Las nuevas revelaciones del escándalo de los 43 estudiantes desaparecidos en México

Lejos de resolver el rompecabezas de la desaparición forzosa de 43 estudiantes en el estado mexicano de Guerrero hace año y medio, el último informe del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destapa, sin embargo, una supuesta falta de voluntad de las autoridades del país por esclarecer los hechos al tiempo que mina el relato oficial del 'caso Ayotzinapa'.

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa pararon en el municipio suroccidental de Iguala para hacerse con autobuses con los que viajar a México capital. Allí pretendían participar en la conmemoración de la matanza estudiantil de Tlatelolco. Tras tomar varios vehículos y toparse con las fuerzas de seguridad, 43 de ellos desaparecieron para no volver a ser vistos, un misterio que involucra a sicarios, policías y políticos.

Por petición de las familias de las víctimas, la Comisión Interamericana designó un colectivo de especialistas -oficialmente, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)- para ayudar a arrojar luz sobre la tragedia. Un año después, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha negado a los expertos la posibilidad de prolongar sus pesquisas, por lo que tendrán que abandonar el país.

Pero antes de irse, el GIEI ha presentado un nuevo informe este lunes que golpea a la Fiscalía y su versión: que los estudiantes fueron cremados en el vertedero de una localidad vecina y sus restos acabaron en el río. Éstas son sus principales revelaciones:

1. - Imágenes de satélite muestran que no hubo hoguera en el basurero

La Fiscalía mexicana ha venido defendiendo que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, una población próxima a Iguala. Pero el grupo internacional de expertos mantiene su convicción -que ya expresó en su primer informe- de que no se quemó a los desaparecidos en dicho vertedero.

“Hasta la fecha ninguno de los restos analizados desde el basurero de Cocula ha dado un solo resultado positivo para la identificación de alguno de los 43 estudiantes”, afirma el nuevo reporte de los especialistas.

En su primer estudio, el GIEI argumentaba que se necesitan días y toneladas de material para incinerar tal cantidad de cuerpos, lo que contradice el relato oficial. Asimismo, el área circundante al vertedero no mostraba daños que un fuego de esa magnitud hubiera provocado.

Entre otras evidencias, los expertos recogen ahora un informe del Centro de Ciencias de la Atmósfera que indica que “los productos que monitorean incendios con base a información de satélites (...) muestran un solo punto de incendio en el Estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, el cual no corresponde a las coordenadas de la población de Cocula”.

En otras palabras: la noche en que los estudiantes habrían sido cremados, sólo se registró un fuego en todo el estado de Guerrero y ese fuego no se produjo en la localidad de Cocula.

2. - Omisiones en el expediente de la Fiscalía

El 29 de septiembre, los buzos de la Marina rescataron dos bolsas del río San Juan en las que se encontraron los restos de uno de los estudiantes desaparecidos. Agustín García Reyes, uno de los inculpados en el caso, fue llevado al escenario para contribuir a la investigación.

Pero el grupo internacional de expertos revela ahora, tanto en el citado informe como en un vídeo, que el día anterior, el 28 de septiembre, las autoridades ya habían acudido a la zona con el detenido, quien presentaba lesiones externas. Allí, los investigadores del Estado tomaron pruebas juntas el río, pero nada de lo realizado ese día quedó plasmado en un expediente oficial.

Por otro lado, el vídeo muestra dos bolsas muy semejantes a las encontradas oficialmente en el río al día siguiente, una de las cuales portaba “restos carbonizados”.

3. - Posibles torturas a sospechosos por parte de las autoridades

Los expertos de la Comisión Interamericana aseguran que existen indicios importantes de que al menos 17 sospechosos -desde sicarios a agentes policiales- fueron torturados. Muchos implicados en la desaparición forzosa habían denunciado malos tratos y tortura.

