El transporte público alemán puede llevar a sus pasajeros directos a la cárcel más fácilmente de lo que uno pudiera imaginar. Manuel lo confirma a EL ESPAÑOL. Este joven está en la cárcel: cumple condena por “lesiones, fraude y robo”, reconoce. Ya ha pasado el suficiente tiempo en prisión como para que su estancia allí se haya hecho más cómoda. Ahora disfruta incluso de días fuera de la cárcel y también tiene derecho a usar un teléfono móvil. 

Es más, Manuel ejerce como representante del sindicato alemán Sindicato de Prisioneros-Organización Nacional (GG/BO, por sus siglas alemanas), una organización de representación de los presos germanos. Manuel también ha pasado suficiente tiempo en prisión como para conocer a gente que acaba en la cárcel por viajar sin pagar en el transporte público. 

“En mi tiempo en prisión he conocido a algunas personas que están en la cárcel por ese motivo”, asegura Manuel. “Es más, de un tiempo a esta parte se observa que el número de personas afectadas por esto va en aumento”, abunda este hombre desde Sajonia, Land del este alemán y una de las regiones del país de Angela Merkel que acusa uno de los mayores porcentajes de población en riesgo de pobreza (17,7%). Son los alemanes más pobres los más expuestos a la prisión si usan el transporte público sin tique. 

En Berlín, ciudad donde casi una de cada cinco personas está en riesgo de caer en la pobreza, un tique de metro válido para viajar de un punto a otro dentro las tres zonas en que está dividida la ciudad cuesta 3,40 euros. No llevar el tique en el momento en que lo pida el revisor implica una multa de 60 euros. 

No pagarla acarrea problemas más serios. Porque en Alemania, a empresas como la Compañía de Transporte de Berlín (BVG, por sus siglas alemanas) no les duele  llevar a los tribunales a quienes no paguen esa multa. Antes de enfrentarse al juez, la persona multada probablemente reciba un par de cartas recordándole que tiene cuentas pendientes con la empresa en cuestión por viajar sin tique. Pero, para las personas sin recursos, esos avisos no sirven de nada. Son este tipo de personas las que suelen acabar en la cárcel.

“A los condenados con cárcel por eso les suele pasar que no tienen dinero, y además tienen otros problemas que hacen imposible que puedan pagar”, apunta Manuel, el sindicalista de GG/BO. Alude mayormente a personas en una situación marginal. Los expertos que han estudiado el colectivo de afectados hablan de casos de alcoholismo, drogadicción, de personas sin hogar, entre otras cosas.

Hace unos meses, el diario berlinés Die Tageszeitung daba cuenta, en un artículo titulado “Quien es demasiado pobre acaba en la cárcel”, de la historia de una mujer condenada a 80 días de prisión por viajar sin tique en el metro de la capital germana. No sirvió de atenuante para esta mujer que sufriera esquizofrenia. “La esquizofrenia no es una disculpa”, dijo la jueza el día de la condena. 

La culpabilidad de la viajera se fundamenta en que su comportamiento está recogido en el Código Penal. Concretamente en el artículo 265a, según el cual “cualquiera que use (…), los medios de transporte sin intención de pagar deberá ser castigado con una pena de cárcel o con una multa”.

No son pocos los que terminan conociendo la cárcel por sus problemas con las empresas de transporte público. La Asociación Alemana de Empresas de Transporte (VDV, por sus siglas alemanas) ha reconocido con datos del año pasado que unas 7.000 personas han sido condenadas a penas de prisión después de haber viajado sin tique. La cifra es, para muchos, excesiva.

"Así pasa luego, que tenemos las prisiones alemanas con superpoblación e insuficiente número de funcionarios de prisiones. De este modo la reinserción no es posible. En este contexto, ir a la cárcel siempre es peor", se queja Manuel.

Por su parte, la Asociación Alemana de Jueces ha manifestado que sería conveniente una reforma del artículo 265a del Código Penal. Los jueces consideran problemático el artículo porque si bien alguien está "en fraude" cuando entra en el transporte público cuando hay controles, cuando alguien entra en el transporte público y no hay controles, no se puede estar defraudando del mismo modo que cuando hay revisores haciendo su trabajo, según explican a este periódico desde la asociación.

Estos jueces, en vista de que el transporte público en ciudades como Berlín, donde no hay barreras que pasar para acceder a los andenes del metro o de los trenes de cercanías como tampoco las hay en los autobuses, dan a entender que el número de casos en los que se puede aplicar el 265a debería ser menor.

Costes millonarios para administración y empresas

Al año, se estima que los costes judiciales por los casos relacionados con el transporte público ascienden a unos 15 millones de euros. Al día, un preso cuesta en una cárcel de Berlín unos 150 euros, según cuentas recientes del semanario Der Spiegel. Hasta 200 millones de euros al año se ha dicho que cuestan estos casos de presos por no pagar tiques de transporte público. 

Las empresas de transporte público también lamentan pérdidas millonarias causadas por los viajeros que no pagan. Según las cuentas de la VDV, estas compañías pierden entre 250 y 300 millones de euros al año.

La situación de los presos del transporte público ha generado cierto interés político, aunque no el suficiente para que la situación cambie. El partido izquierdista de Die Linke y los ecologistas de Los Verdes llegaron a presentar el año pasado sendas propuestas en el Parlamento para que viajar sin tique dejara de ser delito. Ninguna de las propuestas prosperó, algo que lamenta Manuel, el sindicalista del GG/BO. 

"Está bien que haya partidos con una visión favorable a los presidiarios, como Los Verdes o Die Linke. Pero yo desearía que cada político del Bundestag y de los parlamentos regionales conociera a un preso. Así sabrían lo que pasa en las cárceles. Así podrían tener una visión de los problemas de la cárcel", dice Manuel. "Pero desafortunadamente en este tema siempre se consideran los aspectos de seguridad por encima del resto, especialmente en tiempos de campaña electoral", añade, aludiendo a las próximas elecciones europeas. 

En Berlín, las calles muestran desde hace unos días la cartelería política de la campaña para esos comicios. Al parecer no es momento de preguntarse qué hacer en Alemania con el artículo 265a el Código Penal. Por eso sigue el flujo de alemanes que toman el transporte público camino de la cárcel.