“Después de la cárcel, lo peor es el exilio”, asegura Carlos Vecchio, número dos del partido de la oposición venezolana Voluntad Popular. “Yo me vi forzado a salir de mi país por la razón de cómo pienso políticamente, y eso en pleno siglo XXI es inaceptable”.
Vecchio vive en Estados Unidos con su esposa y su hijo desde hace más de un año. El político y abogado nunca pensó que se vería obligado a abandonar su hogar. “Eso eran historias que a nosotros nos decían de las dictaduras”, dice sobre el exilio político. “Y que nos toque a nosotros (…) pues habla del deterioro que hay en Venezuela”. Su drama personal comenzó tras participar en las manifestaciones masivas contra el Gobierno de Nicolás Maduro de febrero del año pasado, que se saldaron con 43 muertes y numerosas detenciones.
Las autoridades venezolanas fueron tras su compañero y líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien se entregó y hoy cumple una condena de cerca de 14 años de prisión. La validez de los cargos y la legitimidad del proceso judicial contra López se ponen constantemente en entredicho y en las últimas semanas un fiscal huyó de Venezuela para confesar que había defendido pruebas falsas contra él. El reo continúa, aun así, encarcelado.
Vecchio, que afronta los mismos cargos -incendio, daños a la propiedad, incitación a delinquir y asociación criminal-, pudo haber corrido la misma suerte, pero decidió ocultarse después de que intentaran detenerlo en la sede de su partido. Su mujer estaba entonces embarazada. “El riesgo que veíamos es que podía perder a mi primer bebé. Esa era la preocupación”, afirma. El abogado pasó 108 días escondido en Venezuela y desde la clandestinidad tomaba decisiones políticas. Hasta que en junio del año pasado, apareció ante la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Nueva York para denunciar los hechos.
Su hijo nació al poco de que la pareja llegara a EEUU. Allí, Vecchio ejerció de profesor invitado en la Universidad de Yale y hoy ostenta el mismo puesto en el Miami Dade College de Florida, donde vive. “Llegamos sin médico, llegamos sin tener dónde vivir, si nacía el nene no sabíamos dónde podíamos pasar la noche”, dice. “Todas esas circunstancias pues toman ese aspecto personal que hace más complicado ya toda la salida que nos tocó”. El resto de su familia salvo un hermano continúa en Venezuela, donde viven con miedo y vigilados por el Gobierno, asegura.
Petición a La Haya
Pese a no poder regresar a su país, Vecchio no cesa en su actividad política. Este miércoles ha estado en Madrid tras presentar el martes ante la Corte Penal Internacional de la La Haya una solicitud para que se investigue al Gobierno de Maduro por “crímenes de lesa humanidad”. El presidente venezolano participa este jueves por iniciativa propia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
El documento presentado a La Haya recoge más de 30 homicidios, miles de detenciones “ilegales” y cientos de “casos de tortura” presuntamente cometidos por las autoridades venezolanas desde febrero de 2014. Se basa en testimonios de víctimas y documentos de organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
“Lo que estamos solicitando en este momento es que la Corte admita abrir una examinación preliminar”, explica. “Ellos pueden decir 'sí abro o no la abro'. Si deciden abrirla, entonces empiezan a recabar información, llegan en contacto incluso con el Gobierno y luego de ese análisis ellos dicen 'aquí hay un caso de lesa humanidad, aquí hay unos delitos que se han cometido, aquí hay unos responsables'. Y tomarían luego la decisión de acusar a funcionarios del Gobierno”.
Vecchio teme que la represión aumente tras las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, que los sondeos prognostican que ganará la oposición. Aunque admite que es difícil que la Corte actúe antes de los comicios, Vecchio asegura que la solicitud ante La Haya es una oportunidad para dirigir la atención internacional a Venezuela y su inminente proceso electoral.
El dirigente opositor intentó presentarse a estos comicios como candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a la mayoría de la oposición en Venezuela, por el estado nororiental de Monagas, pero las autoridades anularon su candidatura. No es el único dirigente opositor al que se ha inhabilitado para participar en las elecciones. Por ejemplo, los líderes María Corina Machado, Manuel Rosales y Daniel Ceballos también lo están, informa la prensa local.
“Yo estoy siendo perseguido por mis ideas, por nuestro discurso, por nuestra forma de pensar, porque pienso políticamente distinto al Gobierno”, sentencia.