“Un voto, un dedo cortado”: la India, en guerra para recuperar su propio territorio

Cuando un avión de Indian Airlines vuela desde Calcuta hasta Bangalore, durante gran parte del trayecto está sobrevolando lugares que el gobierno indio no controla, pueblos donde la gente usa el trueque en lugar de la rupia y enclaves donde los soldados o policías viven en permanente estado de alerta y peligro de muerte. A ras del suelo, los 1.900 kilómetros que separan esas dos ciudades coinciden con el llamado “corredor rojo”, una ristra de selvas, montañas y bosques donde la India deja de existir y la “democracia más grande del mundo” cede ante una de las guerrillas más longevas y poderosas que existen.

En esta herida interior, el país libra desde hace más de 50 años la apodada como “guerra del hambre”, una especie de guerra civil no declarada que enfrenta al ejército indio con los naxalitas. Este grupo armado, de ideología maoísta, toma su nombre de Naxalbari, una aldea de Bengala occidental donde en 1967 murieron por disparos de la policía 11 personas –dos de ellas niños- cuando protestaban para defender su derecho a cultivar unos terrenos.

Hoy se levantan, en el lugar de la masacre, las estatuas de Lenin, Stalin y Mao junto a una columna con los nombres de las víctimas. 51 años y medio después, el número de muertes se acerca a 15.000, la mayor parte de ellos civiles, y se calcula que al menos 100.000 personas han sido desplazadas por este conflicto.

Chatisgar significa en hindi “35 fortalezas”. Es también el nombre del estado donde los naxalitas son más fuertes y donde su presencia está más extendida. En Chatisgar se están celebrando estos días las elecciones regionales, entre las amenazas de la guerrilla a la población para que no acuda a votar (“un voto, un dedo cortado”, en referencia al procedimiento de pintar un dedo con tinta indeleble a quienes acuden a votar).

Como respuesta, el estado central ha desplegado más de 125.000 efectivos, se ha rebautizado a los kioscos electorales como sangwaris (“amigos” en dialecto local), se ha contratado a miles de mujeres para que desempeñen labores administrativas y se alude a las elecciones como 'Vote Pandum' o “festival del voto”.

Como nota positiva, la participación ha alcanzado un histórico 70%, pero no han faltado los incidentes violentos que se han cobrado cinco víctimas mortales y varios heridos. En el programa electoral de todos los candidatos se prometía acabar de una vez con los naxalitas, con la excepción del Partido Comunista Maoísta, una formación nacida precisamente como escisión de los naxalitas en 2004 para intentar conseguir por las urnas lo que parece imposible lograr con las armas.

Los cerca de 10.000 guerrilleros armados que según el gobierno indio militan en las filas naxalitas no son la mayor arma, o al menos la única, con la que cuentan los maoístas. En el origen de este movimiento está la protesta –injustificablemente violenta- de los marginados por la sociedad frente a un sistema ineficiente y corrupto que no les tiene en cuenta y que, desde la masacre de Naxalbari, no ha dudado en mantener por la fuerza el sometimiento de los pobres –personificados en la imagen de los adavasi o indígenas rurales- frente a los ricos –encarnados por las élites urbanas que hablan inglés-.

Aún hoy, para muchos indios que viven en las ciudades, viajar a lugares como Chatisgar supone un choque de exotismo al encontrarse con una cara completamente desconocida de su país. A pesar de ello, o tal vez por ello, los naxalitas han sabido cultivar una imagen mistificada de su causa que les ha ganado la simpatía de intelectuales. La escritora Arundhati Roy, por ejemplo, convivió con los guerrilleros en un campamento de la jungla durante unos días. El año pasado, un profesor de la Universidad de Delhi fue condenado a cadena perpetua por poseer y difundir propaganda naxalita.

A lo largo del tiempo, la lucha naxalita ha generado su propio martirologio y contado con personajes dignos de una película. Como la pareja formada por Kobad Ghandy y Anuradha Shanbag. Él, primogénito de una de las mejores familias de Bombay, educado en los los mejores colegios, y ella, descendiente de héroes de la lucha por la independencia india e hija del propietario de una plantación de café.

En 1983 se casaron en un campamento guerrillero y abandonaron todo contacto con sus familias y el mundo en el que nacieron para dedicarse a la causa maoísta. Mientras que Anuradha se convertía en una leyenda y alternaba sus pasos por la cárcel con actividades guerrilleras, él se dedicaba a publicar artículos de economía en la prensa especializada bajo el seudónimo Arvind.

