Récord de presos políticos en Cuba: 525 prisioneros en los últimos doce meses

Desde octubre de 2020, el número de prisioneros políticos en Cuba ha llegado hasta los 525, un récord histórico, según denuncia la organizacion no gubernamental Prisoners Defenders. En doce meses el régimen cubano ha encarcelado a 387 personas "arbitrariamente", detalla un informe de la ONG. 

Aunque los números ya son elevados, Prisoners Defenders matiza que podrían ser aún mayores debido a que es "imposible abarcar todos los casos" dada la dificultad de adquirir datos oficiales por la censura del Gobierno cubano. 

Cuba vivió en julio varias semanas de tensión cuando parte del pueblo cubano se lanzó a las calles a pedir el fin de la dictadura. Esas manifestaciones, según el informe, parecen haber sido el punto de inflexión en los encarcelamientos ejecutados. De los 525 presos políticos detenidos en los últimos doce meses, 442 siguen en prisión actualmente y 288 están relacionados con las manifestaciones de este pasado verano. 

Entre cánticos de "Abajo la dictadura y "Patria y vida", las manifestaciones se prolongaron durante varios días. La falta de alimentos, la censura en redes sociales y la falta de vacunas contra la Covid-19 fueron algunas de las principales razones que colmaron el vaso de hartazgo de miles de ciudadanos. 

La crisis económica que vive Cuba se ha acentuado seriamente con la pandemia, que ha golpeado al sector turístico de manera significativa. Hasta mayo de 2021, la Covid-19 había reducido en un 94% la llegada de turistas al país caribeño en comparación con el mismo periodo de 2020. 

Prisoners Defenders denuncia que entre 5.000 y 8.000 personas fueron detenidas "arbitrariamente con una violencia policial sin medida" durante las manifestaciones de julio. La mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad posteriormente, aunque después de pagar multas "muy elevadas" equivalentes a salarios mensuales en Cuba, afirma la organización defensora de presos. Los detenidos, además de los opositores, son mayoritariamente civiles típicamente no activos políticamente.

A la cantidad de presos políticos detenidos se le suman las acusaciones de un equipo de cinco relatores de las Naciones Unidas. "Las fuerzas de mantenimiento del orden público, así como personas vestidas de civil, comenzaron a utilizar fuerza excesiva, entre ellas para meter a personas en vehículos policiales", exponen los relatores en la carta acusotaria al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y su Gobierno. 

Acceda aquí a la carta acusatoria contra el régimen cubano de los cinco relatores de la ONU 

De los detenidos en las protestas, "decenas" fueron juzgados y condenados en procedimientos judiciales en los que se han reportado irregularidades como la falta de acceso a abogados y a los medios necesarios para preparar una defensa, denuncian los relatores de la ONU. 

También denuncian censura con la vulneración de derechos digitales debido a un "apagón digital" que impidió a la población recibir información sobre los acontecimientos en el país. Se realizaron cortes en la conexión internet, había inestabilidad en llamadas telefónicas y las redes sociales y plataformas de mensajería fueron interrumpidas durante varios días. 

Los cincos relatores concluyen en la carta que estas alegaciones contravendrían numerosas normas internacionales de derechos humanos, destacando el deber del Estado a respetar y proteger el derecho a no ser detenido arbitrariamente y el derecho a un juicio justo, entre otros.

La mayoría de los detenidos en las protestas de julio que aún están en prisión están esperando sentencia. Algunos, sin embargo, han recibido condenas de entre ocho meses y dos años por delitos como "desórdenes públicos", "desacato", "atentado" e "instigación a delinquir", según la lista de encarcelados que publicó Prisoners Defenders.  

Sánchez y Borrell, señalados

El informe de Prisoners Defenders señala explícitamente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, por su "falta de contundencia" hacia la represión en Cuba. 

"Borrell ha tenido desafortunadísimas intervenciones echándole la culpa de todo a Donald Trump, que hace tiempo que no está en la política estadounidense, y es bien conocido que Estados Unidos es el primer proveedor de alimentos en Cuba", reza el informe de la ONG.

Las críticas a Sánchez también se han visto esta semana en Estados Unidos. Varios senadores demócratas, incluyendo al presidente del Comité de Exteriores, Bob Menéndez, criticaron este miércoles al Ejecutivo de Sánchez por no compartir la estrategia de Washington contra Cuba.

"Parecería que los españoles se preocupan más por sus hoteles e inversiones (en Cuba) que por la democracia y los derechos humanos", afirmó Menéndez. "España puede hacer mucho más", agregó. 

Cuando estalló la oleada de manifestaciones en julio, el presidente del Gobierno español no tachó a Cuba de dictadura, pero sí aseguró durante una entrevista en Telecinco que "es evidente que Cuba no es una democracia". 

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que defendía el derecho a manifestarse libremente. "España defiende el derecho fundamental a manifestarse libre y pacíficamente de todos los ciudadanos y pide a las autoridades cubanas que lo respeten", sostenía Exteriores.