El expresidente brasileño, Lula da Silva, fue imputado este viernes por obstrucción de justicia en asuntos vinculados al caso de corrupción de Petrobras. Un tribunal aceptó las denuncias formuladas contra el expresidente y otras seis personas.

El juez federal Ricardo Leite aceptó a trámite las acusaciones contra Lula, el exsenador del Partido de los Trabajadores (PT) Delcidio Amaral, su asesor Diogo Ferreira, el banquero André Esteves, el empresario José Carlos Bumlai y su hijo Mauricio Bumlai, y el abogado Edson Ribeiro, confirmó el tribunal.

Los cargos se refieren a supuestos intentos de sobornar a uno de los exdirectivos de Petrobras implicados en las corruptelas en esa empresa estatal a cambio de que se negara a cooperar con la justicia en las investigaciones.

La acusación, que por primera vez convierte a Lula en reo de la Justicia, fue aceptada un día después de que el expresidente acudiera, a través de sus abogados, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para denunciar que es víctima de una "persecución política y judicial" en Brasil.

La base del proceso está en un acuerdo de cooperación que el exsenador Amaral pactó con la Justicia y por medio del cual denunció que Lula le encargó pagar 250.000 reales (unos 77.000 dólares) para "comprar el silencio" del exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, arrestado por las corruptelas en la petrolera.

Amaral, quien era el jefe del oficialismo en el Senado, también implicó en ese asunto a la presidenta Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo para responder a un juicio de destitución, quien no fue citada en el proceso iniciado hoy por el juez Ricardo Leite.

Según la denuncia presentada por el Ministerio Público, los otros acusados en este caso colaboraron con ese intento de soborno, con lo que responderán por el mismo cargo de obstrucción a la justicia que ahora pesa contra Lula, uno de los líderes más carismáticos que ha tenido Brasil y quien gobernó entre 2003 y 2011.

El Ministerio Público señaló al Tribunal Supremo que Lula "dificultó la investigación, que está involucrado en una organización criminal, donde ocupa un papel central, determinando y dirigiendo la actividad criminal practicada por" las otras seis personas involucradas.

Lula sostiene que las acusaciones son fruto de una venganza política y ha acudido esta semana a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para denunciar al juez federal Sergio Moro, que lleva el caso Petrobras, por "abuso de poder".