La Eurocámara vota en pleno este jueves una resolución que urge a los Estados miembros a aplicar con rigurosidad el código comunitario de exportaciones de armas para evitar que éstas acaben en manos equivocadas.
“La última vez que intentaron aprobar una resolución sobre este asunto no lo lograron”, dice a EL ESPAÑOL Mark Bromley, experto del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), think tank de referencia en el control armamentístico. “Sería bueno que consiguiesen sacar adelante la resolución, porque es un aspecto importante de la política común de seguridad exterior de la UE”.
Aunque se trata de una resolución no vinculante, Bromley considera que aprobarla abriría la puerta a que en el futuro se desarrolle legislación al respecto. “La capacidad del Parlamento Europeo de ser un motor de cambio siempre estará limitada”, afirma el experto. “[Pero] en el pasado, cuando consiguieron hablar con una sola voz sobre asuntos como la transparencia, pudieron efectuar cambios legislativos”.
Éstos son los puntos clave de la resolución: llama a los Estados miembros a interpretar de manera correcta las normas comunes de venta de armas de la Unión y aplicarlas de manera más estricta; apoya la creación de una autoridad europea con capacidad de emitir opiniones sobre la expedición de licencias por parte de los países de la UE; reclama la creación de un mecanismo de suspensión automática de licencias a países terceros que posteriormente fueran objeto de un embargo por parte de la UE; pide que los Estados miembros sean más transparentes sobre sus negocios armamentísticos y compartan más información y que se establezcan mecanismos para mejorar el cumplimiento de estas obligaciones.
Las exportaciones de armas de los países de la Unión Europea representan el 30% del volumen mundial, por delante de Rusia (25%) y sólo por detrás de Estados Unidos (35%), según el informe de la UE de venta de armamento para el año 2013, publicado el pasado marzo. Ese año, los Estados miembros exportaron armas por valor de 3.600 millones de euros en total, de los cuales 2.670 procedían de ventas a terceros.
La UE ha impuesto una treintena de embargos de exportaciones de armamento a países como Irán y Siria, así como a organizaciones terroristas como Al Qaeda. Pero en el caso de Yemen, por ejemplo, el embargo no se impuso hasta este verano. Entre los años 2000 y 2014, el país recibió armamento de Europa a través de Polonia, República Checa, Italia y España, quien en 2013 le proporcionó una aeronave militar de transporte, según la base de datos del SIPRI.
“Durante años vendimos muchas armas a países que eran estables en ese momento, pero que ahora se encuentran sumidos en un conflicto”, dice en un comunicado la ponente responsable de la resolución parlamentaria, Bodil Valero, eurodiputada por el grupo de Los Verdes. “Si no hacemos una evaluación de riesgos adecuada, entonces tendremos problemas. Ahora vemos que armas que vendimos pueden ser usadas contra nosotros”.
Un reciente informe de Amnistía Internacional sobre el armamento del autodenominado Estado Islámico, que opera en Siria e Irak, revela que parte de las armas que posee el grupo son de fabricación europea.
Hoy día no pesan embargos sobre Estados con un dudoso historial de respeto a los derechos humanos como Venezuela o Arabia Saudí. De hecho, entre 2013 y 2014, el país del Golfo Pérsico se gastó cerca de 700 millones en aviones, repuestos y munición que compró a España, como ya informó este diario.
La Posición Común de 2008 establece los criterios que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. Especifica que se denegará “una licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto de que la tecnología o el equipo militar que se vayan a exportar puedan utilizarse con fines de represión interna”. Asimismo, “los Estados miembros denegarán las licencias de exportación de tecnología o equipos militares que provoquen o prolonguen conflictos armados o que agraven las tensiones o los conflictos existentes en el país de destino final”. Los otros criterios abarcan la actitud del país receptor a la comunidad internacional y el terrorismo, los convenios internacionales de no proliferación, o la propia seguridad de la UE.
Los criterios no pretenden juzgar de forma general si un país receptor respeta o no los derechos humanos y prohibir la venta a ese país, sino que se basan en estudiar en cómo se va a utilizar el material militar cuando dicho Estado lo reciba, dice Bromley. “Una de las cosas que demanda el Parlamento con la resolución es intentar apartarse de esta manera de abordar las exportaciones caso por caso y caminar hacia un proceso holístico de emisión de licencias”, dice.
La resolución del Europarlamento propone la creación de una Autoridad Europea de Control de Armas. “La autoridad tendría el papel de asegurarse que todos respetan las reglas mínimas, pero los países serían libres para poner en práctica controles más estrictos”, declaró Valero. Si bien, esta 'autoridad' sólo podría emitir dictámenes, según el texto de la resolución.
En un debate este miércoles en la Eurocámara, Nicolas Schmit, del Consejo Europeo, defendió la “convergencia en materia de políticas de exportación de armas”.
Actualmente los Estados son responsables de aplicar los criterios de control de la venta de armas y no existe un organismo comunitario que tenga autoridad para regular y exigir explicaciones, una función que la autoridad propuesta en la resolución, en principio, no supliría. Para Bromley, sin embargo, la creación de un órgano de control centralizado en Europa podría bajar los estándares de control de exportaciones en la Unión, ya que sería difícil satisfacer a todos los Estados miembros.