Del Libro Rojo de Mao a la 'app' china que espía a más de 100 millones de personas

Dentro de un par de años, en China habrá dos cámaras de vigilancia por habitante. No solo es una proporción asombrosa, el número total lo es también: se trata de 2.800 millones de dispositivos funcionando constantemente y enviando información a las agencias de seguridad del Gobierno.

En sus casas, los ciudadanos tampoco pueden escapar al constante espionaje de sus propios teléfonos móviles: una aplicación instalada en más de cien millones de “smartphones” chinos tiene acceso a los micrófonos, registros de llamadas, geo-localizadores y por supuesto las propias cámaras, además de adoctrinarles sobre la vida, obra y milagros del Presidente Xi Jinping y su Gobierno.

Esta aplicación convierte a los móviles en una especie de “caja negra” de la vida de cada ciudadano, registrando desde los datos más triviales hasta la información más personal y privada. Su nombre, 'Estudia (sobre) la Gran Nación', resulta irónico, teniendo en cuenta que es el usuario quien se convierte en objeto de estudio por parte de su país. 

Puntos de recompensa

Ver un vídeo de Xi Jinping en su visita a Francia da un punto. Responder sin fallos a un test sobre la política económica del Gobierno da 10. Y obtener la mayor puntuación del país, como es el caso del exmilitar que pasa varias horas al día usando la aplicación con su mujer y su hijo, te convierte en un ciudadano ejemplar que aparece en la prensa y la televisión.

'Estudia (sobre) la Gran Nación', según han descubierto los expertos, contiene las herramientas necesarias para espiar los archivos, comunicaciones y movimientos de sus usuarios. El Gobierno chino obliga a sus funcionarios, militares, miembros del Partido Comunista y aspirantes a buenos ciudadanos a que se la instalen y pidan a sus amigos y familiares que hagan lo mismo.

Cámaras de la marca Hikvision. Kandukuru Nagarjun

Algunas empresas incluso exigen a sus empleados que traten de alcanzar buenas puntuaciones para usarlos como ejemplo y congraciarse con el régimen. La app en cuestión, disponible desde enero, ofrece información sobre la vida y pensamientos de Xi Jinping, un servicio de traducción y noticias internacionales censuradas. Algo recuerda al Libro Rojo de Mao.

Para obtener puntos, el usuario debe pasar cierto tiempo con la aplicación abierta y dedicarle su atención: hay exámenes tipo test, se puntúan los comentarios favorables al Gobierno e incluso hay clasificaciones que destacan a los “mejores estudiosos de la Gran Nación”. El salario de algunos funcionarios está condicionado por su puntuación en la “app” y desde principios de octubre, los periodistas que quieran obtener un pase de prensa deberán pasar un “examen” sobre el Presidente Xi a través de esta aplicación y mantenerla instalada.

Para intentar zafarse de este espía de bolsillo sin desinstalar la 'app', ha surgido un mercado negro de programadores que, por unos 10 euros, venden “parches” que limitan la capacidad de intrusión de la app. Varios de estos “hackers” han sido detenidos y encarcelados.

Al mismo tiempo hay directores de hospitales que la recomiendan como terapia de relax, fábricas cuyos obreros han inventado bailes inspirados en la app e incluso consejos para usar 'Estudia la Gran Nación' como herramienta social para detectar a un potencial buen marido o esposa.

Uso generalizado

La generalización del uso de esta herramienta de espionaje, combinada con otras medidas de vigilancia puestas en marcha por Pekín en los últimos años, puede llegar a crear un estado de seguimiento permanente de los ciudadanos con alcances insospechados.

Un ejemplo es la ciudad de Lhasa, la capital del Tíbet de 650.000 habitantes, donde miles de cámaras con software de reconocimiento facial controlan las calles. Se la considera como "la ciudad más segura del país", y desde hace nueve años no se registra un solo crimen en la Plaza del Palacio de Potala, centro neurálgico y turístico de la capital tibetana. La policía segura ser capaz de saber el paradero en tiempo real del 99% de los vecinos.

Las recientes protestas en Hong Kong han sido una prueba de efectividad para los sistemas de vigilancia estatales. Contra el uso de máscaras y capuchas de plástico transparente que deforman los rasgos faciales, las autoridades chinas se han visto obligadas a perfeccionar sus programas de reconocimiento e identificación y hace unos días, Apple se vio forzada a retirar la app que usaban los manifestantes para coordinarse. En China está prohibido el uso de Facebook, Google y WhatsApp para promover el empleo de software similar pero desarrollado -y controlado- por China. Como el propio Presidente chino ha dicho: “no hay seguridad nacional sin seguridad en Internet”.

La aplicación es tomada por algunos como una oportunidad de mostrar su patriotismo y para otros es una forma bastante burda de promover el culto a la personalidad de Xi Jinping y facilitar el lavado de cerebro de los chinos. Las empresas que quieren conseguir contratos con el Estados remiten informes con los datos que a su vez los empleados le envían a diario, mostrando su “progreso” y puntuaciones en la app, y aquellos que obtienen menos puntos deben escribir informes explicando por qué no lo han hecho mejor. La versión oficial dice que el uso de la aplicación es voluntario y su carácter democrático, ya que un estudiante puede sacar mejor puntuación que su profesor si se esfuerza los suficiente.

La app Estudia la Gran Nación.

En unos meses se comenzará a implementar el “sistema de crédito social” en China, un plan a escala nacional para conceder o denegar a los ciudadanos “derechos” como viajar en avión, hacer viajes internacionales, obtener un trabajo de funcionario o comprar un piso de protección oficial.

El complejísimo sistema tendrá en cuenta casi todas las acciones de una persona que puedan afectar al resto: pintar grafitis, no ceder el asiento en el transporte público, destruir mobiliario urbano, causar accidentes y por supuesto participar en actividades contra el Gobierno. La contrapartida a este “prestigio social”, como eufemísticamente se le denomina, es ver su nombre expuesto en paneles de “vergüenza pública”, ver cómo se les deniega a sus hijos el ingreso a las mejores escuelas, poder obtener créditos bancarios e incluso que sus papeleos oficiales tengan prioridad… o no.

Sector privado

El coste y alcance de este “nuevo orden social” es tan descomunal que el Gobierno está considerando dejar en manos privadas parte de la gestión del mismo.

En el centro de esta compleja red que se está tejiendo alrededor de un futuro casi distópico están las grandes compañías especializadas en vigilancia. No se trata de los conocidos gigantes del software que cotizan en bolsa, sino de nombres menos conocidos, pero de una importancia creciente, como Hikvision. Esta empresa opera en más de cien países, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Brasil o el Reino Unido.

En este último, Hikvision mantiene operativas a 1,3 millones de cámaras de vigilancia en centros de trabajo y organismos privados. El temor a que la empresa entregue información al Gobierno chino provocó una nota de protesta de cinco parlamentarios británicos en el mes de mayo. Por su parte, el gobierno norteamericano ha puesto a Hikvision, junto a otras empresas chinas como Megvii Technology y SenseTime en una lista negra que les impide comprar o usar componentes electrónicos fabricados en Estados Unidos, por considerarlas cómplices de Pekín en tareas de espionaje.

Huang Fanghong, un ejecutivo de Hikvision, no se mostró muy alarmado al respecto: “ahora mismo, la mayoría de los componentes norteamericanos pueden ser reemplazados por otros o sustituidos por nuevos diseños disponibles en el mercado. Y si es necesario, fabricaremos nuestros propios chips”.