Cianuro, dinero negro y vendetas procesales: la oscura sombra del fiscal general de Colombia

Nestor Humberto Martínez Neira (Bogotá, 1954) dice muchas veces "jueputa". Lo hace en privado, porque bajo su nombre, en la tarjeta de visita, pone "Fiscal General de la Nación de Colombia". Pero en su agenda telefónica están los números de algunos "hampones" de guante blanco, de ésos que en el país de la coca y la guerrilla saben manejar un lenguaje de arrabal, gastan hierros del calibre 22 o saben dónde hacerse con un sobrecito de cianuro.

Este martes, el periodista Iván Serrano, del canal Noticias 1 de Colombia, emitía una serie de audios grabados el 25 de junio de 2015 en los que Martínez Neira hacía lo posible por quitarle importancia a la presunta implicación de su jefe, el multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo, en una trama de contratos duplicados, no respaldados o hinchados que había descubierto el auditor interno de Corficolombiana, la filial en el país suramericano de la constructora brasileña Odebrecht.

Entre risitas y "jueputas" al otro lado de la mesa, el ingeniero Jorge Enrique Pizano se tentaba la ropa, seguro de su meticuloso trabajo como "controller", para el que había sido contratado por el Grupo Aval, parte del conglomerado asociado a los poderosos brasileños.

Las últimas informaciones han provocado que sean cada vez más los que pidan su dimisión. Ya lo hicieron el excandidato presidencial, Gustavo Petro, y el uribista Santiago Valencia. Ahora, es el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, el que ha asegurado que su participación en "hechos tan graves no tiene otra salida".

Miles de millones

Marcelo Odebrecht y sus colegas colombianos se habían hecho con el gran contrato de la Ruta del Sol II, una enorme carretera de más de 520 kilómetros que acercaría Bogotá al norte costero a razón de más de 2.500 millones de euros. Y entre tantas partidas y subcontratas, la cosa no casaba por decenas de millones de euros.

Aquel día, casi nadie había oído hablar del 'caso Odebrecht', la trama corrupta de decenas de miles de millones de euros que había dado con el constructor brasileño cuyo apellido da nombre a la empresa en la cárcel sólo seis días antes... justo el mismo 19 de junio en que Martínez Neira había dejado de formar parte del Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos como ministro de la Presidencia.

El fallecido Jorge Enrique Pizano, testigo principal del caso Odebrecht y contra el fiscal general de Colombia. E.E.

El hoy fiscal general sí sabía de aquello, claro, pues se había colocado rápidamente como abogado personal de los socios de Odebrecht en Colombia. Tres años y medio después de esas grabaciones, se entienden mejor las risitas nerviosas que a Pizano tanto le extrañaron.

"Infarto fulminante" o no

Hoy Pizano está muerto. Falleció el jueves pasado en extrañísimas circunstancias, en su finca de Subachoque, en la región bogotana de Cundinamarca. Oficialmente, un "infarto fulminante", pero la familia tiene serias dudas.

A los tres días, recién llegado de Barcelona para el funeral de su papá, moría también el hijo menor, Alejandro, envenenado por un cianuro que ingirió de una botella de agua con gas que tomó en casa de su padre, en el escritorio personal del ingeniero. La utopsia ha revelado que tenía el estómago destrozado por cianuro. "La misma botella de la que había bebido su padre", revela a EL ESPAÑOL el periodista colombiano Gonzalo Guillén. Parece que alguien quería muertos a los "jueputas".

¿Por qué Jorge Enrique Pizano tenía grabada esa conversación? ¿Por qué la guardaba un periodista? ¿Por qué se emitió este martes en una cadena nacional del país suramericano señalando como sospechoso de la operación al mismísimo fiscal general de la República?

Porque Pizano temía por su vida -como relató también a la columnista de El Espectador Cecilia Orozco- y preparó un testamento mediático por si le pasaba algo, con entrevista a cámara incluida. En ese legado póstumo, explicó que, "por precaución", grababa las "conversaciones privadas" que mantuviera como responsable de un puesto tan delicado como el de "controller de las cuentas" de una constructora poderosa en un país corrompido hasta el tuétano tras 50 años de conflicto entre narcoguerrillas, paramilitares y políticos de moral irregular.

