Una propuesta y una interrogante. De una propuesta inédita parece depender la democracia. Una de las primeras acciones de Juan Guaidó tras juramentarse como presidente interino de Venezuela, fue presentar una ley de amnistía dirigida a militares y civiles que colaboren o hayan colaborado con la restitución del orden constitucional.
Es una propuesta que levantó controversia debido a la represión de los cuerpos militares y policiales durante las manifestaciones callejeras de 2017, que culminaron con un saldo de más de 160 muertos y 2.000 heridos. Algunos analistas consideran que es una oferta necesaria para romper con ese apoyo militar irrestricto a Nicolás Maduro.
Pero, ¿por qué ha sido imposible, o al menos así parece, quebrar esa lealtad militar al régimen de Maduro? Rocío San Miguel, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano, explica que ciertamente había una expectativa de que, ante el ofrecimiento de amnistía, la ruptura se produjera de inmediato, "pero hay que tomar en cuenta el nivel de vigilancia y la estructura de inteligencia y contrainteligencia dentro de las FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana). Desde 2005, se edificó una estructura de la FANB que criminaliza, tortura, apresa y persigue no sólo a los militares que expresan algún disenso, sino también a su familia".
En lo que va de 2019, la ONG Foro Penal calcula que 82 militares han sido detenidos, entre ellos 24 de los alzados el 20 de enero pasado en un comando en el sector de Cotiza, en Caracas. La organización advierte que se mantiene un sistema de detención selectiva de militares y de sus familiares, entre los que hay desapariciones forzadas. Y al igual que sucede con los presos políticos civiles, también hay denuncias de torturas. Durante 2018 se reportaron 116 militares detenidos por motivaciones políticas.
El temor real a las detenciones y torturas que cunde sobre todo entre los rangos medios de la oficialidad y los soldados rasos se combina con la siniestra trama de corrupción e ideologización que se ha promovido en el alto mando.
Imagen de satélite del Paso de Las Tienditas, lugar por el que llegará la ayuda humanitaria a Venezuela.
El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, reveló recientemente ante el Senado de Estados Unidos que en Venezuela hay 2.000 altos oficiales (generales) sobre los que se apoya el régimen de Maduro, y de los que la mayoría se encuentran implicados en tráfico de drogas, negocios petroleros y contrabando de gasolina (actividad que se realiza sobre todo en las fronteras con Colombia debido a los precios bajos de la gasolina venezolana, un delito que, desde hace años, se realiza bajo protección de efectivos de la Guardia Nacional, uno de los 4 componentes de la FANB)
Además, hay 186 generales ocupando puestos en ministerios, empresas estatales (dedicadas al petróleo, energía eléctrica y minería), y en gobernaciones y gobiernos municipales. Como la pérdida de estos "negocios" no luce atractivo para estos oficiales, Faller adelantó que "para acabar con esa falsa lealtad a Maduro es necesario darles alguna forma de amnistía. Y convencerlos de que esta amnistía es real".
"Para que uno gane, el otro tiene que perder"
Como con todas las aristas que componen este polígono complejo que es la realidad venezolana surgen novedades cada día. Hace apenas dos días John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reveló a la cadena Fox News que hay militares en puestos clave que ya están negociando reconocer como presidente a Guaidó que y otros intentan lograr un trato para "salir del país".
¿Una realidad o una estrategia de presión para que algún alto oficial se apresure a negociar? Hay analistas que confían en que la respuesta surgirá el próximo 23 de febrero, cuando ambas posiciones (Maduro vs. Guaidó) se enfrenten en torno al ingreso de la ayuda humanitaria a través del puente para vehículos Las Tienditas en la frontera de Venezuela con Colombia, donde ahora hay una barricada de camiones para impedir el paso de la ayuda humanitaria que se acumula en Cúcuta (a apenas 7,5 kilómetros de la población de Ureña, en el estado venezolano de Táchira).
Para el próximo viernes se espera en Cúcuta un nuevo cargamento proveniente de Estados Unidos que elevará la cantidad de insumos médicos y comida para atender a venezolanos en necesidad a casi 600 toneladas. Guaidó aseguró que "sí o sí" esa ayuda entrará a Venezuela con ayuda de miles de voluntarios civiles y apela al sector militar a permitir el ingreso de ese cargamento a territorio venezolano.
"El 23-F es, porque así lo decidieron tanto el Gobierno como la oposición, un duelo en forma de juego de gallina, una situación suma-cero, en la que para que alguien gane, el otro tiene necesariamente que perder", indica Benigno Alarcón Deza, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, en su escrito El Dilema Militar.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con la bandera de Venezuela a sus espaldas.
"Ganar el 23-F depende, en buena medida, de cómo el sector Fuerza Armada y la Policía respondan al dilema entre reprimir o no ante la entrada de la ayuda humanitaria. Depende de que las expectativas de conversión del aparato militar y policial en favor de la democracia se cumplan y se decida no reprimir, e incluso, impedir que otros lo hagan, lo que se convertiría en un acto de insubordinación institucional que generaría un punto de no retorno que obligaría a quienes desobedecen a cerrar el círculo, ya que no se puede mantener en el poder a quien una vez se desobedeció sin el riesgo de sufrir graves consecuencias", continúa Alarcón.
De cara a este pulso del sábado, el presidente Donald Trump advirtió hace unas horas a los militares venezolanos de que debían elegir entre amnistía o perderlo todo: "Si eligen apoyar a Maduro no encontrarán un refugio, no habrá una salida fácil".
El sector militar tiene la llave para resolver la interrogante que surge de esta batalla de tensión por el poder en Venezuela y la respuesta parece que surgirá el próximo sábado.