“[El cliente] me pagó y estaba a punto de bajarme del auto cuando me agarró del cuello y me cortó con un cuchillo. Le di todo el dinero que tenía y mi teléfono celular y me dejó ir”, cuenta Laura, una trabajadora sexual de Buenos Aires, a Amnistía Internacional (AI). “[No fui a la Policía porque] no me van a escuchar porque soy trabajadora de la calle”.
Historias como las de Laura se repiten a menudo en la capital argentina y otras partes del mundo donde la criminalización de la prostitución impide a trabajadores sexuales denunciar abusos y pedir ayuda, revela una investigación a gran escala de AI. Aparte de Buenos Aires, la organización ha estudiado también la situación de Hong Kong, Papúa Nueva Guinea y Noruega.
En Argentina, la compraventa de servicios sexuales no es ilegal per se, pero la ley confunde el límite de la trata de personas y el sexo remunerado con consentimiento y penaliza actividades conexas.
La organización denuncia además que, ante esta situación, la Policía argentina aborda de manera arbitraria a los trabajadores y trabajadoras sexuales y se ceba especialmente con el colectivo transexual. Asimismo, estas personas sufren discriminación cuando acuden al médico por lo que algunas han dejado de recurrir a los servicios sanitarios, según AI.
“Realmente no teníamos acceso a los servicios de salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar”, dice un testimonio recogido por la organización internacional.
Los casos son similares en Hong Kong, donde los servicios sexuales son legales si se desarrollan dentro del domicilio. El aislamiento expone a los trabajadores y trabajadoras sexuales al abuso y el miedo a represalias por parte de las autoridades les disuade de acudir a la Policía. “No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales”, dijo Queen, una trabajadora sexual, a la ONG.
De hecho, la organización asegura que la Policía extorsiona a este colectivo y le tiende trampas. De nuevo, los transexuales son un grupo frecuente en el punto de mira de los agentes.
La legislación noruega castiga la compra de servicios sexuales -si bien no penaliza su venta- y otros actos conexos como la “promoción de la prostitución”.
Las personas que desarrollan esta actividad se muestran de nuevo reacios a comunicar sus problemas a las autoridades. “Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la Policía. No quiero que figure en mi historial”, dijo una noruega a AI.
Las personas que ofrecen servicios sexuales en Noruega corren el riesgo de perder su hogar si hablan con los cuerpos de seguridad. Los caseros pueden verse en apuros si alquilan sus inmuebles a ciudadanos que desarrollan servicios sexuales en ellos.
En Papúa, el comercio sexual no sólo es ilegal sino también la homosexualidad. “Es la principal causa de procesamiento de trabajadores sexuales”, asegura Amnistía. La organización cita un estudio académico fechado de 2010 que mostraba que la mitad de los trabajadores y trabajadoras sexuales de la capital habían sido violados, bien por sus clientes, bien por la Policía.
AI llama a las autoridades a despenalizar el sexo remunerado consentido entre adultos como forma de dar acceso a los trabajadores sexuales a protección legal y garantizar que puedan realizar su actividad con seguridad.