La oferta académica de la Universidad de Farmington, en el estado de Michigan, era casi perfecta. Un programa de estudios acreditado y autorizado federalmente para otorgar títulos oficiales, precios muy reducidos en comparación a los del resto del país, y una gran flexibilidad a la hora de acudir a clase. Sólo tenía una pega: era una trampa creada por la administración norteamericana para atraer a estudiantes inmigrantes en situación irregular, detenerlos y deportarlos.
Funcionó de 2017 a 2019. En este tiempo se promocionó como una institución académica estadounidense más. Disponía de un sitio web, una dirección física con oficinas y administradores y los permisos necesarios para impartir grados como universidad privada. En este periodo, atrajo la atención de cientos de alumnos foráneos que pensaron que sería una manera de mantener su estatus legal de estudiantes a menor precio. De ellos, unos 250 fueron arrestados por saltarse las leyes de inmigración. El 80% ya han sido expulsados.
El mecanismo era sencillo. Los trabajadores del centro, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) encubiertos, les explicaban a los interesados que la universidad los registraría como alumnos, lo que les daría acceso a visados para permanecer en EEUU, pero que no sería necesario que atendieran a clase. De hecho, se les indicaba que no había cupo en las aulas, por lo que les dejaban claro que se iba a tratar de una estafa. Cuando los estudiantes aceptaban, quedaba probado el delito. Varias grabaciones dieron fe de estas conversaciones y de la aquiescencia de muchos de estos jóvenes.
Vigilancia extrema
Las universidades son una de las puertas de acceso al mercado laboral más vigiladas en EEUU. Los alumnos extranjeros que se inscriben en un programa de capacitación curricular (CPT) pueden trabajar en el país con un visado F-1. De ahí la vigilancia extrema de la administración norteamericana, aunque nunca se había llegado a organizar una operación de este tipo.
Pese a las dudas que despertó esta forma de actuar, a principio de 2019 se dio por zanjado el operativo y todo quedó en una más que discutible emboscada para luchar contra el fraude universitario. Pero esta treta de ICE ha vuelto a salir a la luz esta semana al trascender nuevas grabaciones que muestran cómo algunos de los jóvenes detenidos, en su mayoría de nacionalidad india, pensaban que iban a poder acudir a clase de verdad.
La prensa local de Michigan ha reproducido varios de los audios y de los registros judiciales. En uno de ellos, de febrero de 2018, un estudiante de nacionalidad india llama a una universidad para preguntar cuándo comenzarían las clases.
-"Universidad de Farmington, oficina de admisiones", responde una agente encubierta.
-"¿Hay alguna posibilidad de saber cuál será mi horario de clases?", pregunta el estudiante.
-"Estamos completos. No tenemos clases normales a las que puedas asistir. Sólo te estamos ayudando a mantener tu estado (migratorio), permitiéndote inscribirte aquí, pero no tendrás que cursar clases online ni ir a ninguna clase. ¿Eres consciente de esto?".
-"En realidad no lo sabía. No sé qué hacer ahora", responde el estudiante confundido.
La grabación, revisada por el Detroit Free Press y parcialmente transcrita en registros judiciales, ha puesto negro sobre blanco cómo actuó ICE para atrapar a estos jóvenes, y ha arrojado dudas sobre la legalidad de una operación preparada durante años por el Departamento de Seguridad Nacional.
Fraude incitado por el estado
Los estudiantes que se interesaron por la Universidad de Farmington, más de 600, habían entrado legalmente a los Estados Unidos, pero al cometer este fraude al que les incitó la propia administración, perdieron su permisos migratorios.
Los abogados de varios de ellos sostienen que los estudiantes fueron engañados por agentes encubiertos y que no tuvieron culpa alguna. El caso ha generado las protestas de la embajada india y ha despertado el interés de varios senadores demócratas. Entre ellos está la candidata a la primarias de este partido, Elizabeth Warren, que ha criticado duramente a la administración Trump por el engaño, y concretamente al Departamento de Educación por acreditar a esta falsa universidad.
El caso es aún más grave, ya que los correos electrónicos obtenidos por los medios locales muestran cómo la universidad, que costaba alrededor de 12.000 dólares de matrícula al año, cobró estas cantidades a los alumnos.
“Estados Unidos atrapó a las personas vulnerables que sólo querían mantener su estatus (de inmigración legal)”, denuncia Rahul Reddy, un abogado de Texas que representa a varios estudiantes y que pone el foco en el engaño económico. “(Las autoridades) ganaron mucho dinero”, añade, en referencia a los cientos de miles de dólares que estos inmigrantes pagaron por las matrículas y otras tasas. De momento no hay demandas por el cobro de estas cantidades.
A esto se añade que ahora los alumnos deportados, que salieron mayoritariamente de forma voluntaria, no pueden volver a entrar en el país, según señala Reddy.
Por su parte, ICE y el Departamento de Justicia aseveran que los estudiantes sabían que estaban estafando al sistema, ya que el campus carecía de aulas o profesores. “Su verdadera intención no podría ser más clara”, escribió el fiscal federal adjunto, Brandon Helms, en un escrito judicial. “Mientras estaban inscritos en la universidad, ninguno de los estudiantes extranjeros pasó ni un segundo en las clases. Si realmente se trataba de obtener una educación, Farmington no habría podido atraer a nadie, porque no tenía servicios educativos”, añade.
Pero Farmington no sólo se ‘cazó’ a estudiantes. La universidad fichó a reclutadores que también fueron detenidos por participar en el fraude. Es el caso de Phanideep Karnati, que de diciembre de 2017 a marzo de 2018 reclutó a 39 alumnos. Vivía legalmente en el país y tenía este empleo como segundo trabajo.
Conspiración
Karnati, a la espera de sentencia, se declaró culpable en septiembre de conspiración para cometer fraude migratorio, aunque alegó que creía que la universidad tenía clases online, y que a posteriori descubrió que esto no era suficiente para que un estudiante mantuviera su estatus.
Cabe subrayar que la ley estadounidense establece que los visados universitarios precisan de la asistencia física a un número determinado de clases en el país.
Karnati no sólo se enfrenta a la deportación, sino a una posible condena de prisión. Su abogado, intenta evitar la cárcel y que sea enviado a India junto con su esposa y sus dos hijos, que dependen de él.
Este escándalo ha puesto ahora la lupa de ICE en todo el programa de visados para estudiantes extranjeros, del que se benefician miles de jóvenes de todo el mundo. En sus escritos, la Fiscalía advirtió de que “los programas de inmigración y visados han sido temas candentes en los Estados Unidos durante años”. “De manera justa o injusta”, concluye, este caso “ensombrece el programa de visados para estudiantes extranjeros en general, y plantea dudas sobre si este potencial abuso amenaza con superar a los beneficios que aporta”.