En estas líneas tenemos años alertando sobre lo que significa que el régimen de Venezuela sea, oficialmente, una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos (EEUU). Y estas no son cosas de Trump exclusivamente. "Estamos comprometidos por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, al proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de EEUU de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”, señaló la administración Obama el 09 de marzo de 2015 tras la firma de un decreto presidencial que declaró una “emergencia nacional” por esta “amenaza inusual y extraordinaria”. Estaba en curso la investigación que, cinco años después y con otro inquilino en la Casa Blanca, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro y buena parte de su camarilla.

Las consecuencias de estas acciones las estamos viendo hoy. Este 01 de abril, Trump, junto al Alto Mando Militar y el Fiscal General, informó a los estadounidenses que la crème de la crème de la flota de su país se desplegará en el mar Caribe en la mayor operación anti-narcóticos de la historia del hemisferio occidental. Cuentan con el apoyo de 22 países.

Un día antes, el 31 de marzo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, presentó una propuesta para la transición a la democracia en Venezuela que ya cuenta con importantes apoyos internacionales. Cinco días antes, este 26 de marzo, el fiscal general, William Barr, junto a los fiscales de Nueva York y Miami, acusó formalmente a Maduro y a varios altos integrantes de su régimen de liderar una poderosa red de narcotráfico ligada al terrorismo y a la legitimación de capitales. Ese mismo día el Departamento de Estado le puso precio a la cabeza de los principales acusados.

Los acontecimientos se precipitan rápidamente. De hecho, otros dos acontecimientos marcaron la semana horrible del régimen madurista. Rusia ya no parece tan protector. Este 28 de marzo, apenas dos días después de que Barr acusara formalmente a Maduro y sus secuaces, la petrolera Rosneft anunció que abandonaba Venezuela y entregaba todos sus activos en el país sudamericano, los cuales fueron a parar a manos de una subsidiaria cuya único accionista es el Estado ruso. Rosneft también tiene participación de la británica BP y del fondo de inversiones estatal de Qatar.

Acusó formalmente a Maduro y a integrantes de su régimen de liderar una red de narcotráfico ligada al terrorismo y a la legitimación de capitales

Este 30 de marzo, Trump y Putin sostuvieron una llamada telefónica. Oficialmente, los temas de conversación fueron la coordinación de estrategias para frenar la pandemia de COVID-19 y el convulso mercado petrolero. PDVSA, la petrolera en manos del madurismo, está vendiendo cada barril de petróleo con menos de dos dólares de ganancia. El contenido de la llamada entre los dos mandatarios fue revelado escuetamente por la Casa Blanca. El Kremlin ni siquiera informó. Sin embargo, este 01 de abril llegó a Estados Unidos un avión ruso cargado de insumos para luchar contra la enfermedad causada por el coronavirus. ¿Asperezas limadas?

Entonces, ¿qué significa que Estados Unidos considere una amenaza para su seguridad nacional las operaciones del régimen de Venezuela? Lo hemos repetido en los últimos años, en estas mismas líneas, como si de un mantra se tratara. Las autoridades estadounidenses han insistido en que los nexos de Maduro y su pandilla no son sólo con el narcotráfico sino con el terrorismo.

Bajo esta tesis, Venezuela, por su posición geográfica y por quienes controlan su territorio, se ha convertido en una perfecta pista de despegue de la droga. En alianza con las FARC, cuyas células guerrilleras todavía activas siguen de lleno en el negocio de siempre, se constituyó en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un poderoso cartel de la droga. Es el Cartel de Los Soles, llamado así por las condecoraciones típicas en las charreteras de los militares venezolanos.

Es posible todavía una transición pacífica si se toma el camino del Consejo de Estado

Esta droga va a parar no solo en Estados Unidos y en el resto de América, sino también en Europa, abriendo rutas que son aprovechadas por otras actividades como el terrorismo. El dinero de estas operaciones ilegales es legitimado en el sistema financiero internacional, la mayoría en dólares estadounidenses. A esto se refería el decreto firmado por Obama en 2015 y es por esto que en la acusación de la Fiscalía General estadounidense se incluye también a operadores financieros.

Al final, como hemos advertido en varias oportunidades, la salida es militar: o desde el Pentágono o desde Fuerte Tiuna. Es posible todavía una transición pacífica si se toma el camino del Consejo de Estado. Es la zanahoria. Pero también es posible la transición forzada si no se toma el camino del Consejo de Estado. Es el fuete.

Mucho nos hemos acordado en estos días del fin del régimen de Manuel Noriega en Panamá, pero también cabe recordar el desenlace de Raoul Cedrás en Haití. Corría 1994 y Estados Unidos decidió forzar la mano porque el general Cedrás no quería reconocer la presidencia de Jean-Bertrand Aristide. Clinton movilizó a las tropas. Mientras iban en camino, una comisión diplomática tuvo una dura negociación con el dictador, que terminó cogiendo sus maletas rumbo a Panamá.

Noriega o Cedrás.

*** Francisco Poleo es un analista especializado en Iberoamérica y Estados Unidos.