El pasado viernes se celebró el Día de Portugal en la emblemática Praça do Comércio de Lisboa, y como cada año, tras el izado de la bandera, las altas autoridades del Estado pronunciaron discursos celebrando los valores lusitanos antes de presenciar el desfile de cientos de militares, ovacionados por un público compuesto por miles de ciudadanos de todos los rincones del país, veteranos y algún que otra turista despistado.
Entre esa masa de personas, una veintena jóvenes destacaban por sus brillantes camisetas amarillas con el lema, 'En defensa de la escuela, y punto'. Forman parte del movimiento promovido por los colegios con contratos de asociación lusos, en pie de guerra desde el pasado marzo, cuando se conoció el ambicioso plan del Gobierno socialista de António Costa para recortar la financiación de estas instituciones. Con manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades lusas y protestas ante cualquier acto en el que esté presente el primer ministro, este colectivo intenta evitar lo que el Ejecutivo califica como inevitable.
A diferencia de España, donde el Partido Popular ha utilizado los cierres de cursos de la concertada para atacar a los Gobiernos autonómicos en manos de la izquierda, en Portugal la campaña para desmontar la concertada es real. El Ejecutivo minoritario de Costa se comprometió a cumplir con este objetivo –entre otras muchas reformas sociales–, a cambio del apoyo parlamentario de los diputados del Bloque de Izquierda y el Partido Comunista Portugués en su toma de posesión el pasado diciembre.
Ambos partidos defienden la educación pública y laica, y defienden la campaña contra los colegios con contratos de asociación a través del artículo 75 de la Constitución lusa, que afirma que el Estado tiene la obligación de tener una red de colegios públicos capaz de cubrir las necesidades de toda la población. El Gobierno minoritario se ha tomado el compromiso en serio, y una de las primeras medidas tomadas por el ministro de Educación, Tiago Brandão Rodrigues, al asumir el cargo fue encargar un análisis de las redundancias existentes en el sistema. La ley que rige los colegios concertados establece que dejarán de recibir financiación pública en el momento en que exista un colegio público cercano capaz de responder a las necesidades de la población.
La ley que rige los colegios concertados establece que dejarán de recibir financiación pública en el momento en que exista un colegio público cercano capaz de responder a las necesidades de la población
El estudio de Brandão Rodrigues revela que muchos de los colegios que tienen contratos de asociación con el Estado se encuentran a menos de 10 kilómetros de colegios públicos con las aulas medio vacías, tanto que el nivel de redundancias de los primeros cursos de cada ciclo ronda el 73%. Por este motivo, el Ministerio de Educación ha anunciado que a partir de este próximo año escolar 39 de los 79 colegios concertados no recibirán financiación para abrir nuevos cursos de inicio de ciclo (concretamente, 5º, 7º y 10º) ya que hay colegios públicos que pueden acoger a sus estudiantes. En total, se estima que la medida obligará a unos 10.000 estudiantes cambiar de colegio.
En la actualidad, el Estado luso entrega 80.500 euros por curso a cada colegio concertado. Se dejarán de financiar a 370 cursos de inicio de ciclo, lo que supone una disminución de 280 cursos comparado con los que se ofrecieron en colegios con contratos de asociación en 2015. Con esta medida, el Estado espera ahorrarse en torno a 30 millones de euros.
Protestas de la derecha
El anuncio de la supresión de la financiación de algunos cursos de la concertada ha caído como una bomba entre la derecha, donde se ha visto como un ataque sobre colegios tradicionalmente elitistas y conservadores. Aunque tienen la obligación de seguir el currículum oficial de la pública durante el horario lectivo, muchos de los colegios concertados ofrecen horas lectivas adicionales de carácter religioso, y desde hace muchos años se han considerado como una opción más exclusiva que la pública (pero menos cara que un colegio privado).
Menos politizada que su rama española, la Iglesia Católica lusa se ha mantenido al margen del debate, pero la Asociación de Enseñanza Privada y Cooperativa, el principal sindicato de los profesores de la concertada, ha tenido considerable éxito en promover el movimiento de las camisetas amarillas, reuniendo a 36,000 manifestantes en Lisboa a finales de mayo –un logro considerable para un país poco dado a las manifestaciones multitudinarias–. Ante el Parlamento, miles clamaron en defensa de su “derecho de decidir” en el ámbito educativo y denunciaron al Gobierno por estar “a merced del Bloque” [de Izquierda, el partido que más ha hecho campaña en contra de las concertadas].
