Las niñas y las adolescentes en Colombia son las mayores víctimas de violencia sexual y, a su vez, las más criminalizadas por abortar, pese a que la interrupción voluntaria del embarazo es legal en casos de violación, según se detalla en un informe publicado recientemente en el país latinoamericano.
La investigación, realizada por el Centro de Derechos Reproductivos, ha sido difundida en el marco de la campaña regional Son niñas, no madres y a las puertas de que la Corte Constitucional de Colombia emita una decisión sobre la petición de eliminar el delito de aborto del Código Penal que han realizado más de 90 organizaciones de la sociedad civil.
En el documento se señala que a 2019, el 73% de los 26.158 casos examinados por presunto delito sexual en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) tuvieron por víctima a una niña o adolescente entre los 0 y los 17 años, siendo las adolescentes entre 12 y 17 años las más afectadas, con un total de 9.472 denuncias. En muchos de los casos, los agresores corresponden a personas de su círculo social o familiar.
"Estas desgarradoras cifras corresponden a aquellos casos que son denunciados. Sin embargo, se estima que exista un importante subregistro causado, entre otras, por las dificultades para presentar una denuncia que afectan a todas las víctimas, pero que pueden ser más profundas para las niñas y adolescentes", dicen las autoras en el informe.
Por otra parte, se expone que las niñas y adolescentes son el grupo poblacional más afectado por la criminalización del aborto, pues representan el 24% del total de las condenas, según otra investigación realizada recientemente por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.
Agresores sin condenar
Esta es una violencia que se ha invisibilizado y naturalizado desde hace años, asegura la directora regional para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez. "Muchos de los casos no llegan a tener sentencia judicial en contra de los agresores", señala.
"Este es uno de los primeros factores que disuade a las niñas y adolescentes a seguir denunciando y a que los hombres en este sistema patriarcal piensen que no hay consecuencias por lo que hacen", agrega.
Sin embargo, enfatiza, este es un problema estructural. "Es un tema al que no se le ha podido hacer frente de la mejor forma, no solo por la falta de sentencias contra agresores, sino también por no aterrizar protocolos claros sobre violencia sexual y no tener educación sexual integral en los colegios que le permita a las niñas entender cuando están en una relación abusiva o cuando están siendo víctimas de violencia", explica.
Datos del Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA) revelan que Colombia se encuentra dentro del grupo de países con mayores tasas de fecundidad adolescente de la región (77,7 por cada mil), por encima del promedio general de Sur América, Centroamérica y el Caribe (70,2; 72,7 y 66,8 respectivamente). Esto quiere decir que una gran cantidad de mujeres tienen un hijo en edades tempranas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su parte, también ha señalado que en 2018, 15 niñas entre 10 a 14 años dieron a luz diariamente en Colombia y que el 86% del total de las mujeres agredidas sexualmente durante ese año fueron niñas y adolescentes.
"Nos estamos enfrentando a una epidemia silenciosa, que es la maternidad forzada de niñas que han sobrevivido a la violencia sexual. Y en ese sentido, este informe refuerza y hace visible que estamos hablando de una problemática regional y que debemos actuar al respecto", asegura Marianny Sánchez, directora asociada de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, organización fundadora de la campaña Son niñas, no madres.
Una manifestante con el rostro pintado a favor del aborto en la Plaza de Bolívar en Bogotá, en septiembre de este año.
La criminalización
En el informe también se analiza la criminalización de las niñas y adolescentes que abortan, pese a que desde 2006 la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es legal en casos de violencia sexual.
"Los partos en niñas menores de 14 años aumentaron un 22,2% en el segundo trimestre del 2021. Y esto realmente es atroz porque sobre ellas sí o sí se presume que existió una violencia sexual y debieron de haber accedido al aborto bajo la causal de violencia sexual", asegura Martínez. "El hecho de que el delito exista, pese a que están las causales, sigue siendo un obstáculo para que las niñas accedan a servicios de salud", agrega.
Según datos recopilados por el Centro, las menores de edad son más sancionadas que las mujeres en los demás grupos de edad. "Si bien el 12,5% de los casos investigados involucran mujeres menores de edad, el 24% de las sancionadas son menores", se resalta. Solo del 1 de marzo y el 30 de septiembre del 2020, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres reportó haber acompañado 75 casos de niñas y adolescentes que enfrentaron barreras de acceso a la IVE.
Barreras para abortar
Entre las principales barreras están la falta de información y educación y, por supuesto, el estigma. "La mayoría de estas niñas viven en zonas rurales o en situación de pobreza, en donde la información y la educación sobre salud sexual y reproductiva es muy escasa", afirma Martínez.
Y cuando estas niñas llegan al servicio de salud, a menudo en etapas gestacionales muy avanzadas por el mismo desconocimiento, las estigmatizan y les niegan el servicio.
"Cuando hablamos de abortos negados a niñas que fueron víctimas de violencia sexual operan estereotipos que están en el piso de la violencia basada en género, que son la cosificación de las mujeres y las niñas. Este pensamiento de que podemos ser consumidas, agredidas", sostiene Sánchez, de Planned Parenthood Global.
Además, enfatiza, detrás de la objeción de conciencia opera una creencia de que la maternidad "puede ser el cielo a pesar de que hayas quedado embarazada viviendo el infierno de la violencia sexual".
La decisión de la Corte
Debido a esta realidad, las portavoces de ambas organizaciones reiteran la importancia de que la Corte Constitucional elimine el delito de aborto del Código Penal colombiano. Una decisión que puede marcar otro hito en América Latina.
"Una victoria en Colombia sería un gran logro también para seguir avanzando en la región, en esos otros países con normativas mucho más restrictivas, no tan progresistas como la de Colombia. Esto podría sumarse a esta gran ola de cambios que permitiría que los derechos de las mujeres y las niñas a decidir sobre sus propios cuerpos sigan avanzando en la región", menciona Marianny Sánchez.
América Latina y el Caribe registran la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo. Además, se estima que casi el 18% de los nacimientos en la región corresponden a madres menores de 20 años de edad. Cada año, alrededor de un millón y medio de adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz, según datos de UNFPA.
Ya en el interior del país, uno de los principales cambios sería que las niñas, las mujeres y las adolescentes sientan que pueden acudir al sistema de salud sin miedo a ser criminalizadas. Y que el acceso al aborto sea regulado por medio de políticas claras, "con calidad en el servicio de salud y con calidez", asegura Catalina Martínez.
Pero, además, señala como importante que las mujeres y niñas de zonas rurales o en situación de movilidad puedan acceder a estos servicios de salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones.
"La deuda histórica de Colombia, y por eso también la demanda de Causa Justa tiene una connotación muy fuerte sobre discriminación contra las mujeres que viven en zonas rurales o las mujeres migrantes, es garantizar que toda la población pueda acceder a los derechos independientemente de donde viva. Creo que es una deuda histórica que tienen la mayoría de los países latinoamericanos", zanja Martínez.