Tres años de Nicolás Maduro: más inflación, violencia y escasez

Nicolás Maduro llega este 19 de abril a su tercer año en la presidencia de Venezuela conduciendo a un país muy distinto a aquel que empezó a gobernar en 2013. En 36 meses de gestión, las condiciones de la nación han empeorado y hoy vive una aguda crisis económica, política y social, donde los indicadores económicos evidencian que se trata de uno de los peores momentos en su historia republicana.

Cuando Maduro ganó las elecciones el 14 de abril de 2013, con 7.587.579 votos frente a los 7.363.980 del opositor Henrique Capriles Radonski, asumió las riendas de un país que había finalizado 2012 con una inflación de 20,1% y un índice de escasez de 16,3%, según datos oficiales del Banco Central de Venezuela.

Lo que ha ocurrido desde entonces es un incremento de las cifras que deberían bajar y una disminución de aquellas que deberían subir. La inflación se ha elevado exponencialmente en estos tres años. En 2013 finalizó en 56,2%, en 2014 sumó 8,5 puntos más y el año 2015 pasó a la historia con una inflación de tres dígitos: 180,9%.

Hasta el año pasado, el peor año inflacionario de Venezuela había sido 1996, con 103,2% durante la presidencia de Rafael Caldera.

Las expectativas para 2016 no son alentadoras. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dicho que la inflación estará cercana al 500% en este año y que en 2017 puede llegar a cuatro dígitos y ubicarse en 1.600%. El ente internacional ha advertido que la caída de los precios del petróleo profundiza los desequilibrios macroeconómicos existentes en el país y que la recesión seguirá presente en la nación caribeña; si en 2015 la economía venezolana se contrajo 5,7%, en 2016 pasará a 8% y en 2017 a 4,5%.

Inflación a toda velocidad

Los venezolanos han visto cómo se reduce su poder adquisitivo no solamente año a año, sino mes a mes y día a día, pues si bien la inflación general ha llegado a niveles altos, la vinculada a la alimentación se ha incrementado aún más.

En abril de 2013, la canasta básica de alimentos requerida por una familia de 5 miembros, de clase trabajadora, tenía un costo de 5.445 bolívares; se necesitaban 2,6 salarios mínimos para cubrirla. En febrero de este año, esa misma canasta, con sus mismos 58 alimentos básicos, cuesta 121.975 bolívares y se necesitan 12,6 salarios mínimos.

La velocidad de la inflación venezolana se observa al comparar el precio de esa canasta de alimentos en tres momentos: en un mes aumentó 14,3%, en un año (de febrero de 2015 a febrero de 2016) subió 514,2% y en casi tres años el incrementó fue de 2.139%.

“El salario mínimo, por primera vez en 20 años, apenas alcanza para comprar el 7,9% del costo de la canasta alimentaria familiar”, ha dicho Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), organismo independiente encargado de hacer las mediciones de la canasta alimentaria y de la canasta básica.

Maduro ha incrementado el salario mínimo 11 veces en 36 meses para “proteger el ingreso de los trabajadores frente a la guerra económica”, pero esos aumentos han sumado 465,46%. No se equiparan con la inflación.

El economista Ronald Balza ha señalado que los aumentos salariales son un intento por “tapar un fracaso en el manejo de la economía”, que en realidad demuestran la velocidad con la que la inflación supera al poder adquisitivo de la población, y que a pesar de los ajustes siempre son insuficientes.  

La “guerra económica”

Nicolás Maduro ha asegurado y reiterado en estos tres años de su mandato (la Constitución de Venezuela establece que el período presidencial es de seis años), que la inflación es culpa de una “guerra económica” que mantienen sectores económicos y políticos que quieren derrocarlo.

También la guerra económica sería la causante del desabastecimiento y ahora de la escasez de alimentos y medicinas, de los precios altos, de la especulación y del acaparamiento de productos -que a su vez es uno de los factores que inciden en la escasez, a juicio del presidente.