Pese a la afluencia de la manifestación, el movimiento no se ha visto acogido por la población más amplia del país, donde las protestas se han interpretado como las quejas egoístas de un sector privilegiado en tiempos de crisis.
El columnista Daniel Oliveira captaba la reacción general a la manifestación de las camisas amarillas en un texto publicado recientemente en el diario Expresso, en el que afirmaba que “es evidente que la opinión pública no está del lado de este colectivo, ya que sería difícil encontrar a ciudadanos que realmente consideren que el Estado debe pagarle a sus hijos un puesto en una escuela privada existiendo una alternativa pública cercana. Más aún porque la gente ve que, entre aquellos que exigen que el Gobierno lo haga, abundan los padres que se podrían permitir el lujo de pagar esa opción”.
En la actualidad, el Estado luso entrega 80.500 euros por curso a cada colegio concertado
El movimiento de las camisetas amarillas y los partidos conservadores en el Parlamento –el Partido Social Demócrata (PSD) y el Centro Democrático Social (CDS)– han alegado que la acción del Gobierno es ilegal al romper los contratos suscritos entre las instituciones y el anterior Ejecutivo del conservador Pedro Passos-Coelho en 2015, según los cuales se extendían los compromisos del Estado con estas instituciones durante un periodo de tres años.
El actual Gobierno, sin embargo, asegura que el compromiso sólo le obliga a financiar aquellos ciclos que comenzaron en 2015, motivo por el cual sólo ha suprimido la financiación de los primeros cursos de cada ciclo en septiembre. Un reciente informe del Consejo Consultivo de la Procuradora de la República pone fin al debate, dando el visto bueno a la interpretación del Ejecutivo: la financiación de los concertados tiene que ser reducida siempre que exista una opción pública factible.
El primer ministro de Portugal, António Costa.
‘El informe de Google Maps’
El Ministerio de Educación, que da por zanjado el debate, ya ha comenzado a organizar la complicada logística que será necesaria para acoger a los nuevos estudiantes de la pública en septiembre. Sin embargo, Ana Rita Bessa, diputada del conservador CDS y miembro de la Comisión de Educación y Ciencia en el Parlamento luso, declara a EL ESPAÑOL que tiene pocas esperanzas de que funcione el plan del Gobierno Costa ya que “se ha hecho con prisa y de mala manera”. Bessa admite que existen redundancias en el sistema educativo, pero asegura que el informe en el que se apoya el Gobierno para subsanar estos problemas carece de rigor científico.
Los partidos conservadores alegan que la acción del Gobierno es ilegal porque se rompen contratos suscritos entre las instituciones educativas y el anterior Ejecutivo
“El Ministerio utilizó Google Maps para calcular las distancias que los alumnos necesitarían recorrer para llegar a los colegios públicos más cercanos”, afirma la diputada. “Todos sabemos que ese tipo de medición no es serio. Quince kilómetros de distancia en el Algarve no son nada, pero en Tras-os-Montes [una provincia especialmente remota y montañosa en el noreste de Portugal] puede suponer un trayecto de una hora”.
Aunque el informe del Gobierno utiliza Google Maps para calcular el tiempo estimado que cada alumno tardaría en ir al colegio público más cercano a pie o en coche, el Ministerio de Educación asegura que los datos fueron cumplimentados con informes técnicos de ingenieros civiles y viajes a las zonas afectadas para comprobar su fiabilidad.
Sea cual sea la fuente, sin embargo, los datos demuestran que el plan del Gobierno implicará una reformulación necesaria de las redes de transportes escolares, pues en algunos casos los resultados indican que un alumno tendría que andar más de dos horas a pie para llegar al colegio público más cercano.
“No veo cómo van a lograr implementar semejante reconfiguración del sistema de transportes en cuestión de tres meses”, opina Bessa.
La izquierda, favorecida
La diputada también es crítica con el peso que han tenido los directores de los colegios públicos en el análisis del Ministerio, ya que el input de ellos ha sido decisivo en el proceso. Según el informe, una vez que se estableció que un colegio concertado se encontraba a menos de 10 kilómetros de uno público, el Ministerio contactaba con el director del mismo, quien evaluaba si su colegio podía acoger a los estudiantes en el colegio con contrato de asociación.
Aunque el informe del Gobierno utiliza Google Maps para calcular el tiempo estimado que cada alumno tardaría en ir al colegio público más cercano, el Ministerio de Educación asegura que los datos fueron cumplimentados con informes técnicos de ingenieros
“Es evidente que los directores de los colegios públicos tienen todos los motivos imaginables para decir que sí pueden acoger a estos alumnos”, afirma la diputada. “Para muchos de ellos implica la salvación, pues no tendría sentido mantener a un colegio público sin alumnos. Además, implica un mayor presupuesto para contratar a docentes, hacer reformas, etc.”.
Según Bessa, el Gobierno se ha movido con una celeridad excesiva en este aspecto porque está a merced de sus socios de la izquierda, quienes ven a sus militantes favorecidos por la medida.
“La Federación Nacional de los Profesores –el de los profesores de la pública– es el mayor sindicato del país, y está completamente ligado al Partido Comunista”, asegura la diputada. “No sorprende que estén presionando tanto al Ejecutivo: si cierran los concertados y los alumnos vuelven a la pública, tendrán que contratar a más profesores del sindicato. Al final, tenemos claro que esta medida, supuestamente puesta en marcha para ahorrarle dinero al Estado, sólo va a causar más gasto, de construcción, de infraestructuras, de nuevos contratos. Entretanto, cerrarán colegios de la concertada y estimamos que 20.000 trabajadores perderán sus puestos de trabajo”.
“Yo estoy a favor de eliminar las redundancias”, concluye la diputada, “pero así y a lo loco, no”.
‘Una polémica sin sentido’
Entretanto, la diputada bloquista Joana Mortágua, también de la Comisión de Educación y Ciencia en la Asamblea de la República, afirma que las quejas de la derecha son absurdas ya que el Gobierno se está limitando a cumplir la ley.
“Con esta acción finalmente rectificamos un error histórico”, explica la diputada. “Durante la dictadura salazarista sólo podían estudiar los ricos, y cuando llegó la Revolución de 1974 un 25% del país era analfabeto. Tuvimos que ampliar una red de colegios ultra limitada, y en los 80 se autorizaron la creación de colegios concertados como medida temporaria, mientras se ampliaba el sistema público”.
“El problema es que algunos Gobiernos obviaron sus responsabilidades en este sentido, y muchas personas vieron que podían hacer negocio con este sistema. Hasta ahora, los concertados han pescado estudiantes de la pública, alegando que son mejores porque son más exclusivos. A la vez tenemos colegios públicos magníficos y vacíos. El Estado no puede pagar por doble, ¡ya está bien!”.
Mortágua rechaza las críticas al informe del Ministerio –“los datos de Google Maps eran anecdóticos, para dar una idea general de distancias”– e insiste en que la medida no favorece a ningún partido político. “Es una afirmación ridícula, profesores son profesores, y punto. Da igual que su afiliación política”.
“Quienes salen favorecidos por esta acción son los alumnos, pues la escuela pública portuguesa es ejemplar. Casi todos los que estamos aquí ahora, la generación que salió de la Revolución, fue a la pública, y somos la generación mejor educada, mejor preparada y más libre de la historia de Portugal”.
Ante la polémica –“un sinsentido”–, la diputada sentencia que quienes se manifiestan son “los que no les gusta que la escuela pública sea de todos y para todos. Quieren quedarse en jaulas doradas, en las que sólo se mezclan con gente de su clase social”.
“Esas personas lo que necesitan es dejar de hablar de ‘derecho de decidir’ y leerse la Constitución, donde lo que está consagrado es el derecho a una educación pública”, sentencia Mortágua. “No tengo nada en contra de la escuela privada, pero sí estoy en contra de que el Estado la pague”.