Este viernes ha dado comienzo en Polonia el juicio contra Justyna Wydrzyńska, en un caso que Amnistía Internacional ya ha calificado como "escandaloso". Justyna es defensora de los derechos de las mujeres y está acusada de haber ayudado a una mujer, víctima de violencia de género, a abortar, violando así la estricta ley antiaborto del país. La activista es la primera acusada por infringir la ley contra el aborto y se enfrenta a una pena de hasta tres años de cárcel.
"Estos cargos son un intento escandaloso y deliberado de reprimir el activismo legítimo de Justyna Wydrzyńska a pesar de que ésta sólo trata de apoyar los derechos de las mujeres y de todas las personas embarazadas a acceder a un aborto sin riesgos en Polonia", ha declarado Monica Costa Riba, encargada de campañas de Amnistía Internacional (AI) en favor de los derechos de las mujeres.
Justyna Wydrzyńska es doula -una persona preparada que acompaña a otra durante el embarazo- y cofundadora del grupo polaco Aborcyjny Dream Team (ADT, equipo de ensueño del aborto en español). La organización forma parte de la red feminista transeuropea Abortion Without Borders, que defiende el derecho al aborto y asesora a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente sus embarazos.
En 2020, facilitó una pastilla abortiva a una mujer víctima de violencia de género ya que "sintió compasión". "Una mujer acudió a mí en una situación desesperada. Me dijo que su esposo, que era violento, iba a tratar de impedirle abortar. Su historia me conmovió porque era parecida a la que había vivido yo. Sentí que tenía que ayudarla", dijo Justyna Wydrzyńska entre lágrimas durante la primera vista del juicio, en declaraciones recogidas por Amnistía Internacional.
Justyna defendió que "la gente que necesita un aborto en Polonia necesita información fidedigna e imparcial sobre abortos sin riesgos, ayuda y apoyo. Nadie debería ser enjuiciado por mostrar compasión y actuar en solidaridad. Ni yo ni nadie".
Una ley muy restrictiva
Este acto es ilegal en Polonia, ya que ese país prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo incluso en caso de malformación fetal. Solo es legal permite la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, incesto o grave riesgo para la salud de la madre, unos supuestos que no cumplía la mujer a la que ayudó Justyna.
Desde que se decretó esa ley en octubre de 2020, multitud de organizaciones han continuado brindado apoyo a las mujeres, generalmente ayudándolas a salir del país para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el extranjero.
Miles de mujeres piden ayuda
En los últimos años, miles de mujeres han recurrido a estos servicios. Concretamente, entre enero de 2021 y enero de 2022, más de 32.000 personas en Polonia se pusieron en contacto con Aborto Sin Fronteras —cinco veces la cifra del año anterior—, y la organización ayudó a más de 1.500 personas a viajar al extranjero para abortar. Según datos facilitados por AI, en los últimos meses, las peticiones de ayuda han aumentado, pues llegan a Polonia miles de personas refugiadas que huyen de Ucrania y necesitan atención para la salud sexual y reproductiva.
Por la despenalización del aborto
Además, durante meses miles de personas han salido a las calles para protestar contra las restricciones del aborto. En noviembre se reavivaron las manifestaciones, después de que una mujer de 30 años a la que se le había denegado el aborto, falleciese -junto al feto- a causa de complicaciones en el embarazo. Ahora, el inicio del juicio contra Justyna ha provocado que cientos de personas vuelvan a salir a las calles para mostrar su apoyo a la activista.
Por su parte, Amnistía Internacional ha exigido que las autoridades polacas retiren los cargos contra ella y "despenalicen totalmente el aborto, incluido ayudar a otras personas a someterse a un aborto".
"En un contexto de leyes perjudiciales sobre el aborto, las activistas como Justyna son esenciales para garantizar que las personas embarazadas en Polonia no tienen que correr el riesgo de someterse a un aborto inseguro que ponga en peligro su salud y su vida", ha trasladado la organización en un comunicado.
Según AI, más de 50.000 personas han actuado para pedir al fiscal general de Polonia que retire todos los cargos. No obstante, el juicio ya ha comenzado y no parece muy probable que se anule. La próxima sesión se celebrará el 14 de julio. Mientras, las organizaciones proelección continuarán llevando a cabo acciones para que las mujeres recuperen su derecho a abortar en Polonia.