Guerra al aborto en EEUU: de la 'ley del latido' a la pena de muerte para las 'madres homicidas'

La promesa electoral que hizo Donald Trump de restringir el derecho al aborto en Estados Unidos (EEUU) podría estar cerca de cumplirse si continúan las acciones del partido republicano y que están provocando enormes trabas en cada vez más estados del país.

El resurgir del debate ha dividido en dos a la sociedad estadounidense y la presión gubernamental contra las clínicas que practican la interrupción voluntaria del embarazo es cada vez mayor. Un ejemplo es la retirada de financiación pública a las clínicas de planificación familiar que practican abortos. 

Ya son más de una decena de estados los que han propuesto o aprobado leyes antiaborto en lo que va de año. Desde rebajar el número máximo de semanas en las que se puede abortar, hasta plantearse la pena de muerte para las mujeres que se sometan a este procedimiento. 

Caso 'Roe v. Wade'

La regulación del aborto en EEUU viene a raíz del caso "Roe v. Wade" celebrado en 1973 por una demanda de una mujer de Texas que quería interrumpir su embarazo, fruto de una violación. El caso llegó al Tribunal Supremo que sentenció que no tener derecho al aborto es "inconstitucional". Tras el dictamen, se obligó a modificar todas las leyes contrarias a la nueva decisión que proscribían o restringían el aborto. De esta manera, el aborto se despenalizó en los 50 estados del país.

Según esta sentencia, una mujer puede abortar libremente en el primer trimestre del embarazo. En el segundo trimestre también es libre pero los estados pueden regular algunos aspectos del procedimiento teniendo en cuenta, únicamente, la salud de la madre y no del feto. Por último, el tercer trimestre puede ser regulado libremente e incluso prohibirse, excepto cuando sea necesario para salvaguardar la vida o la salud de la madre. 

Desde que se publicó el fallo los sectores conservadores estadounidenses han llevado a cabo varios intentos para eliminar la ley, y casi lo consiguen en 1989. Ahora, Trump ha puesto en marcha la maquinaria republicana para cumplir con su compromiso de revocar la sentencia Roe v. Wade. También forma parte de una estrategia electoral ante su más que probable candidatura a la reelección en 2020. Pero el trabajo sucio se lo están haciendo los estados republicanos con leyes restrictivas que pretenden presionar al Tribunal Supremo.

En caso de que llegue hasta al alto tribunal, la derogación de este derecho sería muy probable ya que actualmente es de mayoría republicana tras los nombramientos de Trump: Nail Gorsuch (febrero de 2017) y Brett Kavanaugh (julio de 2018). Si esto llegase a ocurrir, se supone que la autoridad para decidir la legalidad o ilegalidad del aborto recaería en cada estado, tal y como dijo Trump en 2016, pero su propósito final sí que es eliminarlo por completo. 

Alabama: condena total

El estado más polémico ha sido Alabama, que ha aprobado la ley más restrictiva de todo el país que prohíbe el aborto en cualquier etapa de la gestación incluso en casos de violación o incesto. Solamente se permite cuando la salud de la madre esté en grave peligro. 

Los médicos que la incumplan podrían ser condenados a penas de entre 10 y 99 años de cárcel. El texto, ratificado el pasado 15 de mayo por la gobernadora del estado, Kay Ivey, compara el aborto con genocidios y el holocausto: "En Estados Unidos más de 50 millones de bebés han sido abortados desde la sentencia de Roe, tres veces más que el número de asesinados en los campos de exterminio alemanes. Las purgas chinas, los 'gulags' de Stalin, los campos de exterminio de Camboya y el genocidio de Ruanda unidos". 

Leyes "del latido"

Los cambios legislativos más repetidos en el país, y que ya están en vigor en estados como Ohio, son las conocidas como "leyes del latido", que disminuyen considerablemente el número de semanas en las que se puede abortar. Según esta ley, se puede interrumpir el embarazo hasta que se pueden escuchar los latidos del feto, es decir, aproximadamente hasta la sexta semana de gestación.

Los demócratas son contrarios a ella porque afirman que de tan pocas semanas muchas mujeres no saben que están embarazadas. Por su parte, los conservadores defienden que "el latido es la gran muestra de que hay vida".

El último estado en aprobar una normativa de este estilo ha sido Luisiana, que tampoco ofrece excepciones en caso de violación o incesto. Esta decisión, si bien no es la más radical del país, ha causado un gran debate entre los demócratas, ya que ha sido apoyada por más de una docena de miembros de este partido. El más destacado es, John B. Edwards, que ha expresado en diferentes ocasiones su deseo de trabajar en el gabinete de Trump.

Leyes similares

Dakota del Norte, Kentucky y Carolina del Norte dan un plazo superior al de las seis semanas para abortar, pero también lo están reduciendo. Misisipi también ha aprobado una ley similar reduciendo el número de semanas para abortar de 15 a 8, las mismas hasta las que está permitido en Misuri.

Este último está también en el ojo mediático ya que podría quedarse sin su única clínica que practica el aborto porque el Gobierno se niega a renovar su licencia, que expira este fin de semana. En Georgia, la aprobación de esta normativa, que entraría en vigor el 1 de enero de 2020, ha provocado que grandes productoras como Disney y Netflix amenacen con no rodar en ese estado. 

Texas: ¿pena de muerte?

En la actualidad, Texas está permitido interrumpir el embarazo hasta la semana número 20, excepto cuando el embarazo no es viable, o el feto tiene anomalías graves e irreversibles. Estas excepciones se eliminarían con el proyecto de ley que los conservadores quieren aprobar, por lo que en cualquier caso se debería continuar la gestación. 

Consideran que la interrupción del embarazo por anomalías en el feto es "discriminatoria", así, prohibirían "los abortos discriminatorios por cuestiones de sexo, raza o discapacidad -siempre después de las 20 semanas-".

Dentro de los planteamientos lanzados por los republicanos, el más radical fue, sin ninguna duda, uno sugerido por el influyente Comité de Libertad de la Cámara de Texas. Este grupo ultraconservador elaboró un proyecto de ley extremo como respuesta a la ampliación del derecho al aborto en Nueva York.

La idea, anunciada por Matt Shaheen, miembro republicano de la Cámara de Representantes de Texas, era condenar a las mujeres que abortasen a penas de cárcel e incluso penas de muerte por un delito de homicidio. 

Tony Tinderholt, del partido republicano, fue el encargado de defender el proyecto ante el resto de miembros de la Cámara tejana, que finalmente fue rechazado. En 2017 le dijo al diario The Observer, que una ley antiaborto de este estilo obligaría a las mujeres a ser "más responsables con el sexo". 

Asimismo, durante su intervención para presentar el esbozo de ley declaró: "Creo que es importante recordar que si un conductor ebrio mata a una mujer embarazada, se le acusará dos veces. Por lo tanto, no estoy criminalizando específicamente a las mujeres. Lo que estoy haciendo es igualar la ley".