Pero ese argumento de la guerra económica se ha desgastado y para diciembre de 2015, según datos de la encuestadora Datanálisis, el 70% de los venezolanos rechazaba esa tesis como la causa de los problemas económicos del país.  Y según sondeos más recientes, realizados por la empresa Hercon Consultores a principios de abril, 12,2% de los venezolanos considera que la crisis económica es responsabilidad de la “guerra económica activada por la oposición”, mientras que 81,5% asegura que el responsable es “el Gobierno de Maduro”.

Sin medicinas, sin alimentos

La última vez que el Banco Central de Venezuela publicó los índices de escasez de productos fue en febrero de 2014. En esa oportunidad reveló el dato correspondiente a enero de ese año, cuando el porcentaje llegó a 28. “El índice de escasez lo debe tener el Gobierno. No es un índice político”, dijo entonces Nelson Merentes, presidente del BCV, para justificar el silencio sobre esa variable.

Pero aunque no se divulgue, los venezolanos han notado cuánto ha empeorado. Rodrigo Agudo, especialista en planificación y gerencia del sector agroalimentario, ha explicado que Venezuela pasó del desabastecimiento a la escasez. En 2013 se conseguían productos pero no en sus distintas presentaciones y variedades para comprarlos según el gusto y dinero disponible. Y luego, a mediados de 2014, llegó la escasez, que Agudo describe como la circunstancia en la cual ese único producto, presentación o variedad no se consigue. Y ésta se ha agravado.

Sólo en Caracas, en febrero de este año, la firma Datanálisis precisó la escasez de productos en 82,8%.

Lo que ha ocurrido durante la gestión de Maduro ha sido un colapso del modelo implantado por Hugo Chávez, asegura el experto agroalimentario. Se quiso pasar de la propiedad privada a la propiedad colectiva, se expropiaron fincas e industrias y en paralelo comenzaron a importarse alimentos mientras se consolidaba ese cambio de propiedad. Con el petróleo venezolano a 100 dólares no hubo problema pero el país se fue endeudando con las importaciones de alimentos.

“El problema es que destruimos la capacidad de producción y se fomentó la dilapidación de esos excedentes”, ha dicho Agudo.

Venezuela dejó de producir y exportar alimentos y empezó a depender de la importación, las deudas aumentaron y en 2013 ese sistema colapsó, asegura el especialista. Lo que ha vivido la nación suramericana desde entonces ha sido una escasez acentuada que hoy obliga a hacer filas de 5 horas de media para poder adquirir los alimentos a precios regulados por el Gobierno en las redes públicas y privadas.

No se reconoce la existencia de escasez sino de acaparamiento y se responsabiliza a la guerra económica ejecutada por empresarios. La respuesta de Maduro para afrontar esto fue la instalación de “captahuellas” (sistemas biométricos de identificación) en los supermercados y la venta de alimentos y productos de primera necesidad por número del documento de identidad (según el último dígito).

Con las medicinas básicas y para enfermedades crónicas y de alto costo también hay una escasez que para este mes se ubica en 80% y 75%, respectivamente. La Federación Farmacéutica de Venezuela había reportado una escasez de fármacos de 20% a principios de 2013 y de 60% a mediados de 2014.

El Gobierno mantiene una deuda de 3,5 millardos de dólares con las empresas farmacéuticas encargadas de importar materia prima o fármacos de alto costo que no se producen en Venezuela. El sector importador de insumos y equipos médicos también está afectado por deudas que no se han pagado y que han paralizado las líneas de crédito en el exterior. De ahí que el sector salud en Venezuela, durante los tres años de Maduro, haya llegado a condiciones críticas donde los gremios aseguran que están muriendo pacientes por falta de medicinas y varias organizaciones de derechos humanos están solicitando ayuda humanitaria a los organismos de Naciones Unidas.

Devaluaciones y reservas

El control cambiario en Venezuela fue instaurado en 2003 por el entonces presidente Hugo Chávez y no hay señales de que se levante. Nicolás Maduro asumió la presidencia con el tipo de cambio preferencial (para importar alimentos y medicinas) en 6,30 bolívares por dólar americano. Con la devaluación aplicada este año, de 58,7%, pasó a 10 bolívares por dólar.

El tipo de cambio complementario (para el resto de los rubros) ha tenido varias fluctuaciones en este período, pasando de entre 10 y 12 bolívares por dólar a la nueva tasa que rondó los 328 bolívares hace una semana, lo que refleja una devaluación de 2.633%.

