“Estoy bajo arresto domiciliario y no sé por qué”. Nicolas tiene 21 años. Cuando el 13 de noviembre de 2015 los terroristas sembraron el terror en las calles de París, él trabajaba como dependiente en una tienda de zapatos. Nada hacía presagiar que varias semanas después perdería su empleo. El 15 de diciembre, sobre las cuatro de la tarde, diez policías irrumpieron en su domicilio, en el que vive con su padre y su hermano.
“Mi padre no estaba en casa, y yo tampoco. Sólo mi hermano, viendo la televisión con mi primo”, cuenta al teléfono. “Les apuntaron con las armas a la cabeza, y después registraron toda la casa”. El joven, que se preparaba para opositar a un puesto en la administración pública para ser conservador de museos, explica que a día de hoy no puede optar a ningún trabajo. “Tuve que dejar la zapatería, porque desde que me pusieron bajo arresto domiciliario debo ir a comisaría tres veces al día. No puedo salir de mi barrio en ningún momento, ni de mi casa a partir de las 9 de la noche”.
“NI SIQUIERA TENGO CUENTA DE TWITTER”
“Cuando llegué y les vi en casa, me negué a firmar ese papel, porque no comprendía las acusaciones. No tienen pruebas, pero no las necesitan, porque el estado de emergencia respalda estas acciones. Me dijeron que o firmaba, o me llevaban en detención preventiva. Así que firmé”.
Nicolas lee en voz alta la hoja, “ese papel”, en la que se especifican los motivos por los que él y su hermano están arrestados en su domicilio. “Se lo leo todo, ¿vale? A ver... Pone: Sospechoso de estar abiertamente a favor del yihadismo, defender al Estado Islámico, manipular armas, tener la intención de desplazarse a Siria, tener la intención de defender el desplazamiento a la zona iraquí-siria, ser intermediario en la difusión audiovisual de contenidos del Estado Islámico en Twitter...” El joven para de enumerar. “Esto es una locura. Para que se dé cuenta de la veracidad de las acusaciones: jamás he tenido una cuenta en Twitter”, asegura.
El joven denuncia la arbitrariedad con la que los domicilios registrados están siendo elegidos por el responsable de la prefectura de París. “Mi hermano me ha contado que los policías se quedaron muy sorprendidos al ver la decoración de mi casa. Tenemos un cuadro gigante de Buda, estatuas de elefantes...Creo que esperaban encontrar otra cosa. Registraron, por supuesto, y no vieron absolutamente nada, pero nos mantienen en arresto domiciliario a los dos. Soy musulmán. Después de darle mil vueltas, es lo único de lo que pueden acusarme”.
Ante esta decisión respaldada por la naturaleza excepcional del estado de emergencia, el joven puede recurrir en un plazo de dos meses desde el momento de la detención. Cuenta que ante la falta de recursos, dejó su caso en manos de los abogados del Colectivo contra la Islamofobia, donde están tratando más de trescientos casos como el suyo. Todavía no han podido hacer nada por mí”, lamenta. Después, consciente de la gravedad de las acusaciones, “una a una, las mismas que pesan sobre mi hermano”, vuelve a justificarse.
“Nunca he sabido hacer un montaje de vídeo, y me acusan de realizarlo y difundirlo en una red social en la que no tengo cuenta”. Reflexiona. “De verdad. Intento encontrar una explicación, pero esto no tiene lógica. Pienso que si yo hoy me encuentro en esta situación, mañana puede ser cualquier francés, sin necesidad de pruebas. Y es desolador”.
“TÚ, GORDA, DE AHÍ NO TE MUEVES”
Human Rights Watch y Amnistía Internacional también han denunciado estos abusos de una medida que en un primer momento se presentó como excepcional. Hoy forma parte del paquete de reformas que el Gobierno de Manuel Valls espera introducir en la Constitución en marzo, si el Senado se muestra favorable.
El proyecto permite ampliar los poderes acordados a las fuerzas del orden. El borrador respalda, por ejemplo, el registro de vehículos, maletas y domicilios. También el arresto domiciliario para aquellas personas sospechosas de “haber intentado unirse a un escenario de operaciones terroristas”, pero contra las que no se tienen elementos suficientes que justifiquen la apertura de una investigación judicial. Los criterios son juzgados hoy por estas organizaciones especializadas en derechos humanos como opacos y arbitrarios.
“Hemos tenido que contratar a dos abogados y reforzar nuestro centro de llamadas desde el 13 de noviembre. El teléfono no ha parado de sonar. Ninguna de las 300 familias que han venido a contarnos sus casos ha sido acusada de nada”, explica a EL ESPAÑOL Yasser Louati, presidente del Colectivo contra la Islamofobia en Francia (CCIF) en su despacho parisino. “Entran en sus casas por la fuerza, rompiendo las puertas, y en la mayoría de los casos sin siquiera dejar antes de irse el acta de registro domiciliario”, denuncia.
Pero su gran preocupación es el otro porcentaje, el silencioso: “Todos los musulmanes que están interiorizando este rechazo por miedo a contar sus experiencias. Que viven estigmatizados por un terrorismo del que son las primeras víctimas”.
Entre los casos más sorprendentes que el gabinete de abogados del CCIF trata actualmente, se encuentra el de un musulmán militante anti-Daesh (acrónimo árabe para el grupo terrorista). “Este ejemplo en concreto demuestra la arbitrariedad con la que estos registros se están llevando a cabo, lo absurdo que es esto”, denuncia, y especifica que el joven distribuía en la puerta de las mezquitas folletos alertando del peligro de las teorías radicales del grupo terrorista.
