Un juez dictamina a favor de la Administración Trump en una demanda sobre planificación familiar

Un juez federal ha dictaminado este lunes en contra de las organizaciones de control de la natalidad que buscaban impedir que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, cambiara un programa federal de subsidios de planificación familiar para dar prioridad a los grupos que se basan en la fe y la abogacía.

Tres organizaciones de Planned Parenthood junto con la Asociación de Planificación Familiar Nacional y Salud Reproductiva presentaron una demanda desafiando directrices emitidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, un exgobernador del estado de Indiana y opositor al aborto, ha presionado al Congreso para que elimine el financiamiento de Planned Parenthood. Las clínicas sin fines de lucro ofrecen anticoncepción, exámenes de salud y abortos.

"La Administración Trump-Pence está tratando de imponer su ideología a las personas, sin importar cuánto duela", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo de la Federación de Planificación Familiar de Estados Unidos, Dawn Laguens, en un comunicado. Laguens ha añadido que la decisión podría afectar al cuidado de la salud de cuatro millones de personas.

Esas pautas establecen nuevos criterios sobre cómo el Departamento bajo el presiente Trump evaluaría las solicitudes de subvenciones bajo el programa de planificación familiar Título X. Se espera que las subvenciones lleguen a los 260 millones de dólares (alrededor de 221 millones de euros).

Las organizaciones objetaron el enfoque de los criterios sobre la abstinencia, el acceso más fácil a la atención primaria de salud, el aumento de la participación familiar y la cooperación con las organizaciones religiosas. 

Las organizaciones argumentaron que los cambios requieren un proceso de elaboración de normas para avisar y que violan la ley del Título X y fueron "arbitrarios y caprichosos".

El juez estadounidense Trevor McFadden, nombrado por Trump en 2017, ha señalado en su fallo que "los tribunales no pueden revisar las objeciones sustanciales a una acción de agencia no final, ni pueden exigir una reglamentación formal para un cambio en el procedimiento de la agencia".

McFadden también ha asegurado que si él pudiera pronunciarse sobre los méritos del caso, los cambios del Gobierno se alinearían con el compromiso del programa de apoyar "proyectos familiares voluntarios ofreciendo una amplia gama de métodos y servicios de planificación familiar aceptables y efectivos".