Las minas de oro en Venezuela: una historia de oro y asesinatos

El viernes 4 de marzo el pueblo de Tumeremo, en el estado Bolívar (al sureste de Venezuela) comenzó a vivir un nuevo horror. 28 personas de localidad fueron reportados como desaparecidas; salieron ese día por la mañana a la mina Atenas, un yacimiento de oro descubierto en diciembre de 2015, y no regresaron.

Decenas de familiares comenzaron a exigir la investigación del caso y el sábado, con el apoyo de vecinos del pueblo, iniciaron una protesta que duró cinco días. Habían cerrado la vía principal para presionar a las autoridades y exigir que aparecieran los cadáveres de sus seres queridos. Una sentencia drástica ante una desaparición que apenas llevaba horas pero que en Tumeremo, como en otros pueblos mineros del estado Bolívar, tiene sus razones bien fundadas.

"El topo"

“Desde que llegó ese señor a esta zona se sabe de uno, de dos, de tres asesinatos semanales o mensuales. Aquí han matado a ganaderos, degollado a mineros, tiroteado a personas, infinidades de crímenes que nunca hemos escuchado que hayan resuelto”, cuenta un habitante de Tumeremo que pide resguardar su nombre por miedo.

El hombre al que se refiere es “el topo”, delincuente conocido en Tumeremo y sus alrededores por ser uno de los que controla los yacimientos auríferos y por cometer toda clase de delitos en esa lucha de liderazgos.

Pero a diferencia de otras ocasiones, estos asesinatos trascendieron. El diputado de la Asamblea Nacional, Américo De Grazia (de la oposición), fue quien denunció ese mismo día las desapariciones y habló de que había ocurrido una masacre de 28 personas, según el testimonio que le habían dado varios testigos del hecho.

El sábado, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez (Psuv), desmintió los asesinatos, asegurando que no habían hallado ningún cuerpo en la zona y que la única irregularidad había sido un enfrentamiento entre bandas armadas. Además, señaló que la información buscaba causar angustia y alarma en la población, y que era un acto de “politiquería barata”. Pero no fue el único. Diosdado Cabello la calificó como una “masacre virtual” y de ser un rumor.

El pueblo, de unos 50.000 habitantes, fue militarizado tras disolver la protesta de los familiares. Funcionarios de la Fiscalía General de Venezuela y de la policía científica (Cicpc), se movilizaron a Tumeremo, entrevistaron a los familiares de los desaparecidos y 10 días después, hallaron 17 cadáveres. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, así como el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, informaron de que los cuerpos fueron encontrados en una fosa común de unos 5 metros de profundidad, cerca de otra mina llamada Nuevo Callao. Estaban en bolsas negras y tenían un impacto de bala en la cabeza. Fueron ejecutados.

Las investigaciones señalan a “el topo” como responsable de la masacre, quien está prófugo y es buscado por las autoridades, quienes han detenido a una persona implicada en los hechos. La noticia generó el rechazo de los venezolanos en las redes sociales, donde llegó a solicitarse la renuncia del gobernador del estado por haber negado un hecho que sí ocurrió y que además es común, según el relato de los habitantes de Tumeremo y de otras localidades mineras.

"Hay muchos más"

Después de identificar a los 17 cadáveres y confirmar que efectivamente se trataba de mineros y personas que habían acudido a la mina Atenas ese 4 de marzo, los familiares pudieron retirar los cuerpos. “Nosotros enterramos a nuestros muertos pero esperamos que sigan con las investigaciones. Esos no son los únicos, los testigos hablan de 28 pero igual hay más. Nadie se imagina los muertos que hay de las minas viejas, de Hoja de lata y otras más. Hay bastantes, pero nunca se habían tomado en cuenta como ahora, que hicimos presión”, asegura una joven, hermana de una de las víctimas, quien también pide no revelar su nombre por temor a que “el topo” les haga algo.

