Perú vive una semana decisiva en la lucha contra el abuso y la violencia hacia niños y niñas en el país. Este jueves, el Parlamento aprobó la anulación de la ley que permite el matrimonio infantil. Por amplia mayoría de 113 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, el proyecto modificará cinco artículos del Código Civil y añadirá otro para introducir que los menores de 18 años no puedan contraer matrimonio.

[En estos 6 países el matrimonio infantil aún es una práctica legal]

La reforma también contempla que aquellos menores que se hayan casado antes de esta modificación puedan solicitar su anulación, así como tampoco será permitido el matrimonio con un tutor mayor de edad. En los últimos nueve años, las autoridades del país han contabilizado más de 4.000 bodas de menores, mayoritariamente niñas.

Una medida decisiva para la protección de los menores en el país si se tiene en cuenta que, entre los años 2013 y 2022, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) registró un total de 4.357 casos de matrimonios con menores de edad. De esta cifra, el 98,4% corresponde a uniones de niñas y adolescentes entre 11 y 17 años con hombres adultos. 

La ruta para prohibirlo 

Antes de 1999, la edad mínima para contraer matrimonio era de 14 años para las mujeres y de 16 para los hombres. Ese mismo año, una nueva disposición estableció que la edad mínima para hacerlo sería los 16 para ambos géneros, previa autorización de los padres. La reforma permaneció vigente hasta 2018, cuando una modificación del Código Civil volvió a establecer en 14 años la edad legal para el matrimonio en Perú.

Con este cambio normativo se volvía abrir la veda que extremaba los riesgos en las niñas peruanas de ser víctimas de violencia sexual por parte de adultos, algo que también sucede al margen de la legalidad: de los 464 matrimonios infantiles registrados en Perú desde 2020, seis se corresponden a matrimonios de niñas de 11, 12 y 13 años de edad, uniones no permitidas por la ley que pese a esto están registradas en los datos oficiales del país.

En 2022, la congresista Flor Pablo presentó un proyecto para revertir el Decreto Legislativo, modificando cualquier artículo —en este caso, los art. 42, 46, 241, 243, 244, 247 y 248 del Código Civil peruano— que permitiera los casamientos por debajo de los 18 años. Su propuesta fue rápidamente apoyada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y por diversos legisladores. 

Un avance hacia el ODS 5

Pese a que uno de los objetivos marcados por la Agenda 2030 incide en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, la realidad de las niñas casadas a edades tempranas se torna lejos de esto: embarazos en la adolescencia, complicaciones durante el parto, aislamiento social y abandono de los estudios son algunos de los acontecimientos que pueden ir marcando su futuro desde que contraen matrimonio.

"Poner fin al matrimonio infantil, es decir, permitir que las niñas terminen la escuela, retrasen la maternidad, encuentren trabajo decente y realicen su potencial, podría generar miles de millones de dólares en ingresos y productividad, según han revelado diversas investigaciones", señala el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

El matrimonio infantil es una práctica ilegal en la mayoría de países que encierra a los menores en el círculo de la pobreza. En muchas ocasiones, las familias deciden casar a sus hijas e hijos menores de edad para contar con otra fuente de ingresos o para reducir la carga económica del hogar. 

Además, otro de los debates en torno al matrimonio infantil en países como Perú gira en torno a las comunidades indígenas. Los argumentos continuistas sostienen que el matrimonio temprano es considerada una práctica arraigada en muchas de las tradiciones autóctonas, y que la medida podría afectar al acceso a los bienes patrimoniales de las familias. Sin embargo, la realidad del matrimonio infantil es que este usualmente acaba encubriendo casos de violencia sexual contra menores de edad. 

Sobre la medida aprobada este jueves, la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Janet Rivas destacó: "Es preciso resaltar que, el matrimonio de personas menores de edad, no es neutral al género. La afectación es mayor para las mujeres, incrementando el riesgo de morbilidad y muerte materna o neonatal, el riesgo de sufrir violencia de género y violencia en el entorno familiar, la deserción escolar, el incremento y reproducción de la pobreza, entre otros".

La presidenta de la Comisión sostuvo en el sustento del proyecto de ley que se encuentra alineado con la normativa internacional sobre protección de los derechos humanos de los menores frente a prácticas nocivas como el caso del matrimonio de menores de edad. El Ministerio de la Mujer describió esta aprobación como un "hito importante" para "desterrar prácticas que vienen afectando los derechos fundamentales de niñas y adolescentes".