Humberto Moreira llevaba una vida discreta en uno de los barrios más acaudalados de Cataluña. Cada mañana salía, disfrutaba de la vivienda con piscina cubierta, seis habitaciones y jardín que había alquilado en la exclusiva zona de Valldoreix y, sobre el papel, era uno más entre los alumnos del máster internacional que la Universidad Autónoma de Barcelona imparte en Comunicación y Educación.

Moreira alquiló su casa barcelonesa a principios de 2013, cuando las cosas empezaron a ponerse feas en México y todavía peores en Estados Unidos. La Justicia mexicana investigaba a sus principales colaboradores por generar un agujero de 246 millones de euros en las cuentas públicas gracias a préstamos ficticios y Estados Unidos les acusaba de utilizar su país para blanquear parte de esos fondos.

En un primer momento, su nombre no aparecía de forma oficial en la investigación, pero todas las miradas estaban puestas en él como gobernador del estado de Coahuila entre 2005 y 2011, año en el que desaparecieron los fondos. De hecho, fueron estas sospechas las que le hicieron dejar la política poco después, tras alcanzar la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), formación del actual presidente del país, Enrique Peña Nieto.

Según su versión, aportada a la prensa local, Moreira dejaba México por la inseguridad del país. Tres meses antes de llegar a España, los sicarios del clan de los Zetas asesinaron a su hijo mayor.

La investigación se acelera

La investigación contra Moreira –que tras prestar declaración ha quedado en prisión provisional sin fianza- se aceleró con el procesamiento en Estados Unidos del mexicano Rolando González Treviño. El empresario fue acusado de blanquear 1,8 millones de euros en suelo estadounidense gracias a la compra de emisoras de radio locales. El dinero, según la Corte Federal de Texas, encargada del caso, procedía en realidad de fondos públicos detraídos en Coahuila, el estado controlado entonces por Moreira.

La Corte Federal acusó a González Treviño de prestar sus empresas para canalizar los fondos. Y el empresario lo reconoció. Fue entonces cuando el caso se complicó para Moreira, ya que su presunto testaferro le señaló directamente como el máximo responsable del saqueo, en un pacto alcanzado con la fiscalía estadounidense.

Además del expresidente del PRI, el delator señaló a otras 13 personas vinculadas con la presunta red mafiosa. Varios de ellos son funcionarios de la administración liderada por Moreira. En esas mismas fechas, otro de sus colaboradores llamado Hector Javier Villareal Hernández, fue acusado de trasladar también parte de esos fondos desde Estados Unidos a una cuenta abierta en el paraíso fiscal de Bermudas.

Según fuentes del caso, fue la petición Fiscalía española la que ha motivado la detención de Moreira en Madrid. Los agentes de la Policía Nacional, autorizados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, confirmaron que el mandatario mexicano había instalado su residencia aquí y esperaron a que volviera de uno de sus viajes para ser detenido.

No fue una tarea dura. Bastó con revisar su cuenta en las redes sociales para confirmar que Moreira seguía residiendo en España. Sin embargo, no se encontraba en el país, ya que había emprendido un viaje con su familia. Tal y como adelantó el viernes EL ESPAÑOL, el expresidente del PRI fue arrestado cuando regresaba a España. En el mismo aeropuerto, los agentes le esperaban a pie de pista para ser puesto a disposición judicial.