Pocas horas después de que un brasileño residente en Argentina pusiera una pistola del calibre 3.80 en la cara de la vicepresidenta del gobierno Cristina Fernández de Kirchner, Alejandro Fernández decretó el día como "feriado" en toda la nación. Un día festivo para animar las protestas en la calle contra el intento de magnicidio y para demostrar una vez más por las calles de Buenos Aires el masivo apoyo popular que profesan a la mujer del difunto Nestor Kirchner justo antes del trascendental juicio por corrupción en el que el fiscal, sucesor del suicidado Nisman, pide una pena de hasta 12 años de cárcel.

Los comercios cerraron de inmediato y los trabajadores de grandes compañías fueron comunicados para que se desconectasen de sus tareas hasta el próximo lunes. La orden del presidente peronista se acató de inmediato y se espera que tanto los sindicatos como las fuerzas vivas del kirchnerismo, empezando por la Kampora, se echen a la calle esta misma noche en un ejercicio de presión popular contra el fiscal Diego Luciani y el proceso jurídico que comienza la semana que viene y en el que CFK está acusada de perpretar “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”.

La fiscalía pide 12 años de cárcel para la expresidenta de Argentina y actual número 2 de Alejandro Fernández además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos por el caso conocido como 'causa Vialidad', en el que tanto CFK como otros 12 imputados se encuentran acusados de corrupción por desviar fondos públicos para enriquecerse. De cumplirse los tiempos habituales de la justicia argentina, la sentencia se conocería a finales de 2022.

Pero la decisión de declarar este viernes como "feriado" viene motivada por el intento de magnicidio que la vicepresidenta sufrió prácticamente a las puertas de su casa mientras saludaba a sus seguidores. En un momento, mientras estrechaba algunas manos y ante la mirada incapaz de uno de sus guardaespaldas, una mano armada con una pistola del calibre 3.80 apareció entre las cabezas de la gente e intentó apretar el gatillo. CFK se tapó la cabeza con las manos y para su fortuna el arma se encasquilló. El tirador no tuvo tiempo de recargar y fue reducido a medias entre los seguidores de Kirchner y las fuerzas de seguridad.

Fuentes del gobierno argentino informaron de que "el Presidente convocó para esta tarde a las 16hs en la Casa Rosada (21.00 horas en España) a representantes de los sectores sindicales, sociales, empresariales, de derechos humanos y diferentes credos para construir un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia”. A continuación tendrá lugar una marcha contra la violencia para la que el propio Alejandro Fernández ha confirmado su presencia.

El agresor ha sido identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, un brasileño que vive en Argentina desde 1993, con domicilio actual en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires, según adelantaron fuentes gubernamentales al diario La Nación.

El agresor tendría antecedentes penales y, según cuenta Clarín, fue encausado el 17 de marzo de 2021 por portar un arma no convencional: un cuchillo de grandes dimensiones que alegó llevaba para su defensa personal.

El suceso se produjo cuando agentes policiales le requisaron un coche que les pareció sospechoso porque tenía casi caída la matrícula trasera. Entonces, el hombre les explicó que había tenido un choque con otro vehículo, pero, al abrir la puerta para entregar la documentación, se le cayó un cuchillo de 35 centímetros de largo que justificó utilizar para defenderse.

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La dirigente ha salvado su vida porque la pistola, de calibre 32 y cargada con cinco balas, ha fallado pero el pánico ha vuelto a un país donde la violencia contra dirigentes políticos aún resuena en las esquinas. 

Dirigentes de la principal coalición de oposición política en Argentina repudiaron el ataque a la vicepresidenta del país. "Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner (sic) que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta", dijo el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

Macri, miembro de Propuesta Republicana (Pro), una de las fuerzas del frente opositor Juntos por el Cambio, señaló en la red social Twitter que "este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la Justicia y las fuerzas de seguridad".

Argentina vive en tensión desde que el pasado 22 de agosto un fiscal solicitó para la vicepresidenta la pena de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua de la política por un caso de presunta corrupción y, desde ese momento, grupos a favor y en contra de la exmandataria se manifestaron en las calles de Buenos Aires.

Fernández está siendo juzgada desde mayo de 2019 por un presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos. El caso trata de supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz empresas de Lázaro Báez, durante los mandatos del marido de la vicepresidenta, el ya fallecido Nestor Kirchner, y de la propia Cristina, que fue la mandataria del país entre 2007 y 2015. 

"Es la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", aseguró el fiscal Diego Luciani en el alegato del juicio.