La sociedad exige cada vez más que las grandes empresas tengan una responsabilidad corporativa. Debido al peso su peso económico y a su influencia social, se busca que sus políticas internas, sus servicios y productos vayan encaminados a respetar y promover los derechos civiles de toda la población. Por esa razón, se está popularizando que contraten a reconocidos activistas para que les ayuden a modificar y mejorar sus políticas. Sin ninguna duda, la pionera en las llamadas "auditorías de derechos civiles corporativos" es Laura Murphy, que ya ha trabajado para Airbnb y Facebook.
Laura Murphy tiene más de 35 años de experiencia en el gobierno y la abogacía y fue durante 17 años la directora de la Oficina Legislativa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Washington D. C.. Ha tenido un importante papel en la elaboración y aprobación de influyentes leyes de derechos humanos y libertades civiles como la Ley de Sentencia Justa de 2010 y la Ley de Libertad de EEUU, tal y como indica en su página web.
Sin embargo, en los últimos años ha centrado sus esfuerzos en el trabajo con empresas del sector privado entre las que destaca Facebook. La compañía de Mark Zuckerberg, que controla algunas de las redes sociales más importantes del mundo (como Instagram, además de, por supuesto, Facebook), contrató a Murphy en 2018 para una auditoría. La experta en derechos civiles debía detectar discriminaciones por parte de la compañía y ayudar a solventarlas, centrándose concretamente en "cuestiones relacionadas con la moderación de su contenido", según informó Bloomberg.
La decisión de contratarla fue tomada después de recibir muchas críticas sobre los prejuicios que reinan en la red social. Por ejemplo, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), criticó una violación en la recopilación de datos que afectó a 87 millones de usuarios de Facebook y que impactó en los usuarios afroamericanos de la plataforma.
También, en marzo de ese año, The New York Times informó que la "Alianza Nacional de Vivienda Justa y los grupos afiliados en Nueva York, San Antonio y Miami" habían demandado a Facebook en el Tribunal de Distrito de los EEUU de Manhattan alegando que "la plataforma de publicidad de Facebook sigue permitiendo que los propietarios y agentes inmobiliarios excluyan a familias con niños, mujeres y otras personas en la recepción de anuncios de alquiler y venta de viviendas".
Instagram tampoco se libraba del sesgo. Según los investigadores, en informaciones recogidas por Nbcnews, los perfiles de esa red social cuya actividad en sugería que eran negros, tenían un 50% más de probabilidades de que el sistema les deshabilitara sus cuentas automáticamente que aquellos cuya actividad indicaba que eran blancos.
Bulos y discursos de odio
Murphy ya tenía experiencia en este ámbito, por ejemplo había trabajado con la empresa de alquiler vacacional, Airbnb, con resultados prometedores. Así, tuvo acceso a las normas y datos de la compañía e impulsó reuniones ente grupos de activistas y ejecutivos de Facebook para debatir cuáles eran las medidas que llevar a cabo.
También trataron temas relacionados con la libertad de expresión y los discursos de odio, un debate que se incrementó durante las elecciones presidenciales de EEUU. Durante ese tiempo, muchos activistas criticaron el uso del expresidente Donald Trump y afirmaban que tergiversaba la información y promovía los bulos.
Finalmente, Murphy publicó el informe final de la auditoría en julio de 2020 y en él instaba a modificar la postura de "no intervención" a Donald Trump. Por su parte, Facebook no hizo ningún cambio en ese aspecto hasta enero de 2021, cuando bloqueó su cuenta tras el asalto al Capitolio.
En su informe, Murphy analizó la actividad relativa a las elecciones de EEUU en la red social, las prácticas publicitarias, así como el modelo de los algoritmos que "perpetúa la disparidad de género o racial existente". A partir de ahí, Facebook elaboró unas nuevas normas para la plataforma para intentar acabar de una vez por todas con los prejuicios en internet. Por su parte, Laura Murphy continúa con su labor por la defensa de los derechos civiles y cada vez son más las empresas que contratan sus servicios para intentar acabar con la lacra del racismo en EEUU.