“Hay una fuerte inconsistencia de las alegaciones de que [las lesiones] fueron anteriores o en el momento de la detención”, expone el reporte. Los investigadores internacionales señalan que mientras la mayoría de informes médicos iniciales no recogen lesiones, los detenidos comienzan a presentarlas a posteriori. “En todos los casos se dan lesiones nuevas durante el período de detención bajo custodia, en diferentes momentos. Es decir, no pueden ser debidas a maniobras de detención”.

4. - Una operación coordinada para frenar la huida de los estudiantes

El segundo y último informe de los expertos de la Comisión Interamericana apunta a una operación coordinada para impedir que los estudiantes huyeran de Iguala en los autobuses robados. “Para el GIEI el conjunto de la acción muestra un modus operandi coordinado para evitar la huida de los autobuses”, dicen los especialistas independientes.

El informe cuenta cómo la Policía de Huitzuco, una ciudad del estado de Guerrero, se movilizó para realizar “un retén en la carretera en el cruce hacia Pololcingo, sin ningún motivo declarado, durante las horas claves de esa noche”.

El documento también desvela que los bloqueos llegaban a Mezcala, una localidad a varias decenas de kilómetros de Iguala, donde se produjo un ataque a dos vehículos por parte de “aparentemente miembros del crimen organizado, con armas de gran potencia”.

5. - Uno de los estudiantes escribió a su madre cuando supuestamente estaba siendo incinerado

Siete teléfonos móviles de los estudiantes permanecieron encendidos tras la tragedia, según el grupo de expertos. De hecho, uno de los desaparecidos escribió a su madre de madrugada para que le recargara el saldo de su dispositivo, cuando la quema de cuerpos supuestamente estaba teniendo lugar.

La Fiscalía decía que los teléfonos y los chips de las víctimas ardieron, pero “el hecho de que distintos teléfonos y chips registraran activación después del 27 de septiembre de 2014, cuestiona la teoría sostenida por la PGR [Procuraduría General de la República]”, aseguran los expertos.

6. - Las autoridades habrían obstaculizado la investigación independiente

El informe narra numerosos problemas encontrados por el grupo de expertos a la hora de lidiar con las autoridades y obtener información de ellas.

Por ejemplo, el documento señala que, en la semana previa a su publicación, la Fiscalía proporcionó buena parte del material que habían solicitado, el cual no pudo analizarse. “La celeridad con que actuó la PGR en la última semana contrasta con la dilación y demora que existió en los últimos cuatro meses del segundo mandato [el periodo en que los expertos trabajaron en su segundo y último informe] y confirma que estas diligencias pudieron realizarse de manera coordinada y ordenada durante todo este tiempo”, denuncian los especialistas.

Este material incluía declaraciones de personal de seguridad y algunos funcionarios estatales, que los especialistas consideraban vitales para su pesquisa.

Asimismo, el colectivo de expertos independientes pidió a la Fiscalía que solicitase información a Estados Unidos sobre un caso que, a su ver, podría ayudar a esclarecer la desaparición de los estudiantes.

Los expertos sostienen la hipótesis de que los estudiantes tomaron un quinto autobús y que este portaba droga o beneficios derivados del narcotráfico, lo que explicaría la virulencia de las acciones contra ellos -una teoría que, denuncian, las autoridades se han resistido a investigar. Mientras, la Fiscalía de Chicago asegura que miembros del cartel Guerreros Unidos transportaron droga en autobuses.

La Fiscalía mexicana tardó en enviar la petición al norte de la frontera y lo hizo de forma vaga, de tal manera que las autoridades estadounidenses declinaron su solicitud de información.

Entre otras dificultades, se les ha impedido a los expertos estar presentes en las entrevistas a funcionarios militares, que, sospechan, jugaron un papel la noche de la desaparición y se dejó sin vigilancia el escenario del basurero.

“Estas acciones muestran que existen ciertos sectores que no están interesados en la verdad, ni en una relación de colaboración efectiva que ayude realmente a México a enfrentar los problemas de violaciones de derechos humanos con el caso Ayotzinapa”, sentencian los especialistas.