La doble tragedia familiar no cuela entre los Pizano Ponce de León. Juanita, hija y hermana, ha negado la teoría del suicidio del joven Alejandro, de 30 años. En Radio Caracol, la periodista Darcy Quinn ha revelado que ambos hermanos estaban juntos en la casa de su padre cuando cayó fulminado el segundo Pizano. "Sabe inmundo", dijo Alejandro tras probar de aquella botella. No se despertó más.

Su padre entró a trabajar para el Grupo Aval en 2010. "Desde el primer día" había detectado irregularidades y trató de advertirlas. Desde 2013, con pruebas, grabó sus conversaciones "porque temía ser traicionado". 

Martínez Neira ha desmentido cualquier implicación negando que atendiera a Pizano aquel 25 de junio como abogado del Grupo Aval o de Corficolombiana: "Lo escuché como amigo, el doctor Pizano me lo pidió personalmente, porque sentía que no le daban bolas [no le hacían caso] en la empresa".

Pero según reveló el fiscal Jaime Alonso Zetién al abogado del ingeniero fallecido, en las reuniones de la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez Neira era taxativo: "Jodan a Pizano", su antiguo amigo. Y es que en Colombia se le llama "mermelada" al dinero negro, con el que se unta a los malos y se endulzan las verdades que amargan un relato. Y cuando el frasco empezó a rebosar, alguien decidió limpiarla.

Qui prodest

En las películas de espías y juicios hemos aprendido que la mejor manera de iniciar una investigación es preguntarse a quién favorece un crimen: el latinajo "qui prodest".

Es evidente que el silencio de la voz acusadora del ingeniero Pizano favorece a un fiscal general señalado por "todas las incompatibilidades posibles", como ha denunciado otro famoso periodista colombiano, Daniel Samper Ospina, sobrino del expresidente Ernesto Samper y columnista de la revista Semana.

Pero eso no es prueba suficiente, harían falta otros indicios: dineros ocultos, propiedades escondidas, ejecutorias procesales.

Precisamente, el pasado 24 de septiembre la publicación colombiana La Nueva Prensa publicaba un trabajo del periodista Gonzalo Guillén en el que se daba cuenta de las propiedades ocultas de Martínez Neira en España: un piso de lujo en la calle Ortega y Gasset de Madrid valorado en casi tres millones de euros, y al menos una cuenta en el Banco Santander alimentada "con fondos provenientes presuntamente de paraísos fiscales", según fuentes judiciales españolas citadas en esa información.

Guillén, en conversación con este periódico, explica que "todo está ahí, demostrado con documentos y testimonios". El fiscal general colombiano es el propietario de ese inmueble valorado en tres millones de euros a través de una sociedad pantalla radicada en Panamá llamada Amanda Advisors SA, con sólo 10.000 $ de capital social.

La compañía fue fundada en 2007 por el despacho Rosas & Rosas, acusada de ser la "lavadora de dinero negro de Odebrecht" y de funcionamiento similar al de Mosack Fonseca, famoso por su protagonismo en el escándalo de los Panama Papers. Posteriormente, fue adquirida "por Martínez Neira y su núcleo familiar" haciéndose con el 100% de las acciones, todas ellas al portador y con un valor de 1 $.

Información registral del piso en Madrid atribuido al fiscal general colombiano, Néstor Humberto Martínez Neira. La Nueva Prensa

Así el fiscal habría logrado que su nombre no figurara en los documentos y así pudo no declarar la sociedad entre sus propiedades en la declaración jurada que hubo de cumplimentar para tomar posesión como fiscal general. Y así estaría pudiendo usar la empresa instrumental para adquirir propiedades en otros países -el texto menciona al menos París y Nueva York- y para blanquear fondos.

En este caso, como en el anterior, el fiscal desmintió públicamente la información. Pero cuando el reportero lo retó a demandarlo ante la Justicia para demostrar que mentía, nunca más se supo. Martínez Neira no ha llevado el asunto a los tribunales.

