcal contra la mujer", según indicaban las diferentes convocatorias.
Entre los puntos que reclamaban las organizaciones que llamaron a la protesta estaban la petición a las autoridades para que garanticen justicia en caso de abusos, con investigaciones efectivas y procesos judiciales rápidos, además de la rendición de cuentas del alto mando policial que culpó a la mujer basándose en "mitos" comunes.
Como respuesta al reclamo de miles de mujeres, Imran Khan ha propuesto como solución la castración química de los violadores. "El asesinato se califica como de primer, segundo o tercer grado, y la violación también debe calificarse de esta manera. Los violadores de primer grado deben ser castrados y completamente incapacitados", aseguró este lunes.
Asimismo, también ha apoyado que se ahorque públicamente a los abusadores de niños, un tema que ya fue planteado en febrero de este año en el Parlamento del país tras la ola de casos de abusos infantiles en los últimos años.
"No resolverá el problema"
Por su parte, los defensores de los derechos humanos y del niño que se oponen a la pena de muerte piden reformas en la policía y el poder judicial y un aumento de las campañas de concienciación para padres, niños y comunidades como el mejor enfoque para luchar y prevenir el abuso sexual.
“Estas declaraciones pueden enfriar la ira pública, pero no resolverán el problema”, dijo Uzma Noorani, copresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán a Voice Of America. "En países como Pakistán, donde el sistema de justicia penal se enfrenta a muchos problemas, no se puede conceder la pena de muerte".
Defienden que estas medidas no tendrán un impacto real en la seguridad de mujeres y niños, ya que muchos casos de agresiones nunca se llegan a resolver o ni siquiera se denuncian por el miedo a las represalias o al juicio social.
Según War Against Rape (WAR), una ONG que trabaja para frenar la violencia contra las mujeres, el año pasado se informaron casi 1.000 casos de agresión sexual en tres importantes hospitales de la ciudad portuaria de Karachi, al sur del país. Pero apuntaba que se cree que el número real de delitos sexuales es mucho mayor.