El terror cobró vida en Buyumbura y empujó a sus vecinos a la muerte. Durante la noche, los gritos suplicaban piedad y encontraban el fuego o el acero por respuesta. Un centenar de personas asaltó tres cuarteles militares y se llevaron la vida de docenas de hombres y mujeres. Aquel horror no arrojó cifras oficiales sobre el número de muertos. Al amanecer, los cadáveres cubrían las calles. Llegó la venganza: arrestos aleatorios, ejecuciones sumarias y desapariciones. Y el silencio.
Este episodio, registrado el viernes pasado en la capital de Burundi, no es más que un renglón de la historia de violencia a la que están abocados sus habitantes. Los registros hablan de cientos de muertos desde que el actual presidente, Pierre Nkurunziza, anunciase -y alcanzase- su candidatura a un tercer mandato, algo que contraviene la Constitución del país. Por medio, además, hubo un intento de golpe de Estado del general Godefroid Niyombare. El testimonio de observadores internacionales apunta a matanzas mucho mayores; más de 250.000 personas -la mitad, niños- han salido de sus fronteras. La Unión Africana teme que la situación desemboque en el peor de los escenarios: “África no permitirá un nuevo genocidio en su territorio”, advirtió. La comunidad internacional, mientras, ofrece una respuesta tibia al conflicto.
Los habitantes de Burundi -el país con menor PIB por habitante del mundo donde viven diez millones de personas- están más que acostumbrados a ese término. Los choques entre hutus (un 85% de la población) y tutsis (15%) lanzaron a este país al precipicio en dos ocasiones, en 1972 y 1993. La escasa atención internacional se centró en lo que ocurrió en Ruanda; Burundi cayó en el pozo del olvido. El despliegue de cascos azules no sirvió para detener los genocidios que, primero unos y después los otros, perpetraron en el territorio. De nuevo, las cifras son oscuras y en ellas se arrojan las vidas de cientos de miles de burundeses, alrededor de 300.000.
“Hemos recibido cuantiosos informes verosímiles de asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias, tortura y represión política por parte de las fuerzas de seguridad, así como de violencia y abusos cometidos por milicias de jóvenes afiliados al partido en el poder”, detalló en noviembre Ned Price, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. “Urgimos a Nkurunziza a buscar una solución a este conflicto que abarque a todos los partidos”, interpeló el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta. Igualmente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instó a tomar “medidas” contra los autores de la violencia. El presidente de Burundi, mientras tanto, apunta a “destruir a quienes amenacen la seguridad de Burundi”.
El presidente que prohibió hacer 'footing'
Pierre Nkurunziza es uno de los siete hijos de una familia hutu bien asentada. De todos ellos, sólo él y su hermana han sobrevivido a los diferentes conflictos que han sacudido al país. El presidente burundés apenas se fía de un grupo reducido de personas. Su obsesión llega hasta tal punto que ha llegado a prohibir a sus habitantes salir a correr para hacer deporte: “Puede ser usado como una coartada para la subversión”, justificó. De hecho, 21 personas del partido opositor fueron condenadas a cadena perpetua por “usar este método para organizarse en algo que después se volvió violento”.
Un manifestante se cubre con vegetación para no ser identificado por la policía.
Siendo estudiante, su universidad fue atacada por los tutsis, que se llevaron la vida de 200 personas en el asalto. Él logró escapar y se integró en el CNDD-FDD, una de las facciones combatientes ahora reconvertida en el partido que gobierna Burundi. Roberto Ortiz de Zárate, investigador especializado del Barcelona Centre For International Affairs (CIDOB), apunta que la represión no responde a cuestiones de raza: “La persecución de oponentes practicada por Nkurunziza no presenta un sesgo étnico apreciable; más bien, atiende a criterios convencionales de lealtad o deslealtad”.
5.000 militares y cinco millones de euros
El Consejo Seguridad y Paz de la Unión Africana nunca se había encontrado ante este escenario. El organismo se plantea la posibilidad de activar una cláusula que hasta ahora nunca había invocado, que permite el despliegue de efectivos sin autorización del país al que van a ser destinados. En el entorno diplomático ya se habla de que un contencioso internacional de 5.000 soldados podrían aterrizar en Burundi.
Mientras, desde Europa se apuesta por intentar minimizar las causas del conflicto donando cinco millones de euros. “La situación humanitaria que afecta a Burundi se está agravando”, señaló Christos Stylianides, comisario de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, en relación a los 250.000 refugiados que han escapado del país. “Esto es muy preocupante para Burundi y los países vecinos, cuyas capacidades de acogida están al límite”.
La violencia ha llegado a la capital del país, Buyumbura.