En la década pasada, cuando los naxalitas llegaron a estar presentes en uno de cada tres estados indios y el Primer Ministro Manmohan Singh calificó a los naxalitas como la mayor amenaza al país, era frecuente encontrar pintadas, murales y pósters maoístas en los pasillos de muchas universidades indias.

Por su parte, el gobierno de Nueva Delhi no ha perdido ni una ocasión para reaccionar con torpeza ante esta situación. Durante décadas, la única respuesta del gobierno ante el desafío de los “pobres con armas y sin nada que perder” han sido la violencia y la represión. Primero crearon el Salwa Judum (Ejército del Pueblo), una contraguerrilla compuesta por civiles entrenados y armados por los militares. 

Human Rights Watch lo describió como: "este ejército popular carece de disciplina, practica el pillaje, la violencia indiscriminada, violaciones y son responsables del desplazamiento forzoso de miles de personas".

La operación fue un desastre que degeneró en una guerra civil de bolsillo, con peleas tribales, luchas entre aldeas y represalias entre campesinos. En vez de permitir que los campesinos se “auto protegieran”, hizo que se multiplicasen los incidentes armados y el número de tiroteos y víctimas superó incluso al de Cachemira.

Después se creó el cuerpo de 'Galgos', unos comandos militares dedicados a combatir a la guerrilla con sus propios medios. En pocos meses sufrieron más de cien bajas. Finalmente, en los últimos años se ha comprobado el éxito de políticas basadas en “premiar” a las poblaciones con la construcción de infraestructuras” y contratando a locales para puestos administrativos, de manera que el fantasma del hambre deje de llamar a la puerta cada vez que falla la cosecha.

A pesar de que la situación parece estar mejorando, no es de prever que la guerrilla se dé por vencida fácilmente. Sea o no cierto que cuentan con el apoyo chino para recibir armas y recursos, su capacidad de combate es notable para lo que se supone es una guerrilla compuesta por campesinos. En 2007 atacaron una escuela de policías en Chatisgar y tras matar a 55 oficiales se hicieron con un arsenal, volaron el ferrocarril y varios edificios oficiales y liberaron a todos los presos de las cárceles.

Hace solo seis meses plantaron una batalla de tres días cerca de donde hoy están plantadas las urnas que terminó con 37 muertos. En mayo una mina colocada en la carretera -uno de los métodos preferidos por los terroristas- acabó con la vida de seis policías.

Alrededor de 80 millones de indios son considerados adivasi, un término que más o menos define a los habitantes de áreas rurales del norte y centro del país y cuyo contacto con el resto de la población ha sido limitado. Por ello, los naxalitas han adoptado esta figura como símbolo de la “pureza del pueblo” por la que dicen luchar y se han erigido en defensores de una comunidad entre la que la pobreza es casi una tradición.

La retórica maoísta combinada con la resistencia ante un estado corrupto y la situación de abandono y pobreza que sufre este casi 8% de la población formó, y todavía mantiene, las condiciones idóneas para que se produzca un movimiento de resistencia desesperado.

Se calcula que solo el 23% de los adivasi, a quienes los colonialistas ingleses ni siquiera consideraban indios, están alfabetizados. Además, gran parte de los recursos mineros y naturales de la India se encuentran en las tierras que les pertenecen, lo que ha terminado siendo una maldición que les ha hecho víctimas de desplazamientos forzosos, expropiaciones injustas y una represión sin fin.

Otras comunidades indias, como los musulmanes o los parias, han logrado el reconocimiento de sus derechos en algún momento de la historia. En el Palacio Presidencial de Nueva Delhi ha habido presidentes musulmanes y parias, pero nunca ha habido un ministro adivasi.

Las campañas gubernamentales para protegerles -o más bien alejarles- de los focos controlados por la guerrilla han incluido la reubicación de ciudades de decenas de miles de habitantes en campos provisionales con tiendas de campaña y sin servicios básicos. De ser campesinos dignamente con tierras, han pasado a no tener absolutamente nada.

Una canción maoísta sin autor reconocido dice “yo tenía un dhoti (calzón masculino), mi mujer un sari; ahora estamos desnudos pero tenemos un arma”. Un periodista indio resumía hace poco la actitud del ejército indio como “déjales que se maten entre ellos, nosotros patrullamos lo imprescindible, solo de día y en grupo hasta que llegue el relevo”. Mientras tanto, el mayor número de víctimas se da entre la población civil.

En cualquier guerra se enfrentan por lo menos dos bandos, que luchan con todas las y armas a su alcance. Pero desde hace siglos, los adivasis de la India están acorralados entre los que portan armas y el hambre. Y no tienen con qué defenderse.