Desde crear legislación para que las empresas sean responsables penalmente si sus empleados ayudan a evadir impuestos.
Hasta anunciar que los territorios británicos y aquéllos dependientes de la Corona como las islas Vírgenes y las islas Caimán, considerados hasta ahora paraísos fiscales, deberán informar a las autoridades a partir de septiembre sobre quien realmente controla cada empresa creada allá.
Éstas son algunas de las medidas anunciadas por Cameron, asediado por los medios y la oposición, que le acusan de no hacer nada contra la evasión fiscal.
“Ningún gobierno ha tomado acciones más robustas contra la evasión fiscal", afirmó con tono pausado en su primera comparecencia ante los Comunes desde que estalló el escándalo de los papales de Panamá.
“Vendí todas las acciones que tenía ese año porque no quería que hubiera problemas por conflicto de intereses. Vender todas las acciones era la más clara y sencilla manera de hacerlo”, añadió Cameron en referencia al fondo offshore de su padre que aparecía en los documentos de la firma Mossack Fonseca.
Pero todas estas explicaciones no terminaron de convencer a la oposición. El líder laborista, Jeremy Corbyn, afirmó que “hay una regla para los ricos y otra para los demás”, sugiriendo que el Gobierno era “incapaz de actuar globalmente contra la evasión fiscal”. Y le atacó por dar una “clase maestra en el arte de distracción” sobre sus cuentas fiscales.
Coincidiendo con el debate parlamentario, Corbyn publicó su propia declaración de la renta, al igual que lo hacía el ministro de Economía, George Osborne, siguiendo la estela de Cameron, quien el pasado domingo hizo pública sus cuentas desde 2010.
Según estos papeles, Osborne obtuvo en 2014-2015 unos ingresos de 198.738 libras (247.900 euros) y pagó 72.210 de libras en impuestos, una maniobra considerada como un esfuerzo por parte del Gobierno de parecer transparente frente a la opinión pública.
Esto contrasta con los cuatro comunicados cuidadosamente redactados en cuatro días, tras lo cual Cameron finalmente cedió a la presión y admitió haberse beneficiado de la venta de su participación en el fondo de su padre.
Ante esto, Cameron se defendió asegurando que se trataba de una reacción contra las afirmaciones “profundamente dolorosas e incorrectas” sobre su padre, quien falleció hace unos años. Puntualizó que tener fondos de inversión en el extranjero es “completamente común” y utilizado por organizaciones como la BBC, y que los suyos eran conocidos por las autoridades fiscales británicas, además de haber pagado impuestos sobre las ganancias.
Más medidas
Cameron hizo un esfuerzo por aparentar retomar la iniciativa política, admitiendo que el problema de la evasión fiscal era muy serio, y anunciando varias medidas contra ella.
Además de punir a quienes ayuden a evadir impuestos y que los territorios británicos -muchos de ellos considerados paraísos fiscales- deban de informar sobre los propietarios reales de las empresas creadas allá, se creará un nuevo grupo de trabajo para ayudar a la Hacienda británica a cazar a los defraudadores.
Cameron anunció también que, a partir de junio, el Reino Unido será el primer país del G20 en tener un registro público de empresas, revelando quienes son realmente sus dueños.
Agregó que su hará todo lo posibles para que otros países se unan a este esfuerzo, en la conferencia internacional contra la corrupción que se celebrará en Londres el próximo 12 de mayo.