“Estamos donde estamos porque no conseguimos una visión común de todos los estados miembros. Ni siquiera sobre el diagnóstico de lo que está pasando”. Es la valoración que hace un veterano diplomático sobre la parálisis y las divisiones que está provocando en la UE la crisis de los refugiados. Como ya ocurrió con la crisis del euro, la única respuesta que parecen encontrar los líderes europeos es multiplicar las cumbres extraordinarias en las que finalmente no se decide nada, y lo poco que se acuerda no se aplica.
Este lunes empieza en Bruselas otra semana maratoniana de reuniones con el Consejo de ministros de Interior de los 28, al que asistirá en representación española Jorge Fernández Díaz. El miércoles se celebra en La Valeta, la capital de Malta, una cumbre UE-África, en la que los líderes europeos presionarán a los africanos para que firmen acuerdos de readmisión de inmigrantes económicos. Y el jueves los jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos Mariano Rajoy, vuelven a encontrarse también en La Valeta con el objetivo de buscar soluciones a la crisis de refugiados, aunque sin nuevas medidas concretas en la agenda.
Sólo durante el mes de octubre llegó a la UE la cifra récord de 218.000 refugiados e inmigrantes económicos a través del Mediterráneo. Y en los próximos tres años podrían venir un total de tres millones de personas, según la estimación que la Comisión Europea ha incluido en sus previsiones económicas de otoño. Bruselas calcula que su impacto será pequeño pero positivo: un aumento del nivel de renta europea de hasta el 0,3% de aquí a 2020, que en el caso de Alemania podría llegar al 0,7% en el escenario más favorable. Pero ni siquiera estas cifras han aplacado la preocupación de los gobiernos europeos.
Las culpas de la respuesta “exasperantemente lenta” de la UE a la crisis están “repartidas”. Pero el resultado es que “hay un desfase: las decisiones políticas y jurídicas van por detrás de la realidad, como pasaba con la crisis del euro, en la que los mercados iban siempre dos o tres pasos por delante”, explica el diplomático de la UE, que pide no ser identificado para poder expresarse libremente. Y las sucesivas cumbres se limitan a aprobar conclusiones que apenas se traducen en actuaciones operativas que mejoren la situación de los refugiados o frenen los flujos migratorios.
Alemania y Austria prorrogan tres meses los controles fronterizos
“El riesgo es que, ante la falta de respuesta común satisfactoria de hecho o derecho, el espacio (sin fronteras) Schengen acabe siendo cuestionado”, alerta el alto funcionario europeo. De hecho, Alemania y Austria ya han notificado a la Comisión que mantendrán durante tres meses adicionales, es decir, al menos hasta febrero de 2016, los controles fronterizos que reintrodujeron en septiembre. En principio, estos controles deberían tener una duración máxima de dos meses, pero Berlín y Viena han alegado como motivo de la prórroga extraordinaria el “gran influjo continuado de personas buscando protección internacional”. Además, Austria plantea levantar una barrera en su frontera con Eslovenia, siguiendo el ejemplo de las vallas de Hungría con Serbia y Croacia.
Los ministros del Interior volverán a comprometerse este lunes a reforzar las fronteras exteriores de la UE, según figura en el borrador de conclusiones, pero “tampoco hay consenso sobre cómo hacerlo”. Algunos países, como Francia, apoyan la propuesta de Bruselas de crear un cuerpo europeo de guardia costera y de fronteras, pero la mayoría de estados miembros no quieren ceder soberanía en esta materia.
Uno de los problemas que más frustración genera en Bruselas es la lentitud con la que avanza la redistribución de refugiados. De hecho, tanto los ministros del Interior como los líderes europeos reclamarán esta semana que se acelere el proceso. De los 160.000 refugiados llegados a Italia y Grecia que los países de la UE han acordado repartirse, apenas se ha relocalizado a 135, según el último recuento disponible del pasado viernes. Pese a todo, Suecia acaba de pedir beneficiarse de este sistema porque se considera desbordada por la llegada de demandantes de asilo.
“Se están creando unas estructuras que no existían, es un ejercicio muy complicado”, se defiende el Ejecutivo comunitario. Pero según explican otras fuentes, la mayoría de los refugiados rechazan acudir a los centros de registro organizados por la UE (hot spots) porque temen quedarse bloqueados y no poder llegar a Alemania, que es el destino preferido por la mayoría de ellos. “Los refugiados no saben cómo funciona el sistema europeo de asilo y tenemos que informarles”, replican desde la Comisión. Su presidente, Jean-Claude Juncker, ya ha avisado en varias ocasiones de que “sin registro, no hay derechos”. Pero las alternativas no son fáciles: pasarían por detener a estas personas en campos de refugiados, algo que ya han sugerido los ministros del Interior de los 28, pero que Italia y Grecia se resisten a hacer.
Otra cuestión que sigue enfrentando a los países de la UE es la creación de un sistema permanente y automático de reparto de refugiados, tal y como reclama Alemania, que no quiere asumir todo el peso de la crisis. Al menos una docena de estados miembros, entre ellos los del este y España, rechaza este mecanismo. El Gobierno de Mariano Rajoy, pese a haber rectificado su oposición inicial a acoger demandantes de asilo, está en contra de un sistema permanente por considerar que provocará un efecto llamada inasumible políticamente, según las fuentes consultadas.
Dudas sobre el acuerdo con Turquía
Tampoco hay acuerdo en la UE sobre el papel que deben jugar Grecia y Turquía en esta crisis. Las islas griegas son ahora el principal punto de entrada de los refugiados y la mayor parte de estados miembros considera que el Gobierno de Alexis Tsipras no está en condiciones de proteger adecuadamente sus fronteras y deberían ceder el control a Frontex y a la policía de fronteras de otros países. Pero las autoridades helenas se resisten a perder la soberanía en esta cuestión.
Por lo que se refiere a Turquía, muchos gobiernos europeos tienen “dudas sobre si están en condiciones o tiene voluntad de cumplir” el acuerdo alcanzado con la UE para frenar la llegada de refugiados. El pacto, impulsado por Alemania, obligará a Ankara a controlar los flujos de salida y admitir la readmisión de inmigrantes. Pero el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pone el acento en las contrapartidas que espera de Bruselas: una ayuda de 3.000 millones de euros, acelerar el fin de la exigencia de visados para los ciudadanos turcos que viajen a territorio comunitario y descongelar el proceso de adhesión.
La oferta de 3.000 millones a Turquía ha provocado problemas a la UE con los países africanos con los que se reunirá en La Valeta. Para todos ellos, Bruselas ha previsto una ayuda mucho menor, de 1.800 millones de euros, para frenar la inmigración. Los líderes europeos tienen previsto apelar en su cumbre con África al principio de “más por más”. Pretenden evitar la imagen de que castigarán a los gobiernos africanos que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal reduciéndoles la ayuda o las ventajas comerciales. En su lugar, alegan que premiarán a los buenos alumnos.
“Si queremos evitar lo peor, tenemos que acelerar nuestras actuaciones”, ha escrito el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su carta de invitación a la cumbre de La Valeta. “Este es un desafío muy importante y no es nada fácil encontrar una solución rápida y satisfactoria para todo el mundo. Las situaciones son diferentes para los diferentes países”, apunta el alto funcionario europeo.