“Reventaron la puerta, y obligaron al joven y a su madre a quedarse sentados. Cuando ella quiso ir al baño, el policía le dijo: Tú gorda, de ahí no te mueves. Y si quieres mear, lo haces en la arena del gato’. Tras varios minutos, abandonaron el domicilio con las manos vacías”.
3.336 REGISTROS, 4 PROCESOS
Louati denuncia la desproporción entre los medios desplegados por el poder ejecutivo y los resultados de los mismos, recordando que desde el 13 de noviembre hasta hoy se han llevado a cabo 3.336 registros que han dado como resultado 4 procesos abiertos en materia antiterrorista. “Menos de 0,1%”, apostilla. “¡Hasta Le Monde lo condenó en un artículo titulado ‘Cuando Hollande infla las cifras!”.
¿Cuál es entonces la intención de estas intervenciones? El presidente del CCIF no duda: “Las cifras. ¿No las oye continuamente en la televisión? La población tiene sensación de seguridad cuando escucha en el telediario que han registrado más de 3.000 casas. ¿En base a qué criterios, y cuáles son los resultados? Es toda una incógnita”, confiesa.
Después cita el ejemplo de una víctima que escuchó al policía mientras esperaba a sus compañeros de patrulla en el portal, durante el registro. “Bueno, ¿qué, tíos? ¿Nos vamos ya o qué...?”. Youati guarda silencio. “Cuando destrozan esas puertas saben que no encontrarán nada. Y aunque en muchos casos la violencia es gratuita y sistemática, también hemos escuchado a familias contar que los policías estaban avergonzados de hacerlo. Pero son órdenes del prefecto y ellos tienen que ejecutarlas”.
Cuenta otra denuncia que ha llegado a su organización: el de una madre de familia que recibió la visita de los gendarmes de madrugada. “Le susurraron: 'Disculpe la intromisión. No hace falta que despierte a los niños, señora. No vamos a tardar, nos vamos a ir pronto”.
“AQUÍ LAS PUERTAS SE REVIENTAN”
Entre las problemáticas a las que este organismo musulmán se enfrenta a diario se encuentra, por ejemplo, la búsqueda de soluciones rápidas a daños colaterales. Como la reparación de una puerta en pleno invierno. “Aunque la familia esté dentro, muchas veces nadie llama al timbre”, explica, aclarando que en numerosos casos, los policías han respondido a la petición de llamar al timbre con la frase: “A las puertas no se llama. Aquí las puertas se revientan”.
Youati denuncia que los musulmanes que viven en Francia (alrededor de 8% de la población) se enfrentan hoy a dos estigmas: por una parte, la arbitrariedad de la elección del registrado. Por otra, la violencia de la ejecución del registro. “Se destrozan sistemáticamente las puertas de entrada. Y después, la gente paga de su bolsillo. Estamos hablando de puertas que pueden costar 3.000 euros. El seguro no se hace responsable de esto”. ¿Y el estado? Le pregunto. Sonríe y arquea una ceja. “¿Sabe que las personas que vivían en el edificio asaltado en Saint Denis todavía no tienen dónde ir?”
El presidente del CCIF muestra las fotos de una niña de 6 años, herida durante una intervención armada de los gendarmes del RAID en el centro de Niza. “Recibió los impactos de bala. Después se disculparon. Se habían equivocado de puerta”, asegura.
Pequeña herida supuestamente durante una redada en Niza
En varias ocasiones, Youati aborda los motivos electorales que, a su parecer, mueven las políticas adoptadas por Hollande tras los atentados. “El Gobierno sabe muy bien que ha habido errores por parte del servicio de Inteligencia, y que esos errores permitieron que los atentados tuvieran lugar. Pero hacer ruido le conviene, porque mire, hasta el momento no ha habido ni una sola dimisión ligada a su responsabilidad ante los atentados”.
“Creemos”, continúa, “que estamos más seguros ahora, y somos igual de vulnerables, porque ésta no es la respuesta, esto es lo que Daesh busca desde el principio. Les están dando los argumentos de su próximo vídeo de propaganda: mezquitas profanadas, mujeres humilladas, casas destrozadas... ”
NO SÓLO MUSULMANES
Yasser Louati ocupa la presidencia de este colectivo de diez empleados desde el mes de septiembre. Abogados y psicólogos tratan las agresiones físicas y verbales a ciudadanos musulmanes y les acompañan en sus batallas jurídicas. Reconocen que la posible entrada en la Constitución del estado de emergencia les dejaría huérfanos de derechos a la hora de rebatir estos abusos, puesto que estarían respaldados por la ley.
Louati confiesa que no sólo le preocupa el impacto que estas medidas están teniendo en los ciudadanos musulmanes, y recuerda el caso de los militantes ecologistas como Joël Domenjoud, en arresto domiciliario desde el comienzo, hasta el final de la Cop 21. En ese momento, el diario británico The Guardian denunció la cara B del estado de emergencia, y las derivas que esta norma puede implantar en una sociedad.
“Después de los atentados, no parecía importar esta pérdida de libertades, porque la gente estaba asustada y porque pensaban que sólo afectaba a los musulmanes. Ellos como activistas, o usted como periodista también puede enfrentarse a esto mañana”, advierte Youati.
Esta semana el CCIF ha publicado su informe anual sobre islamofobia en Francia. Ha detectado un incremento del 18% en casos en "actos islamófobos", 905 en total (de más de 2.500 denuncias que recibieron). El 82%, contra mujeres. Además, por primera vez ha registrado más ataques físicos (55) que verbales (42).
Antes de despedirnos, aborda cabizbajo el éxito del Frente Nacional en las elecciones regionales francesas. “¿Imagina que Marine Le Pen llegue al poder y encuentre todas estas herramientas aceptadas en la Constitución?”.