Desde 1950, 330.000 menores fueron víctimas de abuso en centros religiosos franceses. De estas, 216.000 fueron abusadas directamente por curas o religiosos y las demás, por personas laicas vinculadas a instituciones religiosas.

Esta es la principla conclusión del informe de la Comisión creada por la Conferencia Episcopal gala para analizar esa situación, que se presenta este martes. 

Sus conclusiones muestran que la iglesia es el tercer lugar donde más abusos sexuales sobre menores se producen en Francia, por detrás de la familia o los círculos de amigos.

Según el informe, entre 2.900 y 3.200 sacerdotes, diáconos y religiosos identificados cometieron agresiones sexuales a menores o adultos vulnerables entre 1950 y 2020, que advierte además que esta cifra es el mínimo demostrado. El número representa entre el 2,5%  y el 2,8% de los 115.000 sacerdotes y religiosos que han ejercido durante los setenta añosanalizados. La comisión señala, sin embargo, que un ratio cercano al 3% constituye una "estimación mínima" de la realidad.

Sobre el tipo de abusos cometido, la violación representa el 32% de los ataques en la Iglesia, frente al 38% del resto de la población.

El presidente de la comisión, Jean-Marc Sauvé, señaló que ha habido una "profunda, total, e, incluso, cruel indiferencia hacia las víctimas" hasta principios de la década de 2000. "Hubo un conjunto de negligencias, fallas, silencios, que presentaban un carácter sistémico. La Iglesia no ha podido ver, escuchar o captar señales, a pesar de que el 4% de los abusos han llamado su atención", destaca Sauvé.

“Debemos reconocer la responsabilidad de la Iglesia en lo que ha sucedido desde el principio, y al menos para las personas que viven hoy en nuestro país. Hubo irregularidades civiles y penales por parte de los perpetradores de la violencia, a veces también por parte de funcionarios de la Iglesia que no los denunciaron. Pero sobre todo hubo un conjunto de negligencias, fallas, silencios, que presentaban un carácter sistémico. La Iglesia no ha podido ver, escuchar o captar señales débiles, a pesar de que el 4% de los ataques han llamado su atención".

El informe cierra con las recomendaciones de la comisión para el futuro, que se centran en cuatro puntos. El primero pide una reforma de la ley de la Iglesia, que introduzca las reglas de un juicio justo en los procesos penales eclesiásticos, que deberán estar abiertos a las víctimas.

En segundo lugar, también es necesario reformar la gestión de la Iglesia, que "dificulta" el tratamiento de los abusos. "Los laicos deben estar presentes en los órganos de toma de decisiones y deben establecerse controles internos, con planes de reducción de riesgos y entrevistas anuales sistemáticas, que dejen pruebas escritas", dice.

En tercer lugar, pide adaptar la formación y, por fin, "nos parece fundamental mirar todo lo que pueda haber alimentado o justificado el abuso sexual, y en particular una hiperbolización del poder del sacerdote, la identificación del sacerdote con Cristo".

El informe concluye con un llamamiento a la Iglesia para que se apoye en el informe para modificar conductas y establecer mecanismos de control, con el fin de restaurar su lugar en la sociedad. "La Iglesia puede y debe hacer todo lo que sea necesario para restaurar lo que se ha dañado y reconstruir lo que se ha roto", advierte.