Este 17 de junio se cumple un año del desembarco del Aquarius al puerto de Valencia con 629 personas a bordo. Su llegada a España presentó el claro posicionamiento del recién instaurado gobierno de Pedro Sánchez, que se ofreció para recibir a los inmigrantes rescatados en mitad del mar Mediterráneo, tras la negativa de Malta e Italia.
El caso del Aquarius traspasó fronteras y obligó a los gobiernos europeos a tomar una decisión sobre sus políticas migratorias: tomar el camino de la extrema derecha italiana y cerrar los puertos, o seguir el ejemplo español ante las cientos de personas que eran encontradas todos los días por los barcos de salvamento de las ONGs.
Solo tres días después de la llegada del Aquarius la Unión Europea convocó una cumbre sobre migración en la que se acabó con las cuotas obligatorias de reparto. Después de 14 horas de negociaciones, se determinó que cada país, "de forma voluntaria", podría crear centros controlados dentro de las fronteras europeas donde se quedarían los inmigrantes hasta determinar si son refugiados o inmigrantes económicos.
Según este acuerdo, los inmigrantes económicos pueden ser devueltos a sus países de origen, mientras que los refugiados serían "reubicados" por los Estados dispuestos a acogerlos. Así, en vez de llegar a una política unitaria y equitativa, daba libertad a cada país, por lo que países con políticas como la italiana tenían luz verde para no abrir sus puertas a ningún inmigrante.
Cambio en España
La acogida del Aquarius fue muy bien recibida por parte de gran parte de la población, un 56,7% según el sondeo de Sociométrica para EL ESPAÑOL, sin embargo, rápidamente comenzaron las alarmas por lo que algunos partidos políticos denominaban "el efecto llamada".
Aunque Sánchez siempre negó este hecho, según datos del Ministerio de Interior, durante el 2018 vinieron 55.621 personas por vía marítima, un 161,6% más que en 2017. Igualmente, en lo que llevamos de año, han llegado 8.056 inmigrantes en un total de 286 embarcaciones, un 6,6% menos que el año pasado por estas mismas fechas.
El Gobierno socialista continuó demostrando su implicación con la inmigración por ejemplo, con la acogida en agosto del barco Open Arms, que llevaba a 87 inmigrantes a bordo. No obstante, a esos inmigrantes no les concedió ningún "estatus especial" como hizo con los del Aquarius, a los que dio un permiso de entrada extraordinaria de 45 días por motivos humanitarios.
Además, Open Arms y otras organizaciones de salvamento como Salvamento Marítimo Humanitario y ProemAid, ha alertado en varias ocasiones el bloqueo que de sus barcos en puertos españoles al denegarles la salida por "incumplir la normativa internacional de salvamento", según explicó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Desde la organización del Open Arms denunciaron la muerte de 250 personas en el mar por haber estado sin poder trabajar durante 100 días.
Asimismo, tan solo una semana después del caso del Aquarius (a finales de junio), hubo otros dos barcos esperando en alta mar con más de 300 personas a bordo durante varios días y el Gobierno se negó a acogerlos si no era como parte "de una respuesta común europea". Esos barcos atracaron finalmente en puertos de Malta e Italia, aunque en el caso de los malteses, los inmigrantes serían enviados a otros países europeos.
Política europea
En Europa, Italia ha continuado con su política de cierre de puertos aunque en algunas ocasiones su ministro de Interior, Matteo Salvini, ha sido obligado a permitir la llegada de embarcaciones. Malta, que también es uno de los principales receptores de "inmigración marítima", ha mantenido una política estricta, pero más aperturista que la italiana y en ocasiones concretas sí permite su llegada.
El resto de países de la UE tampoco se muestran muy dispuestos a seguir acogiendo inmigrantes. Suecia era el ejemplo a seguir de Europa durante la llegada masiva de refugiados por la guerra de Siria, ya que fue el único que cumplió con el cupo asignado de acogida. Sin embargo, junto con Finlandia comenzaron a expulsar a miles de solicitantes de asilo.
La canciller Angela Merkel llegó el año pasado a un acuerdo con Sánchez por el cual Alemania podía "devolver" a inmigrantes que hubiesen llegado a su país a través de España. Otro ejemplo es Dinamarca, cuyo gobierno planteó habilitar un centro de inmigrantes en una isla deshabitada.
Por su parte, Francia ha mostrado actitudes diferentes según la situación. Durante el caso del Aquarius, Macron se ofreció a acoger a los inmigrantes del barco que lo deseasen. Sin embargo, una semana más tarde, tras la cumbre europea, afirmó que no crearían los centros para migrantes optativos porque "Francia no es un país en primera línea en las llegadas. Teniendo en cuenta su situación, no abrirá centros de ese tipo”. Además, según un estudio del portal de noticias francés Atlantico, publicado en agosto de 2018, un 54% de los franceses no querían que su país acogiese a inmigrantes.
Muertes en el mar
Desde el 12 de junio de 2018, día que Italia cerró los puertos para impedir la llegada del Aquarius hasta ahora, 1.151 personas -que se sepa, ya que hay embarcaciones hundidas de las que se desconocen el número de pasajeros- han muerto en el Mediterráneo "cuando se podría haber evitado". Además, según SOS Mediterranée, otras 10.000 han sido devueltas a Libia donde "están expuestas a sufrimientos adicionales e innecesarios".
Esta organización humanitaria también denuncia los bloqueos que se producen en alta mar que han llegado a ser de más de cuatro meses y que han provocado que "2.443 hombres, mujeres y niños vulnerables permanecieron en el mar mientras que los líderes europeos decidían su futuro".
En su informe concluyen que estas actitudes "socavan el principio fundamental de brindar asistencia a las personas en peligro" y critican la criminalización que se está haciendo contra las ONGs de rescate. Sin duda este verano, momento en el que siempre se experimenta un repunte de las llegadas por mar, se volverá a poner a prueba a Europa y su política migratoria.