“Los ataques de París en noviembre han confirmado la necesidad urgente de una cooperación judicial más sólida y sin fisuras en toda la UE”, ha afirmado este martes Věra Jourová, comisaria europea de Justicia.
Sus palabras ponen de manifiesto uno de los flancos débiles de la seguridad europea: los Estados miembros comparten poca información sobre delincuentes extracomunitarios, lo que facilita el crimen transfronterizo y pone en riesgo a Europa.
En 2014, se condenó a cerca de 700.000 ciudadanos de terceros países en la Unión Europea. Pero sólo en el 3% de los casos se comprobó si el condenado tenía antecedentes penales en otros Estados miembros, informa el diario Politico. La razón es lo complicado que resulta obtener esta información.
“Por ahora, un Estado tiene que enviar 27 peticiones, una por cada uno de los otros Estados miembros para ver si tienen información sobre la persona en cuestión”, dice a EL ESPAÑOL Christian Wigand, portavoz de la Comisión Europea. “Ésto supone una carga para las autoridades y lleva a que rara vez [lo hagan]”.
Por este motivo, la Comisión ha propuesto mejorar y ampliar el existente Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) para que acceder a los historiales delictivos de ciudadanos extracomunitarios sea más sencillo.
“El sistema funciona muy bien con ciudadanos europeos. Sólo hay que enviar una única petición para obtener la información”, dice Wigand. “[Pero] para los ciudadanos de terceros países, hasta ahora, no ha funcionado así… Es por eso que hacemos esta propuesta”.
ECRIS es un sistema descentralizado: en vez de sostenerse en una única base de datos comunitaria, cada país almacena su propia información y luego ésta se comparte por medio de peticiones. Cada año se envían cerca de 300.000 peticiones a través del sistema para consultar historiales delictivos dentro de la Unión. Se creó en 2012 con el objetivo de impulsar la colaboración interestatal para combatir la delincuencia internacional y el terrorismo y evitar que los delincuentes puedan huir de su pasado al mudarse a otro país europeo.
"Si se desconocen condenas previas, se puede pasar por alto el contexto de un delito, así como vínculos con el crimen organizados, el terrorismo y otras formas serias de delincuencia", indica la Comisión.
Ahora, para reformarlo, la institución propone: a) permitir que las autoridades de un Estado miembro puedan comprobar electrónicamente por medio de un mecanismo de búsqueda si existen antecedentes de un ciudadano extracomunitario en otros Estados y qué países tienen la información; b) incluir las huellas dactilares de extranjeros convictos en el sistema para evitar que operen bajo identidades falsas.
Éste último es un problema con el que las autoridades se han topado en un reciente caso de terrorismo. El hombre que atacó una comisaría de París en el aniversario de la masacre de Charlie Hebdo hace dos semanas con un falso chaleco explosivo y que la policía frenó a disparos parece no ser quien las autoridades creían en un primer momento.
“No estoy totalmente seguro de que la identidad que dio sea real”, dijo tras el altercado François Mollins, fiscal de la capital francesa. Las autoridades habían determinado inicialmente por medio de huellas dactilares que se trataba de un hombre de origen marroquí llamado Ali Sallah, a quien la policía conocía por un robo en 2013. Pero cuando las autoridades procedieron a verificar su identidad con los servicios de inteligencia, éstos dijeron que desconocían ese nombre.
Días más tarde se descubrió que el atacante había vivido en un centro de refugiados en Alemania. Las autoridades continuaban investigando, aun así, su verdadera identidad.
Ahora que la Comisión ha propuesto mejorar el sistema ECRIS, el Europarlamento y el Consejo Europeo deberán aprobar la directiva, que entrará en vigor un año después de que culmine el proceso legislativo.
El eurodiputado luso Carlos Coelho, miembro de la Eurocámara por el Partido Social Democrata desde 1994, cuestiona, sin embargo, que esta medida se pudiera haber impulsado antes. “El primer paso para la creación del ECRIS fue muy lento y difícil. En aquel momento, teníamos 27 sistemas jurídicos distintos, con sensibilidades jurídico-sociales diferentes, pero se intentó encontrar un punto común”, dice a este diario. “Su implementación tampoco fue rápida. No sé si podríamos haber presentado esta propuesta antes”.
Aunque dice desconocer si la directiva será aprobada con celeridad, Coelho asegura que los legisladores europeos se encuentran más concienciados que nunca acerca de la necesidad de potenciar la cooperación en materia jurídica y de seguridad entre Estados miembros.
Preguntado sobre si considera que a causa de las dificultades a la hora de comprobar los antecedentes de ciudadanos extracomunitarios se ha puesto en peligro a la UE o se ha perdido la oportunidad de procesar a terroristas, el eurodiputado afirma que es difícil saberlo. “Sin embargo, estoy seguro de que la falta de confianza mutua entre Estados miembros y la falta de cooperación entre servicios de información no ha contribuido a la seguridad de los ciudadanos europeos”, añade.
Europa afronta no sólo un problema de falta de cooperación judicial sino también de inteligencia. Los servicios de los diferentes países guardan con recelo sus listas de sospechosos de terrorismo por miedo a que se produzcan filtraciones. Bases de datos como el Sistema de Información Schengen (SIS) están incompletas, sin datos de combatientes extranjeros.
En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en noviembre para presionar a las autoridades nacionales para que colaboren entre ellas y fomentar el desarrollo de instrumentos ya existentes como el SIS o el sistema VIS de registro de visados. Coelho defiende la optimización de estas herramientas ya creadas, como el sistema ECRIS, en lugar de diseñar nuevos instrumentos.