Ella relata, como un hecho normal, que en la mina Hoja de lata hay cuerpos bajo tierra. “Todavía hay gente que se mete a trabajar allá a buscar oro y consigue huesos, manos, muertos enterrados. Nadie se imagina eso, la gente no dice nada por miedo, él ha hecho lo que le ha dado la gana”. El vecino de Tumeremo que ha contado sobre los asesinatos de ganaderos, tiroteos y degollados, informó de que “el topo” llegó a esa zona hace 8 o 9 años, que no ha vivido en el pueblo sino en las minas o selva adentro, cerca de ellas, y eventualmente visitaba el poblado. Desde entonces viven con miedo o no viven.

La madre de otra de las víctimas de la masacre cuenta el caso de una amiga, a la que le asesinaron al hijo hace dos años y le dejaron el cadáver dentro de una mina. “Ella desde hace tiempo quería sacarlo pero la gente le decía que no, que si lo hacía le iban a matar al resto de la familia. Hasta le hizo una lápida donde le dijeron que estaba. Al ver todo esto que nos pasó ella decidió denunciar y le sacaron al hijo. Hoy viernes se lo iban a entregar”.

Esta misma señora resume lo que ha ocurrido en Tumeremo como un acto de valor, donde familiares y amigos se plantaron firmes y exigieron la investigación. “Pero después de enterrarlos nos hemos derrumbado. No he podido salir de mi casa porque me siento muy mal, pero tenemos que buscar la fortaleza para que sigamos en pie. Esto no puede quedar impune”.

Los tres familiares coinciden al expresar el temor que sienten ahora por haber denunciado este crimen y haber logrado que las autoridades venezolanas se trasladaran hasta allá. Miedo por los hijos huérfanos que dejó “el topo”, por las esposas, madres, padres y hermanos de las víctimas.

“Nosotros no estamos viviendo como es debido. A él no les importa nada, donde esté él manda a matar y mueve a su gente para eso. Es tremendo. Lo que uno vive es puro horror”, afirma la hermana de uno de los ejecutados.

No es la única

El diputado opositor Américo de Grazia, que nació en Bolívar y lleva años investigando hechos irregulares vinculados con la minería en el estado, aclara que esta masacre no es la primera ni la única que ha ocurrido en el denominado “arco minero del Orinoco”, zona que abarca a todos los municipios del estado, incluyendo a ciudades alejadas de los yacimientos auríferos, como la capital, Ciudad Bolívar. Precisa que desde 2006 están ocurriendo estos asesinatos y ejecuciones, relacionados de manera directa o indirecta con la extracción de oro, diamante y coltán.

Ese año se registró la masacre de La Paragua, donde asesinaron a ocho personas según testigos pero se localizaron cuatro cadáveres. De Grazia recuerda que en ese caso no estuvieron implicados grupos armados sino el ejército venezolano. Los sobrevivientes lograron identificarlos y dos oficiales fueron condenados.

A partir de ese hecho, el diputado del Parlamento venezolano asegura que han ocurrido 28 masacres. Con la del 4 de marzo en Tumeremo la cifra llegó a 27, pero dos días después ocurrió otra, en La Paragua, donde asesinaron a seis mineros y cuyos cuerpos fueron encontrados el martes 8 de marzo.

“¿Cuál es la gran diferencia entre Tumeremo y el resto de las masacres? Que los muertos de Tumeremo tuvieron dolientes, tuvieron familia, rostros, edades, hijos, padres. Ese es a mi juicio lo que desentona de los modus operandi anteriores”, sostiene De Grazia. 

Bolívar es un estado fundamentalmente minero, donde están ubicadas las industrias más importantes del país vinculadas al hierro y al aluminio, pero son los yacimientos de oro los que atraen a propios y foráneos.

Él, al igual que los habitantes de Tumeremo, explica que a esas minas llegan venezolanos de todo el país pero también colombianos, brasileros, guyaneses e indígenas, con la particularidad de que ninguno de ellos tiene documento de identidad venezolano. Por ello, cuando matan a uno o varios, no siempre hay quien reclame por esos cadáveres ni cómo identificarlos.  

