El acuerdo con Turquía se ha convertido en el nuevo modelo para la política migratoria de la UE. Pese a todas las críticas, los dirigentes europeos alegan que ha dado resultados: la llegada de refugiados a las islas griegas ha caído drásticamente en las últimas semanas. Por ello, la Comisión ha presentado este martes un nuevo plan migratorio cuya prioridad es firmar pactos similares con varios países de África. Pero con una diferencia crucial. No sólo dará más dinero a los gobiernos africanos que frenen la inmigración, sino que castigará, por ejemplo recortándoles la ayuda al desarrollo, a los que no acepten la devolución de irregulares.
A corto plazo, Bruselas quiere negociar acuerdos similares al de Turquía con Senegal, Níger, Nigeria, Mali y Etiopía, alguno de los principales países de origen de los inmigrantes que llegan a Europa. Además, ya ha entablado conversaciones con Jordania y Líbano. Después seguirán otros.
También aumentará la cooperación con Túnez y Libia, aunque la debilidad del gobierno de este último país, que no controla todo el territorio, impide firmar un pacto migratorio. De la lista se ha excluido a Marruecos, porque ahora mismo no es un país importante de tránsito. Pero sobre todo porque sus relaciones con la UE no atraviesan por su mejor momento.
Los objetivos inmediatos de estos acuerdos migratorios son dos. Por un lado, evitar la salida de personas y frenar el número de muertes en el Mediterráneo. Y por otro forzar a los países en cuestión a readmitir a los migrantes irregulares que sean detectados en Europa.
En la actualidad, la tasa de retorno de irregulares no llega en la UE al 40% de todos los detectados. Bruselas sostiene que si se aumenta el número de repatriaciones, la gente se dará cuenta de que no tiene sentido arriesgar su vida y pagar a un traficante si al final tiene muchas posibilidades de ser devuelta a su país de origen.
"Incentivos negativos"
Para convencer a los países africanos de firmar estos acuerdos migratorios, el Ejecutivo comunitario plantea una combinación de “incentivos positivos y negativos”. “Incentivos negativos” o “consecuencias” son los nuevos eufemismos que utiliza Bruselas en su plan para referirse a las sanciones contra los gobiernos que se nieguen a colaborar en las repatriaciones.
“Si no existe la posibilidad de aplicar estos incentivos negativos, se pierde parte del poder de presión”, explica un alto funcionario de la UE. El principal castigo será la reducción de la ayuda al desarrollo. Pero la Comisión plantea también otro tipo de sanciones. Por ejemplo, acabar con las ventajas comerciales (sobre todo los aranceles reducidos) de los que se benefician muchos países en vías de desarrollo. O reducir el número de visados que conceden los países miembros.
“Debemos lanzar un mensaje político claro: profundizaremos nuestra relación y daremos más a los países que quieran trabajar con nosotros en cuestiones migratorias. Y a los que no les retiraremos algunos beneficios”, explica el alto funcionario.
Sin dinero nuevo
Los países africanos que acepten colaborar y frenen la salida de migrantes recibirán más ayuda de la UE. Unos fondos que servirán para financiar proyectos de desarrollo a largo plazo que aborden la raíz del problema. Y que se utilizarán también para mejorar la gestión migratoria, por ejemplo para reforzar la guardia fronteriza y costera. El ejemplo a seguir es el de los acuerdos que alcanzó el Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero con Senegal y Mauritania tras la crisis de los cayucos en 2006, según varios diplomáticos.
Sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrenta Bruselas es la falta de financiación. A Turquía se le han prometido ya 6.000 millones de euros. Para el resto de países africanos juntos está previsto dedicar 8.000 millones durante el periodo 2016-2020. Pero en esta partida apenas hay dinero nuevo, la mayoría son fondos que ya estaban previstos para ayuda al desarrollo.
La principal novedad que plantea la Comisión es poner en marcha un nuevo Plan de Inversión Exterior para África. Bruselas movilizará otros 3.100 millones de euros ya previstos en el presupuesto comunitario y con ellos pretende atraer inversiones de hasta 31.000 millones de euros hasta 2020. Se basa en las mismas técnicas de apalancamiento e ingeniería financiera que se están usando para el plan Juncker, cuyo objetivo es movilizar una inversión de 315.000 millones de euros dentro de la UE con apenas 30.000 millones en garantías.
Pero además, el Ejecutivo comunitario pide a los países miembros que pongan otros 3.100 millones de sus presupuestos nacionales para llegar hasta los 62.000 millones. En anteriores ocasiones, los gobiernos han arrastrado los pies a la hora de poner dinero para este tipo de proyectos. El nuevo plan migratorio de Bruselas se discutirá en la próxima cumbre de líderes europeos del 28 y 29 de junio.