Pero la carestía de divisas, consecuencia de la caída del precio del petróleo venezolano, así como del “despilfarro” a juicio de unos economistas, o la “inversión social” como sostiene el Gobierno chavista, han impactado negativamente en la crisis venezolana, pues de los billetes verdes americanos depende el pago de deuda a proveedores nacionales y extranjeros, para reactivar la producción nacional. Aunque no es la única variable, sí es fundamental.

El país suramericano pasó de recibir 41.000 millones de dólares por ingresos petroleros en 2013 a 12.587 millones de dólares en 2015. Para compensar esto, el Gobierno ha girado la balanza y procurado que más de 80% del presupuesto del país se soporte en el ingreso vía impuestos.

Mientras la disponibilidad de divisas ha caído, las reservas internacionales también. Cuando Maduro asumió la presidencia de Venezuela el 19 de abril de 2013, las reservas internacionales sumaban 26.535 millones de dólares. Actualmente están en 12.888 millones, una caída de 51%. Sólo en 2016, entre enero y abril, han salido 3.442 millones de dólares de las reservas internacionales, según detalla el propio Banco Central de Venezuela.

Popularidad desplomada

Ser el “elegido” de Hugo Chávez para ocupar la presidencia de Venezuela le sumó puntos a Nicolás Maduro por pocos meses. En mayo de 2013, teniendo un mes como presidente, su popularidad llegó a 54,4%.

Seis meses después las encuestas reflejaron una caída de 15 puntos en su aceptación y Maduro tenía en puertas unas elecciones municipales. Que el chavismo las ganara o perdiera dependía también que se reactivaran las dudas sobre los resultados de las presidenciales de abril de 2013, cuando superó al líder de la oposición Henrique Capriles Radonski por apenas 223.599 votos.

La estrategia de Maduro fue ordenar una operación cívico militar, el 8 de noviembre de 2013, para rebajar los precios de los electrodomésticos y línea blanca hasta en 75%. Comenzó en una famosa cadena de tiendas llamada Daka y de allí que sus consecuencias e implicaciones sean conocidas como “Dakazo”.

En un mes (antes de las elecciones municipales), rebajaron los precios en todos los comercios de línea blanca del país. La demanda disparada por adquirir televisores, refrigeradores, lavadoras, cocinas, aires acondicionados y demás artículos agotó los inventarios en tiempo récord. Luego ocurrió lo mismo en otros rubros como ropa, calzados y juguetes.

Maduro sacó provecho político y el chavismo logró ganar 256 alcaldías frente a 81 de la oposición. Pero la crisis económica avanzaba y su popularidad siguió afectada. En 2014 promedió el 36% de aceptación.

Ese fue el año de las protestas denominadas por el Gobierno como “guarimbas”, y que se extendieron entre febrero y mayo en varios estados del país. Leopoldo López y María Corina Machado, representantes de la oposición y militantes de partidos políticos distintos, hicieron un pronunciamiento denominado “La Salida”, donde pedían a los venezolanos protestar en contra de la escasez, inseguridad y desabastecimiento como presión para generar un cambio. El 12 de febrero, la protesta liderada por López y protagonizada por miles de estudiantes, terminó con hechos violentos y tres muertos. Dos de ellos causados por funcionarios policiales del Estado que enfrentaron con armas de fuego a los manifestantes, según han arrojado las investigaciones.

El resultado de tres meses de protestas fue la detención arbitraria de 3.127 personas en esas manifestaciones y 43 fallecidos; solo se han resuelto dos de esos casos. De estas acciones se han documentado torturas y el incremento de los presos políticos en el país (actualmente hay 78 según la organización Foro Penal).

El líder opositor Leopoldo López se entregó a las autoridades venezolanas el 18 de febrero de ese año y desde entonces está preso. El año pasado se le dictó una sentencia de 13 años 9 meses 7 días y 12 horas de prisión, por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. No fue declarado responsable de las muertes ocurridas, pero para el Gobierno de Nicolás Maduro lo es, y lo califican de asesino. Organismos internacionales como Naciones Unidas, sin embargo, han denunciado la condena de López.

