Cristina Kirchner imputada por corrupción por octava vez

Un juez argentino dictó este lunes un nuevo procesamiento por presunta corrupción contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), el tercero que incluye una orden de detención, aunque seguirá sin hacerse efectiva por ser senadora y tener fueros.

El magistrado federal, Claudio Bonadio, abrió un proceso penal contra la exmandataria -que se encuentra en Cuba visitando a su hija Florencia, tratada en ese país por problemas de salud- en una causa en la que se investiga la importación con presunta inflación de precios de buques con gas natural licuado (GNL) durante su mandato presidencial.

Se trata del octavo procesamiento que pesa sobre la viuda del también expresidente, Néstor Kirchner (2003-2007), que insiste en que es víctima de una persecución judicial hilvanada por el actual Gobierno. Ya el pasado 25 de febrero declaró por escrito que "no existe un solo elemento de prueba" que la vincule "siquiera remotamente" con lo que se la acusa.

En el dictamen de Bonadio, que también procesó, entre otros, a exdirectivos de las estatales YPF y Enarsa, y a los ya detenidos, Julio De Vido (exministro de Planificación Federal) y Roberto Baratta (ex subsecretario de Control y Coordinación de la misma cartera), se apunta a supuestos delitos cometidos entre 2008 y 2015.

Importación ilícita de GNL

"Los imputados pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido", subraya el juez en un documento que recoge la agencia Efe.

Además, el auto agrega que no existió "negociación alguna" al respecto y la participación de intermediarios y la selección de agencias marítimas también fue sin licitación.

"Facturaron a precios con variaciones injustificadas, componentes que incidieron en el precio finalmente abonado que generó un perjuicio económico a las arcas del estado, por un monto difícil de determinar", remarca el magistrado.

"Se advirtió una sobrefacturación en las compras de GNL total y aproximada de 124,75 millones de dólares y una subfacturación de, aproximadamente, 194,28 millones. Para que la maniobra pudiera configurarse y sostenerse en el tiempo, los aportes de cada uno de los funcionarios imputados, desde sus respectivas áreas de responsabilidad, fueron indispensables", sentencia el auto.

Tanto De Vido, como Baratta, junto con otros exfuncionarios entre los que se encuentran los que fueran presidentes de la empresa energética estatal Enarsa, Exequiel Omar Espinosa y Walter Rodolfo Fagyas, "fueron quienes tuvieron la administración y disposición de los fondos públicos y debían velar por su cuidado".

Según Bonadio, llegaron a tener en sus manos "el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL".

'Causa de los cuadernos'

En el caso concreto de Fernández, por la causa del GNL se amplía su procesamiento por cohecho pasivo o defraudación contra la administración pública y por administración fraudulenta que ya registra la causa madre y se decretó prisión preventiva que se hará efectiva si el Senado prueba su desafuero.

Este expediente está directamente relacionado con la llamada 'causa de los cuadernos', que se destapó en agosto pasado después de conocerse unas libretas en las que un chófer de Baratta anotó supuestamente durante más de una década cómo transportaba de forma habitual millones de dólares con los que empresarios sobornaban a altos funcionarios.

"Su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando las posiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de parte de sus integrantes", remarca Bonadio en su dictamen.

Esa "asociación ilícita" fue, según el magistrado, comandada por Kirchner -fallecido en 2010- y Fernández, ya que "el dinero era entregado alternativamente" al matrimonio presidencial en sus domicilios privados u oficiales. Asimismo, "parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos", añade.