La muerte de Alejandro Pizano, hijo del principal testigo contra el actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dos días después de que su padre falleciera ha provocado un terremoto político y judicial en el país.
Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de Colombia, y Jorge Enrique Pizano, el fallecido testigo clave del caso Odebrecht.
Pizano padre murió el pasado jueves en extrañas circunstancias. Si bien llevaba tres años luchando contra un cáncer linfático, testigos citados por la cadena colombiana Noticias 1 explican que respondía al tratamiento "y estaba bien de salud". Su fallecimiento fue certificado por paro cardíaco. Sin embargo, a los dos días, también ha aparecido muerto su hijo menor Alejandro, quien había viajado hasta su finca de Subachoque (en la región bogotana de Cundinamarca) para asistir al funeral de su padre.
La hermana de Pizano ha declarado a Caracol Radio que el hijo de Alejandro murió tras beber una botella de agua con gas que estaba en el escritorio del padre e inmediatamente se desmayó. Según el informe de medicina legal conocido por la emisora, esa ingesta "le destrozó el estómago".
La Fiscalía de Colombia viene a corroborar las sospechas de la familia: Pizano hijo murió de "envenenamiento por ingesta de cianuro". De hecho, aseguran que se han recogido muestras de este veneno "en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre".
La Fiscalía ha abierto una investigación pero no sólo sobre la muerte provocada de Alejandro Pizano sino también para esclarecer si el fallecimiento de su padre fue también un asesinato.
El ingeniero Pizano era el testigo clave en el caso Odebrecht, la mayor red de corrupción de toda Latinoamérica. Y su fallecimiento repentino ha destapado unos vídeos y unos audios que ponen en duda la integridad del actual fiscal general de la República de Colombia, Néstor Humberto Martínez.
Pizano había concedido una entrevista a la colombiana Noticias 1 revelando todos estos extremos, bajo la condición de no publicarla mientras él no saliera del país como testigo protegido o bien muriera. La noticia ha sido revelada este martes en Colombia.
Sólo seis días después de abandonar su cargo como ministro de la Presidencia de Juan Manuel Santos en Colombia, el actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, ya ejercía como abogado privado, a sueldo de Corficolombiana, la concesionaria de una de las grandes obras de infraestructuras del país.
La empresa, socia en el país de la constructora brasileña Odebrecht, tenía al frente de su departamento de auditoría interna a Jorge Enrique Pizano que ese día, 25 de junio de 2015, llamó a la puerta de Martínez.
En aquella reunión del 25 de junio de 2015, Pizano explicó a Martínez las "decenas de contratos irregulares" que había encontrado, con decenas de miles de millones de pesos -decenas de millones de euros- en sobreprecios, documentos duplicados o trabajos sin ejecutar. Nadie había oído todavía hablar del mayor caso de corrupción de todo el cono sur latinoamericano, pero la multinacional brasileña Odebrecht llevaba años pagando sobornos a presidentes, diputados y funcionarios para hacerse con los mayores contratos en Colombia, México, Venezuela, Brasil, Guatemala, Argentina, Perú, Ecuador y otros países.
Quien sí que oyó, al menos desde ese día, y vio documentos que probaban las irregularidades fue el que hasta menos de una semana antes era ministro plenipotenciario del Gobierno Santos y sólo un año después sería nombrado fiscal general de la República de Colombia. Sin embargo, ni entonces ni a su llegada al cargo impulsó investigación alguna.
"Yo le informé [a Martínez] de que había unos contratos irregulares en la concesionaria", afirma Pizano en la entrevista emitida este martes.
Sólo cuando el caso estalló en Brasil y empezaron a salir informaciones periodísticas en periódicos de Bogotá sobre la presunta financiación irregular con dinero de Odebrecht de la campaña para la reelección de Santos en 2014, el fiscal dio curso a las pesquisas... y señaló como uno de los principales acusados a quien un año antes le había revelado las primeras irregularidades del caso, a Jorge Enrique Pizano.
Así pues, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía al menos desde 2015, un año antes de que asumiera el cargo, las irregularidades en la licitación para la construcción de la carretera Ruta del Sol II, adjudicada al liderado por la brasileña Odebrecht.
Tanto el Grupo Aval -del que era abogado Martínez Neira- como Corficolombiana forman parte de un conglomerado mayor del industrial Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ocupa el puesto 123 entre los más ricos del mundo según la lista anual de multimillonarios de la revista estadounidense Forbes difundida en marzo pasado.
Los sobornos que pagó Odebrecht en Colombia para garantizar la entrega de contratos en la Ruta del Sol II ascendieron a 84.000 millones de pesos (unos 28,62 millones de dólares), confirmó en julio del año pasado la Fiscalía.
Una integridad en duda por el 'caso Mattos'
Las pruebas reveladas por la televisión colombiana vuelven a poner en duda la integridad de Néstor Humberto Martínez, quien habría vuelto la acusación contra el acusador en el caso de Pizano, del mismo modo en el que ya fue acusado hace un mes en el caso del empresario hispano-colombiano Carlos Mattos.
Martínez Neira fue acusado de un conflicto de intereses al instar la persecución judicial contra Mattos en Colombia por presuntos sobornos y cohecho pese a que antes lo asesoró como abogado. Según adelantó Confilegal, el asunto se remonta al mismo año 2015, cuando la compañía coreana Hyundai Motor Company decidió retirar a la empresa de Mattos, Hyunday Colombia, la representación de la marca en el país suramericano para dársela a la sociedad Neocorp, propiedad del magnate ecuatoriano Juan Eljuri.
Carlos Mattos es un empresario con intereses en España, entre ellos un paquete accionarial cercano al 3% en la empresa editora de EL ESPAÑOL. Uno de sus abogados, Alex Vernot, fue detenido el pasado 27 de septiembre bajo la acusación de haber intentado sobornar a otro de sus letrados, Luis David Durán, para que cambiara sus declaraciones que lo incriminaban.
Sin embargo, la operación se volvió en contra del fiscal Martínez Neira cuando, tras ser arrestado, Vernot reveló que el hoy fiscal había ofrecido sus servicios como abogado en 2015 a Mattos. De hecho, habría sido “el promotor, redactor, gestor y beneficiario económico de las controvertidas medidas cautelares” dictadas contra el grupo encuatoriano Eljuri y a favor de los intereses de Mattos.
Néstor Humberto Martínez Neira negó este extremo al diario colombiano El Espectador, pero de acuerdo con el documento difundido por Vernot, el hoy fiscal general de Colombia tuvo acceso en noviembre de 2015, siendo abogado, a documentación facilitada por Mattos sobre el contencioso con Hyundai Motor Company. La oferta de servicios firmada por el entonces abogado Martínez Neira se refiere a Mattos como “el cliente” y le recomienda una acción por competencia desleal contra la compañía coreana.