Los sudaneses siguen pidiendo democracia: no se conforman con el pacto entre militares y oposición

Sudán ha dado el primer paso para una nueva etapa en su gobierno con el acuerdo para la transición firmado por la oposición y los militares el pasado miércoles. Tras el derrocamiento de Omar al Bashir en abril de este año se han sucedido protestas en las calles, muchas veces dejando víctimas mortales, para evitar que el ejército tome todo el poder. 

Con la firma de este pacto, la junta militar y la oposición prometen tres años y tres meses de transición pacífica en el país que contará con la presencia de mediadores de la Unión Africana (UA) y Etiopía. El pacto es "un gran acuerdo que representa un paso determinante y abre una nueva era" al tiempo que "allana el terreno para el siguiente paso, que es estudiar una Constitución", declaró el mediador de la UA, Mohamed Hassan Labat, después de hacer el anuncio.

A pesar de la importancia del mismo y la aparente disposición de los militares de dejar el poder a "corto plazo" -al Bashir ha estado casi 30 años- la población continúa en la calle y exige justicia para todos los que han perdido la vida durante las protestas, muchos de ellos por la represión del ejército después de haber derrocado al presidente.

Llevan más de medio año con manifestaciones continuas, pero los sudaneses no se conforman; esperan resultados reales y no el regreso a otro régimen totalitario.

"La revuelta del pan" 

En diciembre de 2018 estalló en el país "la revuelta del pan" y marcó el inicio de un proceso que muchos han considerado similar a la "primavera árabe" que se dio entre los años 2010 y 2012 en países como Túnez, Argelia, Libia, Egipto o Siria. Un intento de romper con la dictadura y llegar a un sistema democrático.

Las protestas comenzaron tras varios meses de gestación en los que miles de sudaneses debían esperar largas colas para conseguir los alimentos básicos y combustibles (como el gas de uso doméstico) que además se habían encarecido. Esas primeras jornadas de manifestaciones pacíficas por la carestía y la escasez se convirtieron rápidamente en movilizaciones contra el régimen, lo que dio lugar a las primeras muertes -al menos 40 en un mes-.

La situación era cada vez más insostenible para el presidente, Omar al Bashir, por lo que el 21 de febrero publicó una serie de decretos como respuesta, entre los que prohibía cualquier tipo de manifestación que no tuviese una autorización previa.  Asimismo, declaró el estado de emergencia durante un año y disolvió el Gobierno central y las administraciones estatales.

Durante un discurso a la ciudadanía, el mandatario aseguró que las demandas "eran legítimas" y no las rechazaba. También dio sus condolencias a las familias de los manifestantes fallecidos y explicó que la formación de un nuevo gobierno se realizaría en el marco del diálogo. "Se prepara el escenario político de cara a la armonía y la unidad, y todas las medidas necesarias para realizar el sueño de nuestro pueblo, el renacimiento y la reconstrucción", afirmó.

Sin embargo, Al Umma, partido de la oposición, le acusó de intentar ganar tiempo con el estado de emergencia antes de las elecciones generales previstas para 2020. Por lo que anunciaron que continuarían con su "lucha pacífica" y aseguraron que la calle solo aceptaría "la marcha del régimen". 

Caída de al Bashir

Sus previsiones se cumplieron. Las protestas continuaron semana tras semana en todo el país y las muertes por la represión gubernamental también aumentaron, llegando a ser más de 50 a principios de abril, según la ONG Human Rights Watch. Hasta que el 11 de abril al Bashir, de 75 años y que llegó al poder con un golpe de Estado, fue derrocado y arrestado por el ejército. "Anuncio, en calidad del ministro de Defensa, la caída del régimen y la detención en un lugar seguro de su jefe", explicó el vicepresidente del país, Awad Mohamed.

El vicepresidente también aseguró que habría elecciones generales tras un periodo de transición de dos años que sería liderado por una junta militar, lo que no tranquilizó a la población, que siguió con las protestas para exigir que los militares cediesen inmediatamente el poder a un gobierno civil.

Además, tanto los manifestantes como la Unión Europea apoyan al Tribunal Penal Internacional que reclama que al Bashir sea entregado y juzgado por crímenes contra la humanidad y genocidio, por su papel en el genocidio de Darfur en 2003 en el que murieron unas 300.000 personas.

Llegada del acuerdo

A pesar de que nada más tomar el poder la junta militar liberó a los presos políticos que llevaban meses encarcelados, la represión por las constantes protestas fue casi más fuerte que la de al Bashir, lo que se tradujo en más de 100 muertos a principios de junio, según el Comité Central de Médicos de Sudán. 

No obstante, su política parece haber dado un vuelco con la firma del acuerdo con la oposición en el que aseguran que un Consejo Soberano que formarán cinco civiles, cinco militares y una persona aceptada por ambas partes, asumirá el poder durante la transición. Asimismo, aunque no han dado muchos detalles, la oposición tiene claro que no aceptará, entre otras cosas, que los miembros de dicho Consejo tengan impunidad absoluta o que las autoridades judiciales sean nombradas por él. 

En vista de la poca concreción del pacto, los partidos opositores -las Fuerzas de la Libertad y el Cambio- convocaron al día siguiente de la firma a los manifestantes para pedir justicia por los fallecidos en las protestas y para mostrar que no permitirán que el acuerdo lleve simplemente a que "uniformados y civiles se repartan el poder los próximos tres años".

Por su parte, esperan una reunión con los militares -que también estará mediada pero ha sido retrasada varias veces- para alcanzar un consenso sobre una declaración constitucional para continuar el camino hacia el cambio de sistema que exige la población sudanesa.