Un nuevo caso de violencia machista y abusos de menores ha conmocionado a Bolivia y Latinoamérica. Una niña de 11 años está embarazada tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro. Este terrible hecho también ha abierto un debate esencial entre quienes defienden el derecho de la menor de interrumpir la gestación y quienes se oponen.
El suceso fue denunciado en el municipio de Yapacaní, en la región oriental de Santa Cruz, donde la menor vivía bajo el cuidado de su abuelastro de 61 años, ya que sus padres viajaban constantemente por motivos de trabajo, según informaba EFE. La familia, que desconocía el embarazo de la pequeña, descubrió lo que estaba pasando cuando la niña le contó a una prima "que sentía unos movimientos extraños en su vientre". Es entonces cuando la prima decide decírselo a su madre, siendo la tía quien presenta la denuncia, tal y como explicaba este domingo a Efe la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, Ana Paola García.
El agresor fue encarcelado y la menor, con 21 semanas de gestación, está ingresada en un hospital maternológico cruceño. Según García, en un principio la madre de la niña pidió la interrupción del embarazo acogiéndose a una sentencia constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del periodo de gestación en que se encuentre. Sin embargo, por la "injerencia" de una organización perteneciente a la Iglesia católica la mujer desistió de que se interrumpa el embarazo de su niña, que ya había iniciado el proceso.
¿Mayor para decidir?
Una de las cuestiones más polémicas en torno a este caso es que la menor ha manifestado previamente a una junta médica que "no quiere ser madre", por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir la gestación.
Sin embargo, posteriormente una abogada que la organización religiosa puso a la madre de la menor presentó un memorial de desistimiento junto a una carta manuscrita en que la menor supuestamente manifiesta que ya no quiere someterse al procedimiento, que por ahora ha sido paralizado."Es un crimen lo que se está haciendo con esta criatura porque en un país justo las niñas no son madres", sostuvo García.
Esto plantea la pregunta de si una menor de 11 años es suficientemente mayor para poder decidir qué hacer con su cuerpo, o si, por otro el contrario, debe de ser su madre o su padre el que decida qué ocurre con el embarazo.
Aborto en Bolivia
Según las últimas decisiones comunicadas, el aborto en Bolivia es legal "bajo condiciones de delitos de carácter sexual" desde 1970, aunque antes se requería una orden judicial para el procedimiento. Es a partir del fallo constitucional de 2014, cuando se permite la interrupción legal "con la fotocopia simple de la denuncia" y "con el procedimiento informado a la víctima", tal y como explicaba García a EFE.
Según relataba, en 2020 se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que supone que "104 niñas se embarazan por día en Bolivia, de las cuales seis son menores de 13 años". Una situación que calificaba de "alarmante", además de añadir que "la violencia sexual flagela a Bolivia todavía y las niñas siguen siendo las principales víctimas".
Consultado por los medios sobre el caso, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, opinó que se debería evaluar psicológicamente a la menor y si decide interrumpir su embarazo "se le debe generar todas las condiciones materiales para que así lo haga".
"Imagínense una niña de 11 años que todos los días tenga que ver a su hijo o a su hija producto de una violación. No podemos tolerar este tipo de conductas dentro de nuestro país y no podemos destruirle la vida a una niña de 11 años. Debemos generar las condiciones materiales para que se interrumpa este embarazo si así se lo define", manifestó.
Por el contrario, la Iglesia católica abogó en un comunicado por "salvar, cuidar y apoyar con amor de las dos vidas" y ofreció "acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre" en un centro para madres adolescentes con el apoyo "material, médico, psicológico y espiritual" correspondiente.
La iglesia manifestó su "más firme repudio por la brutal violación" sufrida por la niña, pero insistió en que "ambas son vidas humanas independientes" porque un feto de 5 meses ya es una criatura "bastante formada" que goza de protección legal, alegando que "un crimen no se soluciona con otro crimen". Ante estas alarmantes declaraciones, García insistió en que debe prevalecer el bienestar físico y emocional de la menor y consideró que el Estado debería intervenir para velar por sus derechos
Otros casos
Pero no solo ocurre esta alarmante situación en Bolivia, varios países Latinoamericanos continúan con casos preocupantes, como el de una niña de 11 años forzada a dar a luz en Argentina. La pequeña había expresado su deseo de interrumpir su embarazo porque era fruto del abuso sexual cometido por el novio de su abuela.“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, le dijo a los médicos, según afirmaban sus abogados.
Un caso polémico porque la violación es una de las pocas circunstancias en las que las argentinas pueden acceder a un aborto legal. Pero las autoridades en su provincia del norte de Argentina vacilaron durante semanas, lo que provocó que la niña fuera forzada a someterse a una cesárea para dar a luz al bebé.
En Nicaragua, una niña de 13 años moría tras dar a luz en un municipio pobre del sureste. El corazón de la niña se detuvo (shock hipovolémico) como consecuencia de una “hemorragia posparto, por desgarro de útero, más atonía uterina”, es decir, que el útero no se contrajo tras el parto, según el reporte del Ministerio de Salud. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Centroamérica y el Caribe ocupan “el segundo lugar en embarazo adolescente, después de África, con una tasa cercana a 100 embarazos por cada 1.000 adolescentes”.
Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Guyana son “los países con las tasas más altas de fecundidad en adolescentes”, conforme a la información de la OPS. En Nicaragua el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que contrajo matrimonio o se encontró en una unión antes de los 18 años supera el 30 %, ha advertido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). “La mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en la región de las Américas”, afirmaba la OPS.
En el Carnaval del 2016 de Bolivia también conocíamos la historia de un terrible caso en el que cinco hombres eran detenidos tras una violación grupal que grabaron en vídeo y se difundió después en Internet desde España. Esa "Manada boliviana" fue un punto de inflexión para el movimiento feminista que consiguió una gran movilización en las calles. Con esta denuncia colectiva se consiguió que el gobierno de Evo Morales promulgara una ley que tipificaba hasta 16 delitos contra las mujeres. El agravante en los casos de violación grupal elevaba las penas hasta los 30 años, pero parece que en el caso de los abortos cuesta establecer una ley justa.
Datos preocupantes
La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y en Razón de Género, Pilar Díaz, informaba hace unos meses que en Bolivia, en lo que va del año, se han reportado 11.133 casos en delitos enmarcados en la Ley Nº 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
“Durante este periodo de tiempo el delito con mayor denuncia es violencia familiar o doméstica con 9.109, seguido de violación con 554 casos, abuso sexual 522, violación de infante, niña, niño o adolescente 433, estupro 369, acoso sexual 44, violencia económica 28, aborto 25, entre otros”, denunció Díaz.
Este último caso en Bolivia ha reavivado el debate sobre los derechos reproductivos y de la mujer en Latinoamérica, que sigue teniendo leyes distintas en la legalización de la interrupción del embarazo dependiendo del país.