El primer ministro británico, David Cameron, juega con ventaja. Todos sus socios europeos quieren de forma inequívoca que Reino Unido se quede en la Unión Europea, que sin Londres perdería todavía más peso en la escena internacional. Y están dispuestos a hacer concesiones para que el Brexit sea derrotado en el referéndum que se celebrará antes del final de 2017. La mayoría de las exigencias planteadas por Cameron en su carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, son asumibles para el resto de líderes europeos, ya sea porque se trata de medidas simbólicas o de iniciativas que ya están en marcha. De hecho, los diputados más euroescépticos de su propio partido tory le han atacado por lo que consideran su falta de ambición.
Pero el acuerdo todavía puede naufragar por el recorte que el primer ministro británico quiere introducir en las prestaciones sociales que reciben los inmigrantes de otros países de la UE que viven en Reino Unido. Esta exigencia ya ha sido criticada por la Comisión y la Eurocámara. Lo más preocupante para Cameron es que le enfrenta sobre todo con los países del Este, los más afectados, y que han sido aliados tradicionales de Londres en otras cuestiones, como la liberalización económica o las salvaguardas para los países que no pertenecen al euro.
Merkel, principal aliada en las negociaciones
El resto de países de la UE empiezan además a estar cansados de que Reino Unido reclame siempre un trato especial, según explican varias fuentes europeas. Y no tienen ningún apetito por iniciar una nueva reforma de los tratados, que Londres ve necesaria para garantizar que las concesiones sean “irreversibles”, después de los problemas con la fallida Constitución Europea y la ratificación del Tratado de Lisboa. Tampoco ha gustado en Bruselas la tardanza de Cameron en poner sus demandas por escrito y su falta de detalle, que no se resuelve en la poco concreta carta a Tusk.
En todo caso, el presidente del Consejo Europeo ya ha anunciado que a partir de la semana que viene lanzará “consultas bilaterales” con todos los Estados miembros y la Eurocámara sobre las exigencias de Reino Unido. Y de nuevo la canciller alemana, Angela Merkel, se perfila como la principal valedora de Cameron en este diálogo. Merkel se ha declarado confiada en que podrá encontrarse una solución. “Hay puntos más difíciles y puntos menos difíciles. Pero si tenemos el espíritu de querer resolver esto, tengo bastante confianza en que funcionará”, ha dicho Merkel este martes.
Demandas entre muy problemáticas y factibles
El propio Cameron dice en su misiva que su objetivo es tener “un debate de fondo en el Consejo Europeo de diciembre (los días 17 y 18)” y “concluir un acuerdo lo antes posible”. A continuación repasamos las principales demandas de Cameron ordenadas de mayor a menor dificultad en la negociación, según la primera valoración de emergencia que ha hecho Bruselas.
1.“Altamente problemática”. Así considera la Comisión la pretensión de Londres de impedir que los ciudadanos de la UE que vivan en Reino Unido cobren ninguna prestación social en materia de empleo o vivienda durante los cuatro primeros años de residencia. Cameron cree que esta medida servirá para frenar el flujo de inmigrantes comunitarios, que a su juicio es “insostenible”. Pero el Ejecutivo comunitario alerta de que supone una “discriminación directa” entre ciudadanos de la UE, ya que se da un trato mejor a los británicos, que sí disfrutarían de estos beneficios, que al resto de europeos, según ha dicho su portavoz, Margaritis Schinas. El presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, ha ido un paso más allá al afirmar que tiene “muchas dudas sobre la legalidad” de este plan. El primer ministro británico admite en su carta que estas cuestiones son “difíciles” para el resto de Estados miembros y se declara abierto a encontrar soluciones alternativas.
2.“Difíciles”. En esta categoría, Bruselas incluye dos demandas de Cameron: que se libere a Reino Unido del compromiso de avanzar hacia “una Unión cada vez más estrecha” y que se creen salvaguardas para los países que no están en el euro y para la City de Londres. La primera exigencia es sobre todo simbólica. Londres quiere que se reconozca en la ley lo que ya existe en la práctica: una Europa a varias velocidades en la que hay países que no están en el euro, en el espacio Schengen o en las políticas de justicia e interior. Y no parece que el resto de líderes europeos vaya a resistirse. En las conclusiones de la cumbre de junio de 2014, los jefes de Estado y de Gobierno ya admitieron por escrito, a petición de Cameron, que hay “distintas vías de integración para los distintos países” y que respetarán “el deseo de los que no quieren seguir profundizando más”.
En cuanto a las garantías para los países que no están en el euro, Reino Unido quiere que se deje claro que la Unión tiene más de una moneda; que no se discrimine a las empresas que no usen el euro; que no se ponga en riesgo el mercado interior y que los contribuyentes de los países de fuera del euro no tengan que poner dinero para los rescates de la eurozona. Estas cuestiones sólo plantearían un problema irresoluble al resto de socios si Londres reclama poder bloquear las decisiones de la eurozona. Pero el ministro de Finanzas, George Osborne, ha dicho que no está buscando el veto, sino una serie de de “salvaguardas” que todavía no ha definido en detalle.
3.“Factibles”. En este apartado ha situado la Comisión la exigencia de Londres de que se refuercen los poderes de los parlamentos nacionales. Cameron quiere que éstos puedan vetar, no de forma individual sino entre varios (aunque no ha concretado el número), iniciativas legislativas de la UE si consideran que amenazan sus intereses nacionales. El vigente Tratado de Lisboa ya otorga a los parlamentos nacionales la facultad de intervenir, pero sus dictámenes no son vinculantes. Y Bruselas los ha ignorado de forma sistemática, por ejemplo al seguir adelante con la creación de una Fiscalía europea, pese a la opinión negativa de un gran número de parlamentos nacionales.
El resto de peticiones de la carta de Cameron ya se está poniendo en práctica. Es el caso de todas las iniciativas que reclama para mejorar la competitividad de la economía europea, como negociar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos o Japón, reducir las cargas burocráticas que impone la legislación de la UE a las empresas o crear un Mercado Único Digital o una Unión de Mercados de Capital.