Denuncian al fiscal de Colombia por manipular testigos y prevaricación en su propio interés

"En Colombia no hay salvaguardas democráticas para el Poder Judicial". Cualquier experto al que se pregunte sobre Néstor Humberto Martínez (Bogotá, 1954), sea de los más críticos con la labor del fiscal general de Colombia o incluso si ampara sus actuaciones, admite que uno de los escollos principales que le quedan a la democracia colombiana para poder homologarse a las más avanzadas es el respeto al Estado de derecho, la división de poderes, "las prevenciones para que no se confundan los intereses comunes con los particulares en las instituciones".

Quien así habla es un abogado del país suramericano, que prefiere mantener el anonimato y no entrar en muchos detalles sobre lo que opina del llamado "doctor Cianuro". Martínez asumió su cargo en agosto de 2016, y hasta el día anterior estaba ejerciendo la abogacía como socio principal de uno de los despachos con mayor carga de trabajo del país, DLA Piper Martínez Neira. Los casos de los que conocía iban desde constructoras acusadas de corrupción en el marco del escándalo Odebrecht hasta operaciones mercantiles.

Y en todos ellos, como los letrados de las películas de mafiosos, sabía jugar a dos barajas, nadando y guardando la ropa, ésos que manejan más información de la necesaria para cubrir los intereses de su cliente... porque priman los del bufete en el paraíso fiscal.

De todas esas cosas, por cierto, está acusado el fiscal general Martínez Neira, contra quien el periodista Gonzalo Guillén ha presentado denuncias ante el Departamento de Justicia estadounidense por recibir pagos en cuentas opacas sin declarar, por cuyas propiedades inmobiliarias en Madrid, adquiridas a través de Amanda Advisors SA -una sociedad pantalla panameña-, ha preguntado incluso Podemos en el Congreso español.

La venganza: de cliente a acusado

Pero ahora, Martínez Neira enfrenta la denuncia penal más completa de cuantas se han presentado en su contra y que probaría su colusión de intereses: la prevaricación desde su alta magistratura para favorecer maniobras oscuras de cuando ejercía la abogacía privada.

El abogado Alex Vernot ha presentado una denuncia -a la que ha tenido acceso este periódico- ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia. En sus 31 folios y varios anexos se contiene un relato detallado y pruebas documentales que demostrarían que el fiscal general de Colombia no sólo ha utilizado la Fiscalía en su beneficio, sino para encubrir actuaciones ilegítimas, ha mentido a las autoridades judiciales y ha amparado falsos testimonios para encubrir estos presuntos delitos en el conocido como caso Hyundai, en busca de un beneficio de unos 3,5 millones de dólares.

Vernot, encarcelado desde que fue detenido "de manera arbitraria y sin prueba incriminatoria alguna" el pasado 27 de septiembre, ha sido acusado de haber participado en la corrupción de funcionarios para lograr la adjudicación de la demanda de medidas cautelares del caso Hyundai a una determinada juez, Ligia del Carmen Hernández, titular del Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá. Sin embargo, él alega que su arresto es consecuencia de una maniobra de Martínez Neira para perjudicar al empresario Carlos Mattos, para quien el hoy fiscal trabajaba hasta días antes de asumir  su cargo público.

Mattos, cliente y amigo de Vernot y accionista minoritario de EL ESPAÑOL, durante años titular de la concesionaria de los automóviles Hyundai en Colombia, denunció a la matriz de la marca coreana cuando le fue retirada su representación en beneficio del multimillonario ecuatoriano Juan Eljuri. 

Contra la decisión empresarial, que afectaba sensiblemente el patrimonio de Mattos, éste decidió presentar una demanda y solicitar unas medidas cautelares. Para ello, recurrió al despacho NLA Piper Rodríguez Neira. Y fue su propio socio principal, el hoy fiscal general, el que ideó, redactó y presentó este requerimiento "el 2 de diciembre de 2015 por el abogado Néstor Humberto Martínez Neira [...] y fue repartida al Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá".

El letrado había acordado, además de sus honorarios, una prima de éxito del 10% del montante de las cautelares que acordara el juzgado. Finalmente, la magistrada las decretó en abril de 2016. Y Martínez Neira comenzó a reclamar 3,5 millones de dólares a Mattos por el logro.