Pero además una información posterior de Confilegal aportó pruebas de los manejos económicos irregulares del fiscal Martínez Neira. La información reproduce un email con la minuta por los servicios del despacho Martínez Neira Abogados, uno de los bufetes más importantes de Colombia que después se fusionó con DLA Piper, formando DLA Piper Martínez Neira.

El entonces abogado desglosa sus emolumentos explicando con precisión los conceptos de un mismo trabajo: un pago de "10.861,60 dólares"; otro de "241.129,06 dólares"; un tercero de 13.269,57 dólares"; y el último, de "9,43 dólares por las fotocopias".

Más adelante, los testigos citados explican: "Martínez Neira nos solicitaba que le pagásemos las facturas menores en Colombia, cantidades siempre inferiores a 15.000 dólares. Las superiores se solían abonar a las cuentas que él nos indicase; en este caso, a la de Saint Remy Investment Limited en Merril Lynch”. Esa empresa es una sociedad pantalla radicada fuera de Colombia cuya jurisdicción es desconocida, según la información.

Utilización de la Justicia

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL describen insistentemente a la Justicia colombiana como "insegura". Políticos, empresarios y expertos en el país suramericano opinan que muchos de sus funcionarios son corruptos: "No hay más que ver el nombramiento de Martínez Neira, que saltó del superministerio a la abogacía privada y de ahí a la Fiscalía General en menos de un año", explican, "los conflictos de intereses son innumerables".

El caso es que la ejecutoria del fiscal general desde su nombramiento por el presidente Santos en el verano de 2016 ha sido un rosario de polémicas, sobre todo políticas.

Jerónimo y Tomás Uribe, con su padre el expresidente Álvaro Uribe en medio. E.E.

Suya es la responsabilidad en la persecución judicial de los hijos de Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, detenidos por corrupción en plena contienda electoral por la presidencia de la República. El expresidente patrocinaba a Iván Duque -finalmente, ganador- en competencia con Germán Vargas Lleras, heredero de Juan Manuel Santos, su rival más enconado. El fiscal, ex ministro de Santos y militante del partido de Vargas Lleras, ordenó el arresto y la acusación.

Suya es la responsabilidad de que no haya un solo preso o acusado del Grupo Aval -de quien era abogado hasta el día antes de tomar posesión- entre las investigaciones del caso Odebrecht. Corficolombiana forma parte de ese conglomerado, socio de la constructora brasileña en Colombia, y en ella ejerció de abogado Néstor Humberto Martínez Neira en el año que pasó entre el Ministerio y la Fiscalía.

Y suya es la maniobra por la que el demandante, el empresario Carlos Mattos, se convirtió en demandado en el 'caso Hyundai'. El empresario hispano-colombiano, accionista minoritario de EL ESPAÑOL, es perseguido por la Fiscalía por supuestos sobornos a un juez para lograr medidas cautelares en abril de 2016.

El caso es que el despacho DLA Piper Martínez Neira fue el promotor de la estrategia procesal de Mattos, como ha demostrado el abogado Alex Vernot, prestigioso letrado muy próximo al líder de la izquierda colombiana, Gustavo Petro. Vernot ha sido el último arrestado por iniciativa del fiscal Martínez Neira bajo la acusación de ofrecer dinero a uno de los testigos de cargo contra Mattos.

Odebrecht tuvo que pagar una multa de miles de dólares. Carlos G. Rawlins Reuters

El periodista Gonzalo Guillén lo señala como "principal sospechoso" de la muerte de los Pizano "porque el padre lo sabía todo de Odebrecht y ha quedado probado que se lo contó al fiscal... que nunca lo llamó a declarar como testigo". Guillén confirma a este periódico esta técnica de vendetas procesales de Martínez Neira.

Pizano reveló a la periodista Orozco que un subalterno del fiscal general lo había acusado de lo que él mismo había denunciado... El fiscal general no se atrevía a "joder" directamente al "jueputa", después de tres décadas de amistad personal, después de haber escuchado sus confidencias y visto las pruebas cuando ejercía de abogado de la empresa implicada.