En 2015 no le fue mejor a Nicolás Maduro con su popularidad, complicada aún más por la agudización de la escasez de alimentos y medicinas, que culminó con una elección parlamentaria ganada por la oposición.

Actualmente la aceptación del presidente ronda el 33%, un repunte que para el politólogo Nicmer Evans se debe al “desencanto” de la población por la actuación de la Asamblea Nacional en sus primeros tres meses de gestión.

Los parlamentarios opositores han sancionado cinco leyes, entre ellas la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, pero el Tribunal Supremo de Justicia, en alianza con el Ejecutivo, la ha declarado inconstitucional.

Maduro además se enfrenta este año una posibilidad más clara de salir del poder por la vía electoral, con la posible activación del referendo revocatorio. Aunque el Consejo Nacional Electoral ha demorado la respuesta para activar el trámite, los venezolanos ya manifiestan en distintas encuestas sus opiniones al respecto.

La firma Datanálisis registró en febrero de este año que 52,1% de los consultados votaría en contra de la permanencia de Maduro en el cargo y en marzo, un sondeo de la encuestadora Hinterlaces reflejó que 58%  de la población estaba de acuerdo con destituir a Maduro para salir de la crisis. Esa misma empresa preguntó a quién elegiría en ese momento como Presidente de la República obteniendo un 19% que votaría por Leopoldo López, 18% elegiría a Nicolás Maduro y 14% a Henry Falcón (gobernador del chavismo que pasó a ser de oposición). Henrique Capriles ocupó el cuarto lugar con 13%.

Inseguridad acuciante

Los planes de inseguridad que se ha propuesto el chavismo en sus años de revolución no han frenado sino desbordado los índices de inseguridad, y en estos tres años de Nicolás Maduro no ha sido diferente.

El presidente “obrero”, como se hace llamar, recibió un país donde habían ocurrido 21.630 homicidios en 2012 (73 asesinatos por cada 100.000 habitantes). El año pasado finalizó con 27.875 muertes violentas, lo que se traduce en una tasa de 90 fallecidos por cada 100.000 habitantes, ha informado el Observatorio Venezolano de Violencia. Esto significa que de cada cinco personas que mueren en América, uno es venezolano, asevera la organización.

En septiembre de 2013 comenzó a ejecutarse un plan denominado “Zonas de paz”, que consistió en identificar las localidades de Venezuela con los índices delictivos más altos e invitar a las bandas que allí operaban a desmovilizarse y a entregar voluntariamente las armas. Esto implicó que los organismos de seguridad del Estado no podían ir a esos espacios, pues se esperaba la respuesta altruista de los delincuentes.

Hoy esas zonas siguen siendo las más peligrosas, los policías no pueden ingresar, y en el caso de Caracas, generó una alianza entre bandas armadas -que antes eran rivales- para matar a los uniformados que intenten cumplir labores de seguridad en esos lugares.

En julio de 2015 se desplegó un nuevo plan, llamado “Operativo para la Liberación del Pueblo”, para ingresar a esas zonas con funcionarios militares y detener a los delincuentes. Pero más allá de neutralizarlos ha aumentado la rivalidad y con ello el incremento de los asesinatos de policías y guardias nacionales, que incluso está llegando a familiares de funcionarios policiales.

“¿Cuántos funcionarios policiales y civiles deben morir? ¡Hay que tomar policial y militarmente los corredores de la muerte de Caracas”, ha dicho Freddy Bernal, exdiputado del Psuv, quien entre 2014 y 2015 fue designado como comisionado presidencial para la transformación policial.

Además de ser el país de la región, junto a El Salvador, con la mayor cantidad de homicidios, Venezuela tiene un índice de impunidad de 92%. Sólo dos de cada 10 delitos se castigan, ha asegurado el Observatorio de Violencia, y en este contexto los venezolanos están optando, desde el año pasado, por tomar la justicia por sus propias manos. Los linchamientos están aumentando en la Venezuela de Nicolás Maduro, tanto que la Fiscalía General de la República ha informado que está investigando 26 hechos, ocurridos en los últimos seis meses, en los cuales han fallecido 20 personas. La mayoría de ellas intentaba robar en plena vía pública.