Nombrado fiscal general

Sólo tres meses después, el entonces presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, lo nombró fiscal general. Su trabajo para Corficolombiana, con el enorme Grupo Aval y, sobre todo, sus contactos con Odebrecht convenían al Jefe del Estado para tapar las corruptelas financieras de la campaña de su reelección, hoy bajo investigación.

Pero claro, una vez que Martínez Neira ocupó el puesto sin que sus presiones hubieran surtido efecto para haber cobrado la deuda -calificada de "abusiva" e "injustificada" en la demanda de Vernot-, comenzaron las presuntas maniobras oscuras.

Ese mismo mes de agosto de 2016, el fiscal anunció públicamente que tenía "pruebas documentales" de que el reparto de la demanda de cautelares en el caso Hyundai a la magistrada Ligia del Carmen había sido manipulado mediante sobornos a funcionarios. Y, aunque el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía no corroboró este extremo, al mes siguiente apareció de la nada un escrito sin fecha en la oficina del fiscal dando la razón a Martínez Neira.

Con esas supuestas pruebas, la Fiscalía ordenó el arresto de 10 personas, algunas de las cuales aceptaron los cargos a cambio de inmunidad y de acusar a los asesores de Mattos del supuesto soborno. Vernot investigó la denuncia entrevistándose con tres exfuncionarios del CTI -ya despedidos por Martínez Neira- que negaron las evidencias y denunció el caso en la Oficina de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y ante la Justicia francesa, por falta de confianza en la colombiana y ser también nacional del país europeo.

Intereses cruzados

La denuncia de Vernot se basa, pues, en los intereses cruzados del hoy fiscal general en el caso, ya que al no cobrar sus supuestos honorarios y primas, se habría vengado de Carlos Mattos y sus abogados. Habría utilizado el poder de la Fiscalía para urdir una trama con "testigos falsos a los que prometió inmunidad total" para que acusaran a Vernot de haber sobornado a funcionarios para lograr una juez conveniente a su interés en lograr unas medidas cautelares en su litigio con Hyundai.

Sin embargo, y siempre según Vernot, Martínez Neira ocultó que fue su despacho de abogados el que diseño la estrategia y presentó la demanda de cautelares cuando el hoy fiscal aún era letrado privado. Además, mintió a la Corte Suprema sobre su interés en el caso al declararse incompetente en el mismo sólo en mayo de 2018 alegando que era su "primer y único contacto" con el litigio.

Además, su escrito demostraría que el fiscal no sólo habría engañado al Poder Judicial sino a su propio cliente, el empresario Carlos Mattos, ya que su firma de abogados, DLA Piper Martínez Neira, era también representante mundial de los intereses de la casa matriz coreana de Hyundai Motors Company, "en un claro conflicto de intereses legales".

Otros casos oscuros

No es éste el único caso en el que Martínez Neira ha sido señalado por convertir a un antiguo cliente en parte acusada por su Fiscalía. Así, el fiscal general también acusó al ingeniero Jorge Enrique Pizano por su presunta responsabilidad en las irregularidades contables de Corficolombiana, una subsidiaria del Grupo Aval que se había hecho con la concesión de la autopista Ruta del Sol II.

Pizano, que era el auditor de la firma, detectó facturas infladas relacionadas con Odebrecht y consultó con su amigo y abogado de la empresa Martínez Neira. La conversación quedó grabada y en ella el hoy fiscal trató de quitar hierro a la situación. Una vez en la Fiscalía y estallado el caso, en lugar de declararse incompetente en la causa como correspondía -al haber sido asesor legal de la empresa implicada- llamó a declarar como imputado a Pizano, quien murió presuntamente envenenado por cianuro en noviembre pasado, antes de poder revelar lo que sabía.

A los tres días, moría también en extrañas circunstancias su hijo menor, Alejandro, que había viajado desde Barcelona (España) para el funeral del ingeniero.

Pero una tercera muerte repentina complica aún más el caso: la de Rafael Merchán, secretario de Transparencia del presidente Santos en 2013. Martínez Neira había sido ministro de la Presidencia de Santos hasta junio de 2015 y a los dos días de dejar el cargo ya era abogado de la compañía Corficolombiana.

Sólo un año después volvía a la cosa pública como fiscal general, y las sospechas señalan de nuevo a la financiación presuntamente irregular de la campaña de reelección de Santos en 2013 y su relación con la constructora brasileña Odebrecht.