El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, quiere que las mujeres embarazadas tengan derecho a un permiso retribuido y universal desde la semana 36 de gestación y hasta el parto. El objetivo de la medida es proteger la salud materna y que sea independiente del reconocido tras el nacimiento del bebé.
Así lo ha avanzado Antonia Morillas, directora del Instituto de la Mujer, en una entrevista con EFE. Durante la misma, Morillas también ha abordado otras medidas, como el registro de médicos objetores al aborto.
Respecto a la modificación de la Ley del Aborto, Igualdad ha planteado dos objetivos: garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres en la sanidad pública y que las menores de entre 16 y 17 años, para que lo puedan hacer sin el consentimiento de sus padres o tutores legales.
Morillas ha asegurado que es un compromiso político clave que “ha sido anunciado y se va a cumplir.” Además, han planteado la necesidad de avanzar en derechos sexuales y reproductivos. “Desde 2010, en España hay muchas cuestiones que venían planteándose por parte del movimiento feminista y que ya forman parte del sentido común”. En este contexto, el Ministerio de Igualdad pretende fortalecer los derechos sexuales “entendiendo que son distintos a los reproductivos”.
Permiso preparto
El pasado miércoles, la ministra Montero ya anunció en sede parlamentaria la inclusión de un “permiso preparto”. El objetivo es mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva durante el embarazo, parto y puerperio.
Morillas ha sido quien ha concretado en la entrevista para EFE que se tratará de un permiso retribuido y universal a partir de la semana 36 de embarazo.
“Hoy lo que ocurre es que las mujeres en el último periodo de embarazo o bien acceden a una IT (situación de incapacidad temporal) por embarazo de riesgo o tienen que adelantar hasta cuatro semanas el permiso de nacimiento”.
El texto que manejan en el Ministerio de Igualdad hace una fuerte apuesta por que las recomendaciones de la Estrategia de Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad y las buenas prácticas que existen en España en este campo se apliquen en el conjunto del sistema sanitario para garantizar que hay una atención que se ajusta a los estándares internacionales.
Abortos en la pública
Durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad, ya adelantó la ministra que los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia tendrán que contar con profesionales que practiquen abortos.
La directora Morillas asegura que para garantizarlo habrá un registro de profesionales objetores, como sucede con la Ley de Eutanasia, de forma que en las comunidades autónomas conozcan los sanitarios que se acogen a él en sus territorios y puedan organizar los recursos y garantizar el aborto en todos los hospitales como una prestación sanitaria.