Hasta este jueves, ninguna manifestación convocada por sindicatos franceses había logrado convertirse en el peor rompecabezas de un gobierno en funciones. También es inédita la prohibición de la movilización por parte del Ejecutivo durante la mañana del miércoles, así como la rectificación de esta decisión tres horas después del anuncio.
En un comunicado publicado a las 9h de este miércoles, el prefecto de policía hacía oficial la prohibición de la décima manifestación contra la reforma laboral francesa, una situación que el gobierno justificó aludiendo a los disturbios registrados en la anterior movilización el pasado 14 de junio, y a la que Francia no se enfrentaba desde 1962. En cambio, una reunión de crisis entre Bernard Cazeneuve, ministro de Interior, Philippe Martinez y Jean-Claude Mailly (líderes de los sindicatos CGT y Force ouvrière) terminaba con un consenso que devolvía de nuevo a los ciudadanos el derecho a acudir a la manifestación. Eso sí, respetando una condición inamovible impuesta por el Ejecutivo francés: el recorrido de la marcha no superaría los 1,6 kilómetros. La distancia más corta jamás registrada en el país en una manifestación sindical.
“NOS TRATAN COMO A UN REBAÑO”
Poco antes de las 12.00 de este jueves, los manifestantes comenzaban a agolparse alrededor de la plaza de la Bastilla, punto de partida del recorrido circular de la marcha decidido por el Ejecutivo, que en un primer momento batalló en vano para que esta concentración se mantuviese estática en un mismo punto de la ciudad. “Esto es inadmisible, nos están tratando como a un rebaño”, se queja una joven mientras abre su mochila a petición de dos gendarmes. “¿Qué va a ser lo siguiente?”, replica. Después niega con la cabeza y se reúne con sus tres acompañantes.
Los 2.000 agentes movilizados alrededor del cortejo han recibido órdenes de impedir la entrada de manifestantes armados para evitar daños materiales como el causado por un encapuchado en el Hospital Necker durante la anterior movilización contra la ley El-Khomri. El prefecto ha dado la potestad a estos funcionarios de realizar controles y cacheos aleatorios en los aledaños de la plaza de la Bastilla.
En uno de los controles, situado junto a la célebre calle de bares ‘Rue de Lappe’ otro gendarme abre la mochila de un hombre de mediana edad. “No puede entrar con esto, caballero”, le dice, metiendo en una bolsa de basura una máscara quirúrgica y un foulard negro que acaba de recuperar. “¿Y eso por qué?”, replica éste. “Porque no nos permiten dejarle entrar con estos objetos a la plaza donde tiene lugar la manifestación”, responde. “No necesita esto para nada”, insiste el gendarme mientras observa al manifestante entrar a la plaza de la Bastilla.
“JAMÁS HABÍA VISTO ALGO ASÍ”
Julien, un enfermero de 37 años, observa atónito este control. “Jamás había visto algo así”, dice. “Es el mundo al revés. Hollande incumple su programa electoral, traiciona a los trabajadores, y mire en qué situación nos pone”, asegura mientras señala a un grupo de estudiantes que espera a ser cacheado. “Esto es peligrosísimo. Si realmente se cuelan alborotadores en este cortejo y la policía que nos rodea responde, el caos puede ser total”, explica agitando las manos.
Julien ha acudido a todas las movilizaciones convocadas desde que, en el mes de marzo, el gobierno de Manuel Valls anunciase el primer borrador de la reforma laboral. Me explica que el gremio de los profesionales de medicina también se encuentra en el ojo del huracán de esta medida. “Quieren suspender la visita médica obligatoria y limitarla a casos aislados”, explica.
“En lugar de un médico cualificado, seremos nosotros, los enfermeros, quienes tengamos la responsabilidad de decidir si un trabajador es o no apto para su nuevo puesto de trabajo”, continúa, antes de apostillar: “Esto es una regresión para nosotros, pero también para los trabajadores, ya que se sustituirá una visita médica con alguien formado para ello, por una simple reunión informativa con cualquier profesional de la sanidad”.
Junto a Julien, tres compañeros de trabajo posan con una bata blanca. “La loi El-Khomri, quelle connerie”, (La ley El-Khomri, qué gilipollez), una de las rimas que más han servido de eslogan desde el comienzo de las protestas.
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“¿QUIÉN NOS PROTEGE A NOSOTROS?”
“La Loi El-Khomri, non merci”, se lee en las chapas que una pareja de jubilados llevan colgadas en sus camisetas. A escasos metros, una anciana camina despacio con la ayuda de un bastón, mirando a su alrededor. “¡Cuánta gente joven!”, lanza. “Eso está muy bien. Yo he venido también a la manifestación, porque esto cada vez se parece más al pasado”, y continúa su camino.
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“Lo que no es normal es todo este jaleo para llegar a una manifestación”, se queja un miembro de CGT. “Me parece muy bien que se proteja la ciudad de posibles disturbios, pero esas personas son una minoría que las cámaras de televisión graban”, explica. “¿Y a nosotros? ¿Quién va a proteger nuestros trabajos?”
“REBAJAS: -49,3%”
Los manifestantes no han olvidado el modo en que el gobierno de Manuel Valls logró aprobar esta impopular medida, y así lo han hecho saber a través de sus pancartas. Dos jóvenes levantan un mismo mensaje: “Rebajas: -49,3%”, en referencia al decretazo a través del cual el gobierno socialista impuso la reforma laboral.
El pasado 12 de abril, convencido de que no contaría con el número suficiente de votos de la Cámara, Manuel Valls optó por dejar de esperar un apoyo que no llegaría y recurrir al fin al controvertido artículo 49.3 que le permitió, previa deliberación con su Consejo de Ministros, eludir el sufragio ante la Cámara y aprobar la norma automáticamente.
Danielle, una responsable de tienda de 48 años, mira la pancarta de estos jóvenes y asiente con la cabeza. “Desde luego, podemos decir que estamos todos de rebajas”. Después apostilla: “Con la reforma laboral, las horas suplementarias que ya prácticamente ni nos pagaban, dejarán de ser un derecho”. En efecto, uno de los puntos más polémicos de esta reforma reside en la potestad que tendrá la empresa para pactar con el trabajador las condiciones de la remuneración de las horas extra, que la ley obligaba a pagar con un suplemento de 25%. Esta reforma laboral no fija una norma concreta; tan sólo prevé que este suplemento no sea, a partir de ahora, inferior al 10%.
95 DETENIDOS
Los controles llevados a cabo por las fuerzas del orden en las inmediaciones de la plaza de la Bastilla han terminado con la detención de al menos 95 personas. La mayoría de estos arrestos se han producido al descubrir que entre los efectos personales de estos asistentes se encontraban objetos que podrían haber servido de proyectil durante la concentración.
De estos 95 manifestantes llevados a comisaría para realizar control de identidad, dos tenían prohibida su presencia en el lugar donde se estaba celebrando la marcha. Se trata de otra de las herramientas que el estado de emergencia, decretado tras los atentados del pasado mes de noviembre, pone a disposición del prefecto.
Es el artículo 5 de la Ley 2015-1501 relativa al estado de emergencia el que ofrece a los comisarios la posibilidad de prohibir la estancia de una persona "que busque dificultar, de la manera que sea, la acción de los poderes públicos". Cerca de cien personas tenían vetada su presencia en la manifestación de este jueves, a la que han asistido 60.000 personas según los sindicatos FO y CGT, 20.000 según la policía.