Una manifestante muestra una pancarta donde Putin aparece caracterizado como Hitler este martes en Varsovia. Reuters
Joe Biden estudia suavizar su veto a la Corte Penal Internacional para poder juzgar a Vladímir Putin
Estados Unidos no forma parte de los 130 países que fundaron la corte internacional y no reconoce su jurisdicción para que no pueda juzgar los actos de sus tropas.
14 abril, 2022 03:18Noticias relacionadas
Aún no han pasado dos años desde que Donald Trump sancionara a diversos miembros de la Corte Penal Internacional y Joe Biden ya se está replanteando cambiar dicha postura. Las atrocidades cometidas por el ejército ruso en Bucha, en Borodyanka, en Kramatorsk, en Bukova, en Schevchenkove y en tantos otros sitios le obliga. Los crímenes de guerra de los que hablaba su administración ya no abarcan todos los pecados de Vladímir Putin y el presidente estadounidense ya le ha calificado de "genocida". El problema es dónde juzgarle llegado el momento.
Trump decidió estas sanciones en tanto la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) autorizó en marzo de 2020 a su fiscal general, la gambiana Fatou Bensouda, a investigar los crímenes cometidos por el ejército estadounidense, la CIA y el ejército afgano formado por los norteamericanos desde 2003 en la guerra de Afganistán.
"No nos alegra castigarles, pero no podemos permitir a las autoridades de la CPI que vengan a EEUU de compras, de viaje o a disfrutar de las libertades estadounidenses mientras esas mismas personas busca perseguir a los defensores de esas libertades", aseguró el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.
Ahora, en 2022, esa posición está en discusión en el seno de la administración Biden, pues son muchos los que consideran que la CPI, un organismo creado hace dos décadas por un tratado global como espacio para enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, es el organismo adecuado para esa misión. Sin embargo, este procedimiento se enfrenta a varios problemas, tanto nacionales estadounidenses como internacionales.
Dificultades y alternativas
Tanto en 1999 como en 2002, el Congreso de los Estados Unidos promulgó dos leyes en previsión de que la CPI tratase de juzgar algún crimen por parte de las tropas de su país. Ambas leyes limitaban la capacidad de su propio gobierno para prestar ayuda a la corte internacional. Además, tanto demócratas como republicanos, con independencia de quién ocupe la Casa Blanca, se han mostrado reacios durante años a cualquier jurisdicción del CPI sobre ciudadanos de países que no forman parte del tratado fundacional del tribunal. Y ese es el caso de Estados Unidos, y también de Rusia.
El segundo gran problema son las alternativas a la Corte Penal Internacional.
La opción más realista sería acudir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en el pasado ya estableció tribunales internacionales especiales para resolver conflictos como los sucedidos en Ruanda o en la antigua Yugoslavia. El problema aquí sería la propia Rusia, pues Vladímir Putin tendrían derecho de veto sobre cualquier decisión del Consejo de Seguridad, lo que hace totalmente inviable esta vía.
Otra posibilidad sería acudir a la Justicia de algún país con jurisdicción sobre crímenes en suelo ucraniano. Por ejemplo, Alemania, cuyas leyes comprenden una jurisdicción universal sobre crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad. Es más, la fiscalía germana ya señaló en marzo que había comenzado a recopilar evidencias y dos ministros del gabinete de Olaf Scholz ya han presentado sendas denuncias solicitando la acusación de su fiscalía contra diversos funcionarios rusos. En este caso, el problema sería sentar a Putin frente a un tribunal de otro país mientras siga siendo presidente de Rusia o, simplemente, residiendo en su país.
Todo lo anterior conduce a una única solución posible: la Corte Penal Internacional.
La discusión interna
Según informa The New York Times, la discusión en el seno del gobierno de Joe Biden orbitaría en torno a un memorando realizado en 2010 por la Asesoría Legal del Departamento de Justicia estadounidense en el que se analiza tanto el alcance como los límites de una posible cooperación estadounidense con la CPI. La administración americana se ha partido así en dos, dividiendo a quienes quieren llevar ante la Justicia a Putin y los suyos a cualquier coste y, por otro lado, a quienes siguen desconfiando de abrir esa puerta. Es decir, básicamente, el Pentágono y la CIA.
Por el momento, según informa el diario neoyorquino, la discusión no ha ido más allá de la recopilación de información y por eso se han producido informaciones confusas al respecto: "Tenemos que consultar con nuestros aliados y socios sobre qué tiene más sentido como mecanismo para avanzar. Obviamente, en la CPI se han juzgado crímenes de guerra en el pasado, pero también ha habido otros ejemplos en otros conflictos de otros mecanismos", explicó Jake Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional de Biden, navegando entre dos aguas.
La Corte Penal Internacional
En La Haya se juzgan cuatro tipos de casos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión.
La calificación de genocidio engloba a los actos perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Como crimen de lesa humanidad se consideran los ataques generalizados o sistemáticos contra poblaciones civiles. Asesinatos, exterminios, esclavitud, deportaciones, torturas, violaciones, desaparición forzosa de personas o el apartheid son los ejemplos más significados.
Los crímenes de guerra engloban los actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades, incluidos los soldados que hayan depuesto las armas, los heridos y los detenidos.
El crimen de agresión está aún en proceso de normativizarse, pero con él se considera que serían casos a juzgar la invasión, ocupación o ataque de las fuerzas armadas de un país a otro, incluidas acciones como los bombardeos, bloqueo de puertos y costas y hasta el envío de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios.
Cuatro presidentes
La Corte Penal Internacional no es un tribunal rápido -su última sentencia se refiere al comandante de brigada Dominic Ongwen, quien autorizó el asesinato de un gran número de civiles, matrimonios forzados, esclavitud sexual de mujeres y reclutamiento de niños soldados entre la población civil desplazada a causa de una insurgencia armada declarada al norte de Uganda en la década de los años 80-. Sin embargo, sí es un tribunal válido para juzgar a Vladímir Putin como demuestran los juicios precedentes en La Haya.
La CPI actuó con el dictador libio Moamar el Gadafi y su hijo Saif el Islam, contra los que se decretó una orden de busca y captura al ser acusados de crímenes contra la Humanidad. La misma acción se desarrolló contra el presidente sudanés Omar al Bashir, acusado de genocidio en Darfur, donde perdieron la vida unas 300.000 personas desde el año 2003 y casi tres millones fueron expulsados de sus hogares. La orden de detención data del 2009 y Sudán prometió entregarlo en 2021, algo que aún no ha sucedido. El expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, logró la absolución tras ser acusado de crímenes de guerra.
Nicolás Maduro es el último presidente bajo la lupa del tribunal de La Haya. Su Fiscalía estudia desde finales del año pasado la posible existencia de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas durante sus mandatos.