De ahí que el diputado aún sostenga que los mineros asesinados fueron 28 y no solamente 17, y ese mismo comentario corre en el pueblo. “Es probable que todavía los familiares no sepan que estaban allí. A lo mejor no son venezolanos o son de otros estados”, comenta De Grazia, al igual que la madre de uno de los ejecutados.

El parlamentario detalla que este tipo de masacres han ocurrido en El Callao, Guasipati, El Manteco, El Dorado, Las Claritas, La Paragua y Tumeremo, todas localidades con actividad minera ilegal. El año pasado, solo en El Callao, hubo 70 asesinatos relacionados con la minería, según informó el alcalde de esa localidad a la prensa regional.

A estos poblados han llegado, desde hace 10 años, delincuentes que buscan apoderarse del negocio, que cobran a los mineros un porcentaje por el oro que logran extraer y donde los millones de bolívares se pierden de vista. Un gramo de oro, en Tumeremo, cuesta 30.000 bolívares (22 euros o 25 dólares en el mercado negro venezolano y 126 dólares a la tasa oficial flotante).

Actividad ilegal

De Grazia además explica que al ser una actividad ilegal, se presta para que organismos de seguridad participen en ella, más cuando las zonas mineras son áreas militares, asegura, y precisa que entre esos pueblos y la capital del estado hay innumerables alcabalas custodiadas por militares de los distintos cuerpos (Ejército, Guardia Nacional, Naval), o por policías del estado.

“Es insólito cómo pasa el oro, las armas y el dinero por esas vías. ¿Cómo pasa un camión con 28 cadáveres y nadie lo ve. Cómo puedes pasar 2 kilos de oro?”, se pregunta el parlamentario, y responde asegurando no tener dudas de que en estas masacres y extorsiones hay complicidad de los organismos de seguridad del Estado.

En la masacre de Tumeremo testigos hablan de la participación de tres funcionarios de la policía científica venezolana (el Cicpc), ha denunciado De Grazia, y esa misma percepción es sospechada por los habitantes del pueblo. La relación que puedan tener los policías con “el topo” y otros mafiosos que se han apoderado de las minas, ha sido otra de las causas por las cuales no denuncian los asesinatos y desapariciones forzosas.

Tras identificar a los 17 cadáveres, las autoridades han efectuado allanamientos a viviendas y han intervenido la sede del Cicpc y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Tumeremo, informó uno de los familiares de las víctimas.

“A ellos los ampara el Gobierno. ¿De dónde sacan las armas? Aquí los primeros malandros (delincuentes) son los policías, los guardias, el Cicpc. Por eso uno no confía en nadie y queremos que los cambien a todos. No tenemos seguridad aquí en Tumeremo”, expresó la hermana de uno de los asesinados.

La Asamblea Nacional de Venezuela designó a una comisión de diputados para investigar el hecho, conformada por parlamentarios opositores solamente pues los representantes del partido de gobierno se negaron a integrarla. De Grazia la preside y en esta última semana ha recibido amenazas de muerte por mantener la denuncia sobre lo ocurrido en Tumeremo, por los cuerpos aún no hallados y las posibles vinculaciones de autoridades.

El viernes por la noche los familiares y amigos de las víctimas de la masacre realizaron una vigilia. Vestidos de blanco y con velas encendidas, en la plaza Bolívar de Tumeremo, oraron por ellos y por la paz, “para que no siga este terror”, comentó la misma joven que reclama por la inseguridad.

“Nuestra esperanza era encontrarlos con vida, pero nos queda la tranquilidad de que los tenemos enterrados y no desaparecidos. Si esto pasó para que todo saliera a la luz y detengan a los culpables, que sea la gloria de Dios. Que estas muertes hayan sido por la liberación de Tumeremo”, dice otra de las madres que perdió a su hijo hace 15 días. Pero “el topo” no es más que uno de los mafiosos que controlan las minas y asesinan sin piedad al sur de Venezuela.