Maduro impone su ‘Constituyente sangrienta’ y afirma que ha participado el 42%

Nicolás Maduro se propuso redactar una nueva Constitución y transformar el Estado venezolano. Para ello era necesario elegir a los integrantes de su Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y lo que parecía una amenaza se hizo realidad. El mandatario hizo el anuncio el pasado 1 de mayo y este 30 de julio concretó el “golpe constituyente”, así calificado por el jurista y académico Asdrúbal Aguiar.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha anunciado que 8.089.320 personas participaron en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (CNE), en una jornada de votación marcada por las protestas y la muerte en disturbios de al menos diez personas.



La cifra ha sido dada por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, que informó además de que esa cifra corresponde al 41,53 % del censo electoral, en el que están inscritas cerca de 19,5 millones de personas.



La oposición ha calificado de fraude los comicios, y ha asegurado que solo un 12 % del censo (poco más de 2 millones de personas) ha acudido a las urnas este domingo.

A pesar de las fuertes protestas callejeras que durante semanas se realizaban en contra de su mandato, Maduro huyó hacia delante con una ANC que desde que fue anunciada contó con la negativa de la oposición que se negó a participar en la elección de los constituyentistas, alegando que el presidente había violado la Carta Magna al no consultar a los ciudadanos si querían o no una nueva Constitución.

En una jornada marcada por un clima de profunda tensión y violencia, miles de venezolanos salieron a las calles de las principales ciudades del país para protestar durante la votación de la Constituyente. En estos enfrentamientos entre opositores y cuerpos de seguridad, al menos ocho personas, entre ellas dos adolescentes de 13 y 17 años, perdieron la vida y varias decenas resultaron heridas, según la Fiscalía.

Sin embargo, la coalición opositora señaló que ese número de fallecidos ascendería hasta 14. "Se supone que un proceso electoral es una fiesta porque el pueblo puede expresarse, pero eso no ocurre hoy: hay 14 personas asesinadas, incluyendo un niñito de 13 años", dijo la diputada opositora Delsa Solórzano en una rueda de prensa.

Por su parte, el diputado Andrés Velásques informó de que, según los datos manejados por la oposición, sólo un 12% de los venezolanos habría acudido a las urnas. Velásquez cifró en 2.483.073 los votos contabilizados hasta el cierre de los colegios electorales. Henrique Capriles, a través de su cuenta de Twitter, calificó la votación de "fracaso" para Maduro:

No obstante, desde el Gobierno venezolano calificaron la participación de "récord" y la elección de "victoria ejemplarizante". El vicepresidente Diosdado Cabello, en una comparecencia ante los medios, celebró que "a pesar de todos los intentos de violencia que no fueron ni siquiera ocultados" por los dirigentes de la oposición, Venezuela dio un "ejemplo para todo el mundo" de "empoderamiento" del pueblo.

Elección corporativista

Voceros de la Mesa de la Unidad Democrática también argumentaron que las “bases comiciales” para seleccionar a los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no cumplen con el requisito de hacerse en una elección libre, universal, directa y secreta, ya que, entre otros factores, se presentaron candidatos por sectores designados de manera arbitraria, en lo que se asemeja más a una elección corporativista no contemplada por las leyes venezolanas.

Esa característica ha generado que no todos los venezolanos tengan el mismo peso: se ha denunciado que 62 % del total de electores puede emitir dos votos (uno sectorial y otro territorial), mientras que el resto de los ciudadanos solo podría elegir a un candidato de su municipio. En esta oportunidad también se ha eliminado el principio de representación proporcional, por lo que, por ejemplo, un municipio de 5.000 habitantes tendrá la misma cantidad de representantes que otro municipio que tenga más de medio millón de personas.

El principal argumento utilizado por el oficialismo para hacer el cambio constitucional a través de la Asamblea Constituyente es que es la única forma de garantizar la paz en el país, pero desde entonces las manifestaciones callejeras y la represión han continuado, incluso con mayor intensidad, dejando un saldo de 115 personas muertas. Tan solo en la víspera de los comicios del 30 de julio fueron asesinadas , al menos, siete personas.

La Constituyente va

La orden de Maduro no fue puesta en duda por las instituciones del Estado que lo sostienen a pesar de su impopularidad que, según la encuestadora Datanálisis, ronda el 80%. El Tribunal Supremo de Justicia avaló la convocatoria, al igual que la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional.

La campaña oficial trasmitida por todos los medios del Estado aseguraba que la Asamblea Nacional Constituyente iba a ser una realidad, a pesar de las protestas y la insistencia de la oposición en que el proceso fuese suspendido.

La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la Conferencia Episcopal Venezolana fueron algunas de las instituciones que pidieron al Gobierno de Maduro detener la convocatoria para evitar males mayores, pero sus exhortos no fueron atendidos. Tampoco sirvieron para ese fin las decenas de reuniones sostenidas por el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con dirigentes de la oposición y el chavismo para iniciar una ronda de diálogos que ayudara a superar la crisis de gobernabilidad en el país suramericano.

En casi tres meses el Consejo Nacional Electoral, de evidente inclinación oficialista, organizó unos comicios que a priori fueron desconocidos por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Ella ha insistido en que solo el pueblo venezolano puede cambiar su Constitución y en declaraciones a Crónica Uno aseguró que la iniciativa de Maduro supone la instauración de un sistema “personalista y totalitario”.

A lo externo, el Gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela ahora deberá enfrentar a sus vecinos de la región, que ya han anunciado que desconocerán a la Constituyente por ser “írrita”, tal como lo anunció el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Los mismos pasos ha seguido Panamá.

La administración de Donald Trump ha hecho saber que tampoco tolerará a una ANC que, según un comunicado del Departamento del Tesoro, “quebranta la democracia”. La primera muestra de presión del mandatario estadounidense fue la reciente sanción económica y comercial a 13 funcionarios del Gobierno venezolano y se espera que en los próximos días desde Washington se hagan más anuncios al respecto.

El inicio del “Diosdadato”

El mayor interrogante después de realizadas las elecciones de la Constituyente se posa sobre el futuro de Venezuela. El partido del Gobierno lleva semanas anunciando que aprovechará el carácter suprainstitucional de la ANC para remover al Parlamento, de mayoría opositora, y a la fiscal general de la República, muy crítica con el madurismo desde que denunció a finales de marzo la “ruptura del hilo constitucional” por parte del Tribunal Supremo, que con dos sentencias desconoció las funciones y la inmunidad de los diputados venezolanos y dio poderes extraordinarios a Maduro.

La Constituyente es vista por el chavismo como una forma de hacer caída y mesa limpia, que también le serviría para “meter presos” a los “terroristas” de la oposición, y así lo han hecho saber públicamente Maduro y Diosdado Cabello, número dos del chavismo y claro favorito a ocupar la presidencia de la “todopoderosa” Asamblea Nacional Constituyente.

Cabello ha sido quizás el funcionario más activo durante la campaña, visitando las diferentes regiones del país e impulsando desde su programa de televisión Con el mazo dando —transmitido por la señal de la estatal Venezolana de Televisión— la idea de una Constituyente que permita fortalecer el legado de Hugo Chávez (1954-2013), fundador de la “revolución bolivariana”.

Él, un militar muy cercano a Chávez, que ha ido escalando posiciones desde que fue uno de los tenientes que participó en el golpe de Estado de 1992, representa el ala más radical del chavismo en el poder.

Diosdado Cabello es candidato por el municipio Maturín de Monagas, su provincia natal al oriente de Venezuela. En 2015, cuando fue electo diputado, consiguió 108.961 votos, cifra suficiente esta vez para convertirlo en presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, un puesto que incluso le permitiría destituir al propio Nicolás Maduro de su cargo, y así lo asomó hace unos días el exmandatario colombiano Andrés Pastrana en entrevista con la cadena CNN: “Si esta Constituyente se lleva a cabo, el que va a ser el presidente el próximo lunes se llama Diosdado Cabello. Porque es la Asamblea Constituyente la que va a asumir la totalidad de las funciones, y va a ser él quien va a dirigir los destinos de los venezolanos”.

En su rol de candidato, Cabello ha propuesto que la ANC “inhabilite políticamente para ejercer cargos públicos” a los opositores que son acusados por el oficialismo de “destruir” y “hacer acciones terroristas”: “Que los que conspiran contra la patria, los terroristas, no puedan postularse más nunca a un cargo de elección popular”.

Pero Disodado no es el único líder del Psuv que aspira a convertirse en presidente del “suprapoder”. Cilia Flores, primera dama de Venezuela, y Elías Jaua, exministro de Educación, son otros de los personajes que se disputan la presidencia del ente.

El conflicto que no cesa

El chavismo pretende redactar una nueva Constitución sin participación de la oposición y con amenazas directas hacia la disidencia. Por eso la opositora Mesa de la Unidad Democrática, en voz de Julio Borges, presidente del Parlamento, ha dicho que con esto el Gobierno “acelera su caída” y se da inicio a “una nueva fase de lucha democrática” que implica una profundización de la protesta de calle.

Venezuela es en un país que sufre una cruda depresión económica, una crisis social que se agudiza y que puede quedar aislado comercialmente si se concretan las amenazas de Trump que apuntan a boicotear a Petróleos de Venezuela, la empresa estatal que proporciona más del 90 % de los ingresos con los que cuentan los venezolanos.

Si a ello se le suma el clima de ingobernabilidad e intolerancia política por el que que ha pasado la nación en las últimas semanas, queda lo que Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia de Maduro, califica en un texto reciente como una “agudización de las contradicciones” que puede llevar al país a un “incierto camino de violencia y confrontación extrema que nos conduce al borde del precipicio”. O, lo que es lo mismo, que se haga realidad el temor generalizado: una guerra entre venezolanos.

Nuevas medidas

El presidente venezolano ha advertido que se tomarán medidas contra el Parlamento, la Fiscalía, los líderes de la oposición y los medios privados en su primera intervención tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que él ha impulsado.

En un acto televisado con simpatizantes chavistas, Maduro ha asegurado que la ANC, que tomará el poder en Venezuela en las próximas horas, "levantará la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarla", actuará contra la "burguesía parasitaria" para solucionar la crisis económica y se hará con el mando de la Fiscalía "para que haya justicia".

Maduro criticó asimismo la cobertura dada a la votación por los canales de televisión privados venezolanos, a los que acusó de "censurar las elecciones" y pidió una investigación al canal Televen por hacer "apología del delito".

"Estamos en combate comunicacional otra vez contra las mentiras de las televisoras, ¡alerta!", añadió.

Reto en los comicios regionales

Asimsimo, Maduro ha retado a la oposición, agrupada en la plataforma Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a presentarse en los comicios regionales previstos para finales de este año, al tiempo que condicionó este ofrecimiento a un nuevo proceso de diálogo político.

"Yo le hago un reto a la MUD: abandonen el camino de la violencia, vuelvan a la política, acepten el reto y vamos a medirnos en las gobernaciones para ver quien puede más", ha dicho el mandatario.