El año 2015 se ha despedido con una media de 31 tiroteos a gran escala al día en Estados Unidos, pero también con más ventas de armas de fuego que nunca.
Se realizaron 23 millones de consultas de antecedentes penales para la compra de armas y obtención de permisos, dos millones más que en 2014 y nueve más que en 2010. Sólo en Black Friday se llevaron a cabo 185.000 comprobaciones, el día en el que más chequeos se han hecho hasta ahora.
Aunque la comprobación de los antecedentes de un ciudadano no tiene por qué traducirse necesariamente en una venta, la abultada cifra sugiere que 2015 ha sido un año récord para la industria de las armas de fuego.
El patrón parece ser el siguiente: ocurre una matanza, aumenta la presión para que se impongan controles más estrictos y las ventas de armas de fuego suben.
Este martes, el presidente, Barack Obama anunció cubierto de lágrimas y rodeado de familiares de estadounidenses muertos en tiroteos que llevará a cabo acciones ejecutivas para controlar la venta de armas.
“Cada vez que pienso en esos chicos me enfado”, dijo sobre las víctimas. “Hay acciones dentro de mi autoridad legal que podemos llevar a cabo para reducir la violencia y salvar más vidas”.
Ese mismo día, sin embargo, el valor en bolsa de los fabricantes de armas de fuego Smith & Wesson y Sturm Ruger se disparó un 11% y un 6% respectivamente.
No era la primera vez que algo así ocurría. Tras los atentados de San Bernardino, California, del mes pasado en los que murieron 14 personas, las ventas de armas de fuego aumentaron. En total, se realizaron 3,3 millones de consultas de antecedentes penales, un millón más que en el mismo mes del año anterior.
El mes después de la matanza en 2012 en la escuela primaria de Sandy Hook, Connecticut, que inició un debate nacional sobre la tenencia de armas, las comprobaciones de antecedentes rozaron los tres millones.
“Con frecuencia vemos un incremento en la venta de armas después de producirse tiroteos a gran escala o de que se anuncien esfuerzos para fortalecer la legislación sobre armas”, asegura a EL ESPAÑOL Chelsea Parson, vicepresidenta del departamento de Política de Armas y Delincuencia del think tank Center for American Progress. “Pero sabemos que la inmensa mayoría de los estadounidenses apoyan medidas de sentido común como los chequeos universales de antecedentes”.
Un estudio por el Pew Research Center publicado en agosto indica que el 85% de los estadounidenses está favor de expandir las comprobaciones de antecedentes. Un sondeo publicado en octubre por la empresa Gallup, sin embargo, indica que el 55% de los ciudadanos cree que la legislación sobre venta de armas debe ser más estricta, frente a un 44% que o bien prefiere dejar la legislación como está o quiere hacerla más laxa.
VENDEDORES SIN LICENCIA
No todas las ventas van acompañadas de una verificación del historial del comprador. La legislación federal excluye de los chequeos a aquellas armas que se venden a través de vendedores sin licencia, esto es, vendedores privados. Se estima que una buena parte de la venta de armas en EEUU tiene lugar a través de vendedores privados.
El Centro Legal para Prevenir la Violencia Armada, con base en San Francisco, calcula que en torno al 40% de los intercambios comerciales se producen de este modo. La Coalición para Acabar con la Violencia por Arma de Fuego va más allá al afirmar que se trata del 60% de las ventas.
Los vendedores habituales cuyo negocio es el comercio de armas de fuego tienen la obligación de registrar las transacciones y comprobar los antecedentes de los potenciales compradores, de acuerdo con la ley federal, pero no los ocasionales. Las ventas privadas tienen lugar, por ejemplo, en ferias de armas de fuego o en internet.
El último intento de fortalecer la legislación federal sobre consultas de antecedentes fracasó en el Congreso. Alrededor de 20 estados, sin embargo, han decido expandir por su cuenta la legislación federal para intentar reducir las muertes por arma de fuego, que superan las 30.000 al año a nivel nacional. Por ejemplo, Massachusetts obliga a los compradores a tener un permiso para adquirir pistolas.
En palabras del Departamento de Justicia de Estados Unidos, “individuos a los que la ley prohíbe poseer armas de fuego pueden obtenerlas con facilidad a través de vendedores privados y hacerlo sin ningún tipo de registro federal de las transacciones”.
Las acciones ejecutivas anunciadas por Obama en su último año de legislatura van dirigidas a estrechar el vacío legal para la venta de armas en EEUU, pero han sido puestas en duda.
“Es una distracción”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, el miércoles. “El presidente claramente no respeta los derechos [otorgados por] la Segunda Enmienda de los estadounidenses que viven según la ley”.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle, el principal grupo de presión proarmas, ha asegurado que “las propuestas del presidente Obama no habrían evitado ninguno de los horribles acontecimientos que mencionó”.
La favorita a representar al partido demócrata en las presidenciales de 2016 Hillary Clinton, sin embargo, ha salido en defensa de la decisión del presidente y se ha comprometido a continuar la lucha para regular el comercio de armas si sale elegida.
De hecho, los controles sobre la venta de armas son una importante herramienta política en la carrera presidencial estadounidense, donde los candidatos conservadores se lanzan a defender el derecho de tenencia otorgado por la Segunda Enmienda frente a los progresistas, que buscan limitar la posesión de armas de fuego.
En la noche del jueves, Obama participó en un programa televisivo donde respondió a preguntas de activistas por el derecho a poseer armas sobre sus planes legislativos, en un esfuerzo por publicitar su agenda política. Ese mismo día, el líder estadounidense aseguró en una tribuna de opinión en The New York Times que no apoyaría a ningún candidato a sustituirle, ni siquiera demócrata, que no apoye medidas de "sentido común" para el control de las armas de fuego.
Por su parte, Parson, la analista, valora positivamente la decisión de Obama, pero reconoce las limitaciones que tiene el esfuerzo del presidente sin el apoyo del Congreso. “Las acciones anunciadas por el presidente son meditadas y comprensivas y tendrán un impacto significativo sobre la aplicación de las leyes existentes”, dice. “Pero depende todavía del Congreso actuar para acabar con las mayores lagunas en la legislación sobre armas de la nación para evitar que personas que suponen un riesgo para la comunidad no tengan un fácil acceso a las armas”.