Este miércoles está prevista la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso para dar explicaciones de los asuntos tratados en el Consejo Europeo los días 17 y 18 de marzo, sobre el acuerdo con Turquía en materia de refugiados. Sus palabras serán las que sean, pero existe una premisa incuestionable: el acuerdo de Turquía se firmó con la anuencia de los Veintiocho, por consenso. Si no, no sería de aplicación.

Nuestro Gobierno es tan responsable como los demás. El veto español habría abortado su aprobación. Rajoy tiene un argumento fácil para rebatir esto. Un pueril “yo no he sido”, le cargaría a medias de razón, porque no ha estado solo en lo que a nuestro país concierne; ninguno de los partidos mayoritarios en España defendió con la firmeza necesaria el derecho de asilo. Cierto es que el PSOE, en una primera fase, tuvo una posición más firme, pero después calló –otorgando-.

Si lo que pretendemos es vanagloriarnos de tener juristas en los gobiernos que encuentren la technicality adecuada para convertir un acuerdo internacional en una estrategia que se abstraiga de la necesidad de salvaguardar los Derechos Humanos, estamos de enhorabuena. Parece que la redacción del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía está realizada escrupulosamente.

La redacción está medida hasta en lo trascendente. El pasado mes de septiembre, Angela Merkel defendió la denominación “refugiados” y consiguió el uso generalizado entre sus colegas. Pero el texto es oscuro y sustituye este término por “inmigrantes irregulares”, un concepto que goza de menor protección y envergadura y es, en cualquier caso incorrecto. Y los Gobiernos callan. Callan y firman. Firman y se congratulan por encontrar una solución jurídica.

Conste que se trata de una decisión adoptada por los veintiocho Jefes de Estado o de Gobierno que conforman el Consejo Europeo. No ha sido acordada por el Parlamento Europeo, que ha llamado la atención sobre los riesgos que estas medidas implican. La sociedad civil está atónita y la preocupación de las organizaciones que trabajan sobre el terreno es alarmante.

Estamos ante un flagrante incumplimiento del derecho de asilo, ante un grave atentado contra el espíritu de la Convención de Ginebra

En mi humilde opinión y en otras menos humildes, estamos ante un flagrante incumplimiento del derecho de asilo, ante un grave atentado contra el espíritu de la Convención de Ginebra y del Protocolo de 1967, que encomienda a Naciones Unidas (Acnur) la vigilancia de su aplicación.

Acnur abandona Grecia y Turquía, denunciando las aberraciones y las vulneraciones de los derechos fundamentales y de las garantías necesarias para el cumplimiento de los requisitos mínimos. Si quienes están encargados de la observancia de las normas se marchan por la desprotección y los incumplimientos, existe una innegable quiebra entre una situación protegida por un texto redactado para “cubrir las espaldas” de los Gobiernos y una realidad intolerable de vulneración de derechos humanos, generada en cadena por el quebrantamiento del derecho de asilo.

La transgresión de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es indiscutible, así como de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE. No existe una carta de ruta, existen masas de personas que carecen de una vía legal para llegar a Europa, y, cuando lo hacen, carecen de respuesta que garantice sus derechos.

Las masas de personas están formadas por niños, niñas, mujeres y hombres. Escapemos a la cosificación a que nos arrastran los conceptos. Son personas que sufren y que se ven privadas de las condiciones mínimas que garanticen su dignidad y la supervivencia, personas que, en su huida, sufren agresiones, vejaciones y privaciones en sus países de origen, en el tránsito y en su destino.

Hay cifras tan vergonzantes como que el 75% de las muertes en éxodo en el mar, se producen en el Egeo y en el Mediterráneo

Las primeras vías que se cierran para los refugiados son las más seguras. Por eso, las subsidiarias, cada vez son más peligrosas. Y vamos derivando en otras más letales. Cada vez, más muertos. Hay cifras tan vergonzantes como que el 75% de las muertes en éxodo en el mar, se producen en el Egeo y en el Mediterráneo.

El tratamiento individualizado de cada expediente es una entelequia; las organizaciones que trabajan sobre el terreno cuentan que la información a los refugiados se les facilita en inglés (no en sus idiomas) e, incluso, que muchos al entrar, están recibiendo tratamiento de detenidos.

La vocación de la norma debe llevar ínsita la posibilidad de su aplicación. En este caso, no parece posible. La carencia de medios y la dificultad del tratamiento individualizado de cada expediente es evidente. Habría que discriminar quién tiene realmente derecho al asilo y quién no y garantizar lo establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero el proceso colectivo y masivo es más que una posibilidad. El texto del acuerdo, una excusa que nos mantiene alejados de la cruda realidad con un mar de por medio.

A todo eso, añadimos la consideración de “país seguro” que se hace de Turquía. Para poder reenviar al solicitante de asilo allí, uno de los requisitos es que se trate de un estado seguro. Esta consideración de seguridad para los refugiados en terreno otomano es más que cuestionable. ¿Quién dice que es seguro? ¿Los mismos juristas que han redactado el acuerdo que libera a los Gobiernos europeos? Preguntas retóricas que no esperan respuesta, porque está impresa en nuestras mentes.

No nos llevemos a engaño. El camino es posible, pero no es éste. Es largo y difícil, pero posible. Con voluntad política, se puede llegar a un acuerdo global sobre el derecho de asilo, a la tramitación de la petición europea con resolución comunitaria, a la gestión comunitaria de las responsabilidades y a la unificación del marco legal. La dispersión en este sentido es anacrónica, inútil y atenta contra la debida equidad.

Europa no está abordando más que una mínima parte del problema. No podemos enarbolar la bandera de los solucionadores de la crisis. Hay que enmarcar la función europea en el contexto que realmente tiene. Según diversas fuentes, la UE no se ha comprometido a asumir ni un 5% del asilo de los refugiados reales. No estamos siendo Atlas, ni llevamos el mundo a nuestras espaldas.

Entonemos un “mea culpa”. Si la responsabilidad es de los partidos políticos en los Gobiernos, responsabilidad tenemos quienes ejercemos el derecho al voto. El debate de los refugiados “no da votos” y puede tener coste electoral para sus defensores.

Terminaba Espronceda su canción diciendo: “Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad; mi ley, la fuerza y el viento; mi única patria, la mar”. Y este artículo termina deseando para los refugiados libertad, patria y ley que les ampare.

Cruz Sánchez de Lara Sorzano es abogada, presidenta de THRibune: Tribune for Human Rights y patrona de Alianza